Isabel Díaz Ayuso ha llegado este jueves a la Asamblea de Madrid con ganas de contraatacar, tras semanas siendo acorralada por la izquierda por el contrato público de compra de mascarillas vinculado a su hermano. La presidenta madrileña ha anunciado que llevará ante la Fiscalía 12 contratos de siete empresas "relacionadas" con el Gobierno de Pedro Sánchez para que se investigue la compra de mascarillas.
"Vamos a empezar a investigar lo que han hecho ustedes", ha retado la dirigente popular al portavoz del PSOE en la Cámara regional, Juan Lobato, a quien ha preguntado: "¿Quieren investigar corrupción o quieren desgastarme a mí? ¿La señora [Dolores] Delgado quiere investigar a todos los familiares o sólo a los míos?".
Díaz Ayuso hacía referencia, por ejemplo, a las mascarillas no homologadas que en marzo de 2020 (durante la primera ola de la pandemia) el exministro de Sanidad, Salvador Illa, adquirió a un intermediario chino. El caso se encuentra ahora mismo en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), pese al intento de la Fiscalía por cerrar el caso. Pero, según ha podido saber EL ESPAÑOL, estos doce contratos involucran también a la ministra de Economía, Nadia Calviño, y suman 326 millones de euros.
El portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, ha continuado, en este sentido, aseverando que "queremos saber por qué hubo sobrecostes de hasta el 600%": "Queremos saber si la Fiscalía va a ser tan diligente con los padres de Pedro Sánchez, y con si se usaron empresas pantalla para asegurarles 800.000 euros".
"Queremos saber si la justicia es igual para todos, o si la Fiscalía solo va a perseguir a políticos que molestan al Gobierno y al PSOE. Porque si es así, esto es menos una democracia y se parece más a lo que hace Putin con sus adversarios", ha finalizado Serrano.
El Partido Popular acude este mediodía a la Fiscalía para presentar el escrito de denuncia por una posible existencia de delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación. Un total de doce contratos por valor de 326 millones, así como 14 ayudas en forma de avales por un valor superior a los 800.000 euros.
Vuelta de Ayuso
La presidenta madrileña ha vuelto con fuerza a la Asamblea de Vallecas, tras tres semanas de ausencia. Lo ha hecho, además, en la jornada en la que se cumple un año desde que decidiera el adelanto electoral del 4M, cuando el fantasma de la moción de censura de Ciudadanos y la izquierda se cernía sobre Puerta del Sol.
Isabel Díaz Ayuso llega a la Asamblea de Madrid junto al diputado del Partido Popular José Enrique Núñez Guijarro.
En su retorno, la dinámica en la Cámara regional ha sido la que viene siendo habitual en esta legislatura: la de una dura confrontación entre Isabel Díaz Ayuso y la bancada de la izquierda. Y es que la presidenta madrileña ha acusado a Unidas Podemos de defender un "feminismo de pijos", así como de no condenar el bombardeo al Hospital de Mariúpol, lleno de niños, quizá "porque las víctimas no eran de su cuerda ideológica".
La portavoz podemita, Carolina Alonso, ha comenzado la pugna dialéctica cuando ha espetado a Díaz Ayuso que "la única forma de que usted pague por lo hecho, es desalojarla en 2023, venir, abrir los cajones y ver todos sus chanchullos", en referencia a las próximas elecciones autonómicas que se celebran en mayo de 2023.
La respuesta de la dirigente popular ha sido contundente, a la par que irónica: "Es la primera vez que veo a un dirigente de Podemos respetar la democracia. Que sean los ciudadanos quienes impartan justicia y no ustedes con sus medias verdades".
Pero Isabel Díaz Ayuso, pletórica en su vuelta a la Asamblea de Madrid, también ha tenido para Juan Lobato ("el gran fiscal que se ha perdido España") y para Mónica García, a la que ha reprochado que ha dado "mil veces más" explicaciones sobre el contrato de su hermano "que cuando usted cobró de más en esta Cámara", recordando un episodio de la pasada legislatura cuando la portavoz de Más Madrid tuvo que devolver un dinero indebidamente cobrado.
La presidenta madrileña ha abandonado el pleno a la media hora. Dicen que la mejor defensa es un buen ataque, y eso ha procurado hacer este jueves, cuando ha respondido al runrún sobre el contrato de su hermano anunciando una contundente fiscalización a doce contratos otorgados por el Gobierno de Sánchez.