El Gobierno de España, a través de los servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha comunicado a la embajada de Rusia que los 27 diplomáticos y miembros de su personal expulsados esta mañana tienen siete días para abandonar el territorio nacional.
Así lo ha podido confirmar este periódico en fuentes oficiales en la tarde de este mismo martes. A mediodía, era el propio ministro, José Manuel Albares, el que comunicaba públicamente la decisión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Una decisión tomada tras la revelación de las macabras imágenes de la matanza en Bucha, junto a Kiev, este fin de semana, y tras la destrucción de la ciudad de Mariúpol.
Albares seguía así los pasos de otros países de la Unión Europea, que ya habían decretado esta decisión, como parte de las presiones unitarias de los Veintisiete contra el régimen de Vladímir Putin, como Italia, Alemania y Francia. Según el ministro español, estos empleados y diplomáticos de la Federación Rusa, "representan una amenaza para los intereses de seguridad de España".
Respondía así el Gobierno de España también a la reclamación expresa del número dos de la embajada de Ucrania en España, Dmitri Matyushenko, que advertía al Gobierno que "no es la hora de pensar, sino de actuar", y que debía expulsar cuanto antes a los diplomáticos rusos de España.
El número dos de la embajada de Ucrania en España, Dmitri Matyushenko. EP
Ucrania también ha pedido inhabilitar a los cónsules honorarios rusos en España así como la incautación de los bienes de oligarcas rusos en nuestro país. Sin embargo, Albares explicaba que el Ejecutivo ha querido ser casi quirúrgico en las represalias. "No expulsaremos al embajador, entre otras cosas, porque queremos mantener al nuestro en Rusia".
Y es que la tradición diplomática indica que un país responda con una expulsión equivalente. "Lo que no será equivalente, en ningún caso, y quiero dejarlo claro", abundó el titular de Exteriores, "serán los motivos por los que ellos hagan lo que nosotros".
Espionaje, sabotaje y desinformación
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y el ministro de Exteriores comparecían en Moncloa, junto a la portavoz, Isabel Rodríguez. Ambos parecen los dos miembros del Gobierno más implicados en la crisis por la guerra en Ucrania.
La primera, por las negociaciones en el seno de la Unión Europea para imponerle un quinto paquete de sanciones al régimen de Vladímir Putin. Y el segundo, por el intercambio de información con los socios y aliados para mantener la unidad de acción. Y eso habla de los ciberataques sufridos por empresas y Administraciones españolas y europeas en las últimas fechas, aunque Albares se negó a hablar de espionajes o sabotajes.
También podría referirse a las actividades de desinformación que está ejerciendo la embajada rusa en España, a través de sus canales en las redes sociales. Para el Gobierno, más allá de que los comentarios negacionistas sobre los hechos de Bucha y Mariúpol no sean directamente peligrosos, sí que alimentan a grupos extremistas que se movilizan en contra de los intereses de nuestro país en la guerra. Y en esto "estamos unidos los aliados de la OTAN y los socios de la UE", aclaró Albares.
"No voy a especular sobre los motivos por los que los consideramos peligrosos para la seguridad de España", aclaró Albares. "Pero sí que quiero decir que los indudables crímenes de guerra a los que estamos asistiendo merecen una respuesta inmediata y otra en forma de Justicia internacional". Para el Gobierno español, son "terribles las acciones, la escalada de crímenes de guerra es insoportable".
Acabar con las 'visas de oro'
Calviño y Albares hubieron de responder al horror internacional causado por la masacre de civiles en Bucha, la ciudad dormitorio cercana a Kiev que fue abandonada por las tropas rusas con un reguero de cadáveres, torturas y violaciones a sus espaldas. El titular de Exteriores, asimismo, anunció que iniciará "una ronda de contactos con los grupos parlamentarios" de inmediato "paras informarles de estas medidas".
"Esperamos sanciones más duras, sobre todo contra los oligarcas no vale la pena sólo incautar los bienes y dejarlos sin servicio, deben hacer que estos activos trabajar para fines humanitarios, que ayuden a los ucranianos desplazados", afirmaba este martes Matyushenko.
En el Foro Justicia organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Matyushenko ha destacado la importancia de actuar contra las "visas de oro" que conceden la residencia en España a los grandes inversores y de "incautar lo más rápido posible las casas y yates de oligarcas rusos para que no sean escondidos en otros lugares".
Y señaló que, "en tiempos de guerra, es importantísimo aumentar el apoyo militar a quienes defienden los valores comunes".
Así, consideraba que España debía seguir el ejemplo de otros países europeos y expulsar a los diplomáticos rusos, como así ha hecho finalmente. Y apuntaba a que también hay varios cónsules honorarios de Rusia en España, cuando, "en estos momentos, no hay nada honorable en representar a Rusia".
En el plano internacional, el ministro consejero señaló la importancia no solo de presionar a Rusia con sanciones, sino también "hacer todo lo posible para aislarla de la economía internacional", porque seguir haciendo negocios supone la capacidad de seguir recaudando fondos para continuar sus ataques.
Por eso, ha pedido a los abogados "no poner las ganancias por delante de la Justicia, que sean coherentes y rompan sus lazos con las empresas rusas" y que colaboren para plantear y defender los casos presentados ante la Corte Penal Internacional y para asesorar a los refugiados que llegan.
80.000 ucranianos
Matyushenko ha subrayado que a España ya han llegado más de 80.000 ucranianos, el 40 por ciento de los cuales, 32.000, son niños, mucho de ellos llegan acompañados por sus madres, pero otros muchos lo hacen con familiares cercanos o incluso solos.
Los más vulnerables y los que más preocupan son los niños huérfanos o no acompañados, que pueden acabar siendo víctimas de trata. Para ello, ha pedido que se establezca una línea de ayuda desde el primer día de su llegada, para que puedan denunciar “abusos, violencias o situaciones extrañas”.
El diplomático ha subrayado que todos los huérfanos que salen del país “siguen un procedimiento muy riguroso de traslado a España y con un control muy grande” y que son los que necesitan una mayor rapidez en la acogida, que será siempre temporal porque “los niños huérfanos o desacompañados tienen que volver Ucrania cuando esto termine”, ha subrayado.
También ha destacado la importancia de que las madres que llegan solas con sus hijos puedan encontrar refugio donde pasar las primeras noches sin tener que esperar, a veces semanas, para acceder a servicios de apoyo y residencia segura.