Almeida sobre la estafa de las mascarillas: "¿Tengo que dimitir por ser víctima de un delito?"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado este jueves que la Fiscalía "ha exonerado de cualquier responsabilidad" a los cargos públicos del Ayuntamiento, en la investigación contra los dos empresarios que se embolsaron 6 millones de euros en comisiones en los contratos de material sanitario durante la pandemia.

"¿De verdad tengo que dimitir por ser víctima de un delito?", se ha preguntado Martínez-Almeida en voz alta, respecto a las críticas de la oposición que ha recibido durante los últimos días, "la Fiscalía dice que no tenemos ninguna responsabilidad", ha recalcado.

Al respecto, el alcalde de Madrid ha explicado que "la Fiscalía ha estado investigando durante 17 meses. Ha habido una instrucción de más de 3.000 folios, con muy diversas pruebas, en la que la Fiscalía ha exonerado de cualquier responsabilidad al Ayuntamiento de Madrid o a cualquier persona que trabaje en el Ayuntamiento".

El alcalde ha considerado por ello injustas las críticas que la oposición está vertiendo contra el equipo de gobierno municipal. "La oposición que tenemos en el Ayuntamiento, tanto el sanchismo como el podemismo", ha añadido, "ha decidido en un solo día que aquí el culpable no es el que estafa, sino el estafado, es una opinión bastante particular".

Que dimita Mónica Oltra

En un encuentro con periodistas, Martínez-Almeida ha explicado que tuvo conocimiento de este escándalo en diciembre de 2020, cuando la Fiscalía Anticorrupción se dirigió al Ayuntamiento para requerir diversos documentos sobre los contratos de mascarillas, test Covid y guantes.

Unos meses más tarde, en febrero de 2021, Anticorrupción citó a declarar como testigo a la persona encargada de contratación de la empresa municipal de Servicios Funerarios. Esta misma empleada se encargó de informar a todos los consejeros de la empresa municipal, por lo que, ha argumentado Martínez-Almeida, los grupos de la oposición tuvieron conocimiento directo de la investigación abierta por la Fiscalía.

El Ayuntamiento no se personó entonces como parte perjudicada, ha recordado el alcalde de Madrid, porque "la instrucción 4/2013 de la Fiscalía General del Estado indica que en las diligencias previas que instruye la Fiscalía uno no se puede personarse". El Ayuntamiento sí lo ha hecho ahora en las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid.

El regidor popular ha rechazado que deba dimitir por lo ocurrido, como le exigen los grupos de la oposición: "Vamos a cumplir con nuestra obligación", ha dicho dirigiéndose a los periodistas, "pero no me pregunte a mí si tengo que dimitir,. Pregúntele a Mónica Oltra si por encubrir abusos sexuales de su marido va a dimitir. Pregúntele a Sánchez si porque los máximos responsables de compras [del Ministerio de Sanidad] estén imputados va a dimitir".

"Alcalde a la fuga"

El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, han pedido este jueves a José Luis Martínez-Almeida que deje de ser "un alcalde a la fuga" y "dé la cara" por "la utilización de dinero público para enriquecer a amigos, a familiares y a la misma panda de siempre", en operaciones de compra de material sanitario realizadas en marzo de 2020.

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid investiga a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por presuntos delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales por tres contratos de emergencia con el Ayuntamiento de la capital para la compra de mascarillas, test rápidos y guantes por valor de 12 millones de euros.

Según la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, el material suministrado costó al Ayuntamiento 11,9 millones de dólares, de los cuales Alberto Luceño se embolsó como comisión 5,1 millones de dólares (4,6 millones de euros) y Luis Medina, un millón de dólares (unos 893.000 euros).

La querella indica que intermediarios "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios (para guantes, test contra la Covid y mascarillas), "con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Además, una parte del material que entregaron al Consistorio era defectuoso o no cumplía los estándares exigidos.