Según ha podido saber este periódico, las alarmas se terminaron de encender en Bruselas al recibir sello oficial "los desequilibrios" en las cuentas públicas españolas y confirmarse que hay riesgo de desplome económico si no se abordan ya medidas concretas.

Y más teniendo en cuenta que el Banco Central Europeo ya le ha puesto fecha al control de la inflación: en junio se acaba el programa de compra indiscriminada de deuda y en verano ya pueden empezar a subir los tipos de interés oficiales… “con un 120% de deuda pública sobre PIB y el gasto estructural disparado”, advierte un alto funcionario europeo, “España vuelve a ser un peligro”.

La Comisión Europea está particularmente preocupada por una de las reformas a la que ella misma dio el visto bueno el pasado diciembre: la de las pensiones. Según un alto funcionario de Bruselas, "es imposible que España vaya a actualizarlas con el IPC de este año y a la vez esté pidiendo más solidaridad, un megafondo o lo que sea, para sostener su Presupuesto".

La Comisión Europea es la encargada del examen diario a los Estados miembros, todos ellos receptores de los fondos de recuperación. Este dinero es finalista y sólo se libra desde Bruselas cuando un Gobierno presenta un plan de inversión concreto y ha cumplido los hitos marcados en el calendario de reformas. Que también está acordado -es decir, impuesto- por y con los funcionarios europeos.

Pero quien tiene el "freno de emergencia" en la mano es el Consejo. Concretamente, los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete Estados miembros. Que al cabo del año tendrán la ocasión de poner en duda el buen rumbo de cualquiera de sus compañeros.

Pisarse la manguera

Sólo con activar esa cláusula del mecanismo de recuperación aprobado en la larguísima cumbre de julio de 2020, se congela la entrega de fondos al Estado denunciado. Y como aventuraba el alemán Manfred Weber, líder del PPE, en una entrevista en este periódico, "si uno demuestra que está haciendo bien las cosas, invirtiendo el dinero de manera adecuada y aprobando las reformas correctas, todo es posible; en caso contrario, olvídese".

La posición del popular Weber, muy crítico con el canciller socialista Olaf Scholz, sí coincide en lo esencial con la del jefe de Gobierno en Berlín, hecha llegar de manera diplomática... pero para que se entienda.

Y es que en realidad, nadie se cree que Alemania o Países Bajos -los halcones- vayan a activar la cláusula del freno de emergencia. "Pero sí jugarán con ella", explica otro eurodiputado del PP Europeo a este diario. "Ningún gobernante le pisa la manguera a otro gobernante... pero sí se señala el zapato mirándola, para que le entiendan". 

Así se lo dejó claro Scholz, el pasado enero, a la cara y públicamente, a Sánchez: "El pacto de estabilidad y el equilibrio en las cuentas públicas es lo que nos saneó y permitió aprobar aquel endeudamiento". Estaba de invitado en Moncloa, ante los periodistas y justo una reunión en la que el español le había planteado lo de que "Europa debe profundizar en la solidaridad"... Pero no, para el canciller, "las reglas fiscales son, sin duda, lo que nos volverá a permitir acertar en el futuro".

Curiosamente, el último líder europeo que ha pasado por Moncloa, el habitualmente "tacaño" holandés Mark Rutte, sí pareció abrir la mano hace un par de semanas. Los servicios de comunicación de Presidencia prefirieron, en este caso, ahorrarle el chaparrón a Sánchez y no convocaron una comparecencia conjunta ante la prensa. Sin embargo, Rutte se fue de Madrid dándole un sí a su homólogo español... aunque condicionado.

Para Ámsterdam, la guerra en Ucrania puede justificar un año más de relajación fiscal en Europa. Así que Países Bajos, sorprendentemente, se apunta al club de los que, como España y Francia, piden que 2023 tampoco haya que cumplir con el 3% máximo de déficit y el 60% de tope en la deuda pública -el Gobierno de Sánchez duplica, como mínimo, ambos datos-.

A cambio, Moncloa ha dejado de insistir en cerrar los puertos europeos a los petroleros rusos, por ejemplo. Y se ha comprometido a preparar un plan de consolidación fiscal. "Eso es urgente, y ya tienen el primer aviso", advierte una de las fuentes.

Y eso es algo que va implícito en las conclusiones del último Consejo Europeo, las que le reconocieron a Madrid y Lisboa la "excepción ibérica" para que trataran de hallar un mecanismo que baje el precio del gas, con él el de la electricidad, y así se frene la inflación que promete sangrar las cuentas públicas.

Del mismo modo, de la lectura del comunicado del Banco Central Europeo del pasado jueves, se extrae una conclusión similar: "La inflación ha aumentado significativamente y continuará siendo elevada durante los próximos meses, debido principalmente al notable encarecimiento de los costes de la energía".

Es decir, España ha estado dopada en los últimos dos años, emitiendo deuda sin límite -por la suspensión de las reglas fiscales europeas- y a buen precio -gracias a la política de “lo que haga falta” del BCE-. Pero en junio se acaba la financiación barata del manguerazo, así que más vale que España halle el modo de contener su inflación… o lo tendrán que hacer por ella las instituciones europeas.

La advertencia

"La preocupación en la Comisión es total, y no le viene nada bien a España", explica otro alto funcionario de Bruselas. "Otra vez, hay miedo a que España se desplome, porque la deuda está disparada y las únicas políticas de Sánchez son de gasto y más gasto".

En este contexto, Moncloa presume de otras cifras: las de creación de empleo -"son históricas y dejando atrás la precariedad"-, las de ocupación turística -"vamos a recuperar este año el 80% de los ingresos del sector, y prevemos el 100% ya el año que viene", afirman desde el Gobierno-, y las de recaudación -"que han permitido emitir menos deuda de la prevista y rebajar el déficit más de lo presupuestado"-. 

Sin embargo, las instituciones europeas recuerdan que el primer año de un ciclo inflacionista, las Haciendas públicas siempre tienen superávit: a precios más altos, impuestos indirectos más jugosos. "Pero si no se para la espiral, al año siguiente se detrae el consumo"... es decir, la economía se para y empieza a destruir empleo, luego empresas y, finalmente, deja de haber ingresos que sostengan los servicios públicos.