El Congreso no puede preguntar por el espionaje al CNI: lleva tres años sin Comisión de Secretos

Si los grupos parlamentarios del Congreso quieren pedir explicaciones al Gobierno y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre el espionaje masivo a políticos independentistas, no podrán hacerlo porque la Cámara Baja no ha constituido aún la Comisión de Secretos Oficiales.

Esa comisión, oficialmente denominada Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados, no se reúne desde el 3 de marzo de 2019, es decir, hace dos legislaturas ya. La razón esencial es que los dos grandes partidos no quieren que participen ni ERC, ni Bildu, ni la CUP, y como para crearla son necesarios 210 votos, el PP puede vetar su constitución. Esos vetos han provocado el bloqueo de esa comisión.

En la práctica, eso supone que los servicios secretos españoles llevan tres años justos sin control parlamentario. Por tanto, los diputados no pueden recabar datos ni del gasto de los fondos reservados, ni de operaciones secretas.

En este caso concreto, la responsable del CNI, Paz Esteban, o la ministra de Defensa, Margarita Robles, que podrían explicar si sus departamentos tienen algún contrato con la empresa suministradora del programa de espionaje de móviles Pegasus, no pueden acudir al Parlamento al no estar creada la comisión de Secretos Oficiales, que se caracteriza por que sus reuniones son a puerta cerrada, para que puedan tratarse información reservada.

Defensa e Interior se desmarcan

Tanto desde el Ministerio del Interior como desde el Ministerio de Defensa, del cual depende el CNI, niegan las acusaciones de espionaje con las que les señalan los independentistas catalanes.

El separatismo ha montado en cólera después de que una información del The New Yorker asegure que 63 miembros del entorno separatista fueron espiados a través del software de una empresa israelí. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, una de las supuestas víctimas, ha exigido al Gobierno que ofrezca explicaciones sobre estos hechos.

Este software, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, solo puede ser adquirido por gobiernos o instituciones de seguridad pública. Pegasus aprovecha vulnerabilidades importantes de los sistemas Android e iOS (Apple) para actuar.

Tal y como explica la mencionada investigación de The New Yorker que ha trabajado junto a un grupo de expertos de la universidad de Toronto Citizen Lab, el software de la empresa NSO sólo puede ser adquirido por gobiernos. De hecho, esa compra requiere una autorización del propio Ministerio de Defensa de Israel. De ahí que los dirigentes independentistas miren a la Moncloa y el CNI.

Moncloa calma al Govern

En todo caso, la polémica ha provocado que el Gobierno pida "tranquilidad a la ciudadanía" y calma a la Generalitat. Según ha podido confirmar este diario en fuentes de Presidencia, Moncloa ha contactado con el Govern para responder a todas las preguntas que se han hecho estos días los responsables de las instituciones catalanas. 

"El Gobierno no tiene nada que ver con esto, ni tiene nada que ocultar", ha repetido hasta en seis ocasiones la ministra portavoz en la rueda de prensa posterior al consejo de Ministros. Isabel Rodríguez abrió un argumentario que llevaba escrito en una carpeta, que comenzaba por esa afirmación y continuaba por el recuerdo de que "España es una democracia plena, un Estado de derecho en el que no se vulneran las libertades individuales en ningún caso y bajo ninguna circunstancia".

Eso sí, el Ejecutivo hubo de admitir que "si hay orden judicial no es vulneración" de derechos "y tampoco espionaje", en palabras de un portavoz de Presidencia. La aclaración venía al caso porque la propia Rodríguez, prudente, hizo dos salvedades expresas a sus propias aseveraciones categóricas.

La primera, que "hay datos que no se pueden revelar porque forman parte de los secretos oficiales que impone la ley de seguridad nacional". Y la segunda, que aunque la ministra Margarita Robles ha pedido una comparecencia voluntaria ante la comisión de Defensa del Congreso, "habrá determinadas informaciones que no se puedan revelar", ya que, de nuevo, son secretos de seguridad.

Las mismas fuentes oficiales de Moncloa detallaban que "si no hay comisión de secretos oficiales, no se podrán explicar las cosas que no se pueden explicar" en la de Defensa. E insistían en que el Estado "no puede revelar ni de qué software se vale para investigar a sus enemigos ni a qué amenazas se ha hecho frente con esas herramientas".

Tanto secretismo, evidentemente, han hecho necesarios esos contactos con la Generalitat. Y también las afirmaciones de Rodríguez de que "este Ejecutivo es el mismo que ha desinflamado el conflicto en Cataluña" y las revelaciones a EL ESPAÑOL de las citadas fuentes a propósito de que "esperamos que esto no afecte a la mesa de diálogo". Es más, que ésta "sigue avanzando y, si no tiene fecha, bien podría tenerla" en breve.