La Moncloa dice estar atrapada en la polémica por el presunto espionaje a los líderes independentistas catalanes. Por un lado todos sus socios parlamentarios y una parte del Gobierno de coalición (Unidas Podemos) le exigen explicaciones y las sospechas suponen un grave daño al Ejecutivo y, por otro, Moncloa asegura que la ley les impide dar cualquier tipo de información sobre “medios y procedimientos” del CNI.
Fuentes del Gobierno explican que no informarán sobre ese presunto espionaje, a pesar de que el asunto les supone un grave problema político.
Incluso, fuentes de la Moncloa aseguran que están atados de pies y manos para negar y desmentir lo que hacen los servicios secretos. Por eso, no salen del argumentario obvio de que no se hace nada ilegal, sobre todo, porque sería impensable que admitiera lo contrario.
"Es muy fácil imputarle al CNI determinadas actuaciones porque sabe que el CNI no se puede defender”, ha asegurado este miércoles en RTVE la ministra de Defensa y responsable de los servicios secretos, Margarita Robles.
A lo más que ha llegado el Gobierno es a negar que la Policía Nacional y la Guardia Civil dispongan del programa Pegasus, al que tienen acceso solo los gobiernos. Pero deja al margen del desmentido al CNI, que sí dispone de ese programa.
Fuentes del Gobierno explican que todas las actividades de los servicios secretos en España están aprobadas y avaladas por el juez correspondiente del Tribunal Supremo. Es decir, que si hubiera escuchas a líderes independentistas sería siempre con el aval de ese magistrado.
Pero es imposible saber qué actividades permite el juez, porque están declaradas secretas y sólo una decisión expresa del Gobierno puede desclasificar esa información. Y no es probable que un juez haya aprobado escuchas indiscriminadas, incluyendo a abogados.
Otra cosa es la actividad respecto al exterior. Es decir, el juez no autoriza la actividad del CNI fuera de España. Teóricamente, entre los objetivos de los servicios secretos estarían el control de las amenazas contra España y, por extensión, podría entenderse que se incluye la investigación al independentismo. Sin embargo, se daría un salto notable si se controlaran los móviles de esos líderes y sus conversaciones con sus abogados en países europeos, porque eso supondría una vulneración de sus derechos fundamentales.
Obviamente, el Gobierno no informará de esas actividades del CNI fuera de España. Asegura el Ejecutivo que tampoco hay vías para hacerlo.
Comisión de Defensa
Cabría la posibilidad de comparecencia de la responsable del CNI, Paz Esteban, en la Comisión de Gastos reservados del Congreso, pero ese órgano que fue creado en los 90 para el control de los servicios secretos lleva tres años sin crearse y, por tanto sin reunirse. Su constitución requiere los votos de 210 diputados, es decir, es necesario, un acuerdo de PSOE y PP que ha sido imposible porque los populares no quieren que estén ERC, Bildu o CUP que por número de diputados deberían estar.
La próxima semana comparecerá en la Comisión de Defensa del Congreso la ministra Robles, pero fuentes del Gobierno explican que no dirá nada, entre otras cosas, porque incurriría en delito si lo hiciera.
A ERC se le ha trasladado desde el Gobierno sólo que se producirá esa comparecencia. Ningún dato más.
Cabe la opción de que un juez decida investigar el asunto, pero también en ese caso el Gobierno puede escudarse en el secreto para no informar. Sería necesario un acuerdo del Consejo de Ministros para desclasificar. Si se negara podría llegar el caso al Tribunal Supremo como llegó hace años la negativa a desclasificar documentos sobre los GAL, pero el proceso sería aún muy largo e incierto.
A la Moncloa este caso se le ha convertido en grave problema político. Unidas Podemos, ERC, Junts, CUP, BNG, PNV, Pdecat, Más País y Compromís presentaron ayer una petición para crear una “Comisión de Investigación sobre el espionaje político e intromisión a la privacidad a través de los malware Pegasus y Candiru de líderes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados”.
Obviamente, el PSOE bloqueará esa comisión porque se trata de asuntos declarados secretos. Tendrá el apoyo del PP porque el presunto espionaje se produjo entre 2017 y 2020, es decir, con los gobiernos de Mariano Rajoy y el de Pedro Sánchez.
Los efectos del caso
El problema para el PSOE es que Unidas Podemos se ha sumado a los partidos que exigen explicaciones. “El espionaje masivo a políticos catalanes y vascos con el software Pegasus es gravísimo y es incompatible con la democracia. Los ministerios de Interior y Defensa tienen que llevar a cabo una investigación a fondo y depurar responsabilidades”, escribió ayer en Twitter el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.
Y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, uno de los supuestos espiados aseguró en RAC1 que "será muy difícil" que ERC continúe dando estabilidad parlamentaria al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El Gobierno explica que este caso ha servido de excusa al independentismo para intentar recuperar protagonismo, después de que la concesión de los indultos facilitara destensar el ambiente político con Cataluña. Especialmente, para Junts que siempre ha sido crítico con el diálogo con el Gobierno central.
Como segunda derivada, el Gobierno entiende que revitaliza a la derecha si se inflama otra vez la política catalana.
Sánchez confiaba en que uno de los principales activos de su legislatura fuera haber alejado de la agenda política la situación de Cataluña.
The New Yorker publicó que 63 miembros del entorno separatista fueron espiados a través del software de una empresa israelí. Este software, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, solo puede ser adquirido por gobiernos o instituciones de seguridad pública. Pegasus aprovecha vulnerabilidades importantes de los sistemas Android e iOS (Apple) para actuar.
Tal y como explica la mencionada investigación de The New Yorker que ha trabajado junto a un grupo de expertos de la universidad de Toronto Citizen Lab, el software de la empresa NSO sólo puede ser adquirido por gobiernos. De hecho, esa compra requiere una autorización del propio Ministerio de Defensa de Israel. De ahí que los dirigentes independentistas hayan mirado a la Moncloa y el CNI, por entender que ningún otro Estado está interesado en espiar a políticos españoles.