Yolanda Díaz pidió explicaciones por el espionaje y Moncloa se comprometió a aclararlo

La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha pedido explicaciones a Pedro Sánchez del presunto espionaje a dirigentes independentistas que el separatismo catalán atribuye al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Según las fuentes consultadas, Moncloa ha transmitido a Yolanda Díaz su determinación de aclarar el caso, que considera particularmente delicado. El Gobierno ve problemática la naturaleza del asunto, que puede afectar a información clasificada como secreta, y teme también la repercusión que pueda tener en la estabilidad institucional. 

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, visita hoy el Congreso de los Diputados para reunirse con los grupos parlamentarios que apoyan la creación de una comisión de investigación. Entre esos grupos está Unidas Podemos. Los otros son Bildu, PNV, Más País y Compromís, socios habituales del Gobierno.

La fotografía de Aragonès con el portavoz morado Pablo Echenique puede enrarecer aún más las relaciones en el seno del Ejecutivo. Todo indica que el PSOE se opondrá a poner en marcha esa comisión, por cuanto afecta a información de carácter reservado.

En las últimas horas, los líderes de Unidas Podemos han elevado el tono en este asunto, lo que contrasta con la cautela mostrada por la parte socialista. Ione Belarra, líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, ha exigido llegar "al fondo de este asunto" y ha asegurado que su formación ya ha sufrido "la persecución de las cloacas del Estado".

Echenique, por su parte, ha subrayado que el supuesto espionaje "ilegal" es "gravísimo" y ha pedido que "rueden cabezas" en caso de confirmarse la existencia de irregularidades. "Esto no es aceptable en una democracia moderna y debe disiparse todo atisbo de duda", ha añadido.

Desde Esquerra Republicana han advertido de que el apoyo parlamentario al Gobierno está en el aire y que el daño "puede ser irreparable".

Programa Pegasus

Hasta ahora, desde Moncloa se han limitado a explicar que todas las actividades de los servicios secretos en España están aprobadas y avaladas por el juez correspondiente del Tribunal Supremo. Es decir, que si hubiera escuchas a líderes independentistas sería siempre con el aval de ese magistrado.

El Gobierno está preocupado por cuanto este caso ha servido de excusa al independentismo para intentar recuperar protagonismo, después de que la concesión de los indultos facilitara destensar el ambiente político en Cataluña. Como segunda derivada, el Gobierno entiende que si se inflama otra vez la política catalana la derecha podrá sacar rédito político.

La polémica del presunto espionaje a independentistas surgió por la publicación de un informe en The New Yorker que apunta a que los teléfonos de 63 miembros del entorno separatista fueron hackeados a través del programa Pegasus, un software creado por una empresa israelí. Este software sólo puede ser adquirido por gobiernos o instituciones de seguridad pública.