Los socios de Sánchez torpedearán votaciones en el Congreso como castigo por el presunto espionaje

Explican que al malestar por los hechos se suma que hasta ahora el Gobierno no les haya dado explicaciones sobre el uso del programa Pegasus para controlar en 2020 los móviles de presidentes de la Generalitat, presidentes del Parlament, diputados y abogados.

Y no tienen ninguna duda de que tal espionaje se produjo y que, dado que se utilizó un producto que sólo pueden comprar gobiernos, sólo tiene sentido que lo haya hecho el CNI. Explican que no parece lógico que un juez del Tribunal Supremo haya podido autorizar unas intervenciones tan generalizadas y más cuando ya había sentencia por el procés y, por tanto, no había procedimientos judiciales en marcha.

Deducen que Moncloa pudo tener información de todos los pasos que daban los partidos catalanes, justo cuando se negociaba la propia investidura de Pedro Sánchez y otras iniciativas del recién constituido Gobierno liderado por el PSOE.

Esas fuentes dan por hecho que la tensión con Moncloa se traducirá en las próximas semanas en discrepancias con el Gobierno en votaciones en el Congreso. Queda a salvo la convalidación, la próxima semana, del decreto con medidas para hacer frente a la guerra de Ucrania.

Habrá también una ofensiva parlamentaria concertada de estos partidos en la sesión de control del Congreso el miércoles y el martes en el Senado. Por ejemplo, Aitor Esteban (PNV) preguntará a Margarita Robles, ministra de Defensa: "¿Qué artículo de qué ley le impide dar datos a este Parlamento sobre el uso del programa Pegasus por parte del Estado?".



Jon Iñarritu (Bildu) interpelará al ministro de Presidencia, Felix Bolaños: "¿Tiene constancia de la implicación de algún Ministerio o sus órganos en el espionaje político masivo a independentistas?". 

Gabriel Rufián (ERC) pregunrá al presidente del Gobierno: "¿Piensa el Gobierno español investigar el caso de espionaje a políticos independentistas?".

Además, ERC, EH-Bildu, BNG, CUP, Junts, PDeCAT, Más País y Compromís han pedido la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el director del Gabinete de Presidencia del Gobierno, Óscar López; la directora General de la Guardia Civil, María Gámez Gámez; el director General de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros Martín, y la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban López

Esa tensión del Gobierno con sus socios parlamentarios venia creciendo desde hace meses y, de hecho, ya se tradujo en votaciones decisivas. Por ejemplo, Sánchez pudo sacar adelante la reforma laboral gracias a un error de un diputado del PP, porque ERC votó en contra.

El PSOE mantiene en este momento negociaciones complicadas con sus socios parlamentarios sobre leyes como la de memoria democrática, la ley de vivienda, la ley audiovisual o la llamada ley mordaza. Los socios parlamentarios del Gobierno creen que las discrepancias se trasladarán a esas conversaciones.

Moncloa entiende que ningunas de esas negociaciones son decisivas para la legislatura y está aún muy lejos la tramitación en otoño de los Presupuestos para 2023. Incluso, sería posible prorrogar los anteriores a la espera de las elecciones generales de ese año.

Y su argumento sigue siendo que ninguno de los partidos independentistas o nacionalistas va a hacer caer este Gobierno, teniendo en cuenta que la alternativa sería el PP con Vox. Con ese argumento han abordado multitud de negociaciones durante la legislatura.

Podemos se suma

A la posición de estos partidos que permitieron la investidura de Sánchez se une esta vez Unidas Podemos, al firmar una petición de comisión de investigación con un texto muy duro con el Gobierno. Según Moncloa, influye el deseo de no quedarse atrás en este tema pensando en clave catalana y, más concretamente, futuras batallas electorales como la del Ayuntamiento de Barcelona.

Salvo cambio, el PSOE bloqueará esa petición de comisión de investigación en el Congreso. Como ya hizo cuando se conocieron escuchas al entonces presidente del Parlament, Roger Torrent.

También hicieron lo mismo ERC y JxCat en el Parlament cuando PSC, PP, Ciudadanos y En Comú pidieron investigar el supuesto espionaje de los Mossos a periodistas y políticos en 2018. Ese supuesto espionaje fue revelado en la documentación intervenida por la Policía Nacional a agentes de Mossos cuando éstos iban a destruirlos en la incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

El PSOE entiende que no es posible que el Gobierno dé explicaciones en el Parlamento sobre asuntos declarados secretos, puesto que no se ha constituido la comisión en la que debe hacerse. Para ello son necesarios 210 votos y, por tanto, el apoyo del PP, que considera que no deben estar en esa comisión ni ERC ni Bildu. Y fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo aseguran que si el PSOE quiere esa comisión se crearía inmediatamente, pero sin los partidos independentistas dentro.