Unos mil enfermeros de toda España se han manifestado este martes, 26 de abril, en el Congreso de los Diputados para pedir al PSOE que desbloquee la tramitación parlamentaria de la Ley de Seguridad del Paciente. La norma presentada por el Sindicato de Enfermería SATSE hace casi 3 años obligará a todas las comunidades autónomas a incrementar las plantillas del sistema de salud, tanto público como privado.
La citada ley llegó a la Cámara Baja en diciembre de 2019 y dos años y cinco meses después no se ha podido tramitar. Está paralizada en la mesa del Congreso "por culpa del partido socialista", según el presidente del Sindicato de Enfermería, Manuel Cascos, quién ha amenazado con ir a la huelga "antes de verano" si no se tramita la ley.
"No más retrasos. Exigimos al Congreso que cumpla con su compromiso". Con este eslogan, los enfermeros han realizado una llamada de atención a los representantes políticos que se comprometieron en lo peor de la pandemia "a mejorar y reforzar el Sistema Nacional de Salud (SNS)".
Si esta ley se aprueba en el Congreso, la sanidad española tendrá una ratio de enfermeras por número de pacientes, igual que existen en educación por cantidad de alumnos.
Por poner un ejemplo, la normativa regulará que exista un máximo de seis pacientes por cada enfermera en los hospitales (en España la media está en 25 ingresados por profesional) o que en la Atención Primaria cada enfermera tenga un máximo de 1.500 cartillas (y no 2.500 como ocurre hasta ahora).
Apoyo de los grupos
Hasta la manifestación convocada a las puertas el Congreso de los Diputados se han personado los portavoces sanitarios de varios grupos parlamentarios como Unidas Podemos o el PSOE. Precisamente a este último, Cascos le ha pedido que deje de votar a favor de una nueva prórroga para su tramitación.
Este miércoles SATSE y el PSOE se van a reunir con la esperanza (por parte del sindicato) de que el Gobierno "entre en razón" y desbloqueo una normativa que aprobaron las cortes generales en su casi unanimidad (312 votos a favor y sólo 10 en contra).
"Podemos nos ha manifestado que está a favor de nuestra ley y que es buena para el sistema sanitario público, pero cuando llega la hora de la votación en la Mesa del Congreso se pliegan a la voluntad del PSOE y les apoyan. Por eso les pido que se liberen del secuestro político al que le tienen sometido desde el PSOE", ha acusado Cascos.
Además, también ha recordado que, desde hace meses, han obtenido el apoyo "sin fisuras" de Ciudadanos, el Partido Popular y Vox.
Los asistentes ante el Congreso piden una "huelga general".
La manifestación de este martes es la segunda que hacen tras una celebrada en diciembre. En ese momento, Vox y Unidas Podemos acudieron a arropar a los enfermeros, aunque no llegaron a cruzarse.
"Hace meses que dijimos que no íbamos a parar y que íbamos a ir creciendo. Primero tuvimos una rueda de prensa frente al Congreso, luego nos manifestamos aquí los delegados sindicales, después convocamos movilizaciones a las puertas de los hospitales y centros de Atención Primaria de todas las CCAA y ahora hemos vuelto al Congreso", ha enumerado Cascos de su 'escalada' en el enfrentamiento con el Ejecutivo.
Tras eso, el presidente de SATSE ha recalcado que la convocatoria de una huelga "de aquí al verano" es una posibilidad real. "Eso no quiere decir que la convoquemos mañana, depende de lo que ocurra en el Congreso de los Diputados".
El contenido de la Ley
Las estimaciones iniciales señalan que, si se pone en marcha el ratio enfermero, en España haría falta contratar de manera fija a 130.000 enfermeras y esto supondría un "alto coste" para las arcas públicas. Precio, que según Mendel, pueden asumir las Comunidades Autónomas.
Para el sindicato SATSE, el coste económico de aumentar las plantillas enfermeras es algo "perfectamente viable desde el punto de vista económico". Sería "progresivo" y ayudaría a corregir el "déficit estructural e histórico de enfermeras que sufre el país", tal y como manifestaron durante la convocatoria del mes de diciembre.
Aproximadamente, el coste de contratar a estos profesionales sanitarios sería de unos 3.900 millones de euros, teniendo en cuenta que el salario medio es de 30.000 euros brutos anuales, según adelantó Invertia. El economista Álvaro Hidalgo explicó a este medio que esta retribución varía en función de las guardias, por tener especialidad y las aportaciones a la Seguridad Social. Por lo tanto, esta cantidad podría aumentar.
Manuel Cascos, presidente de SATSE, a la cabeza de la manifestación.
El pasado 15 de diciembre se cumplió un año desde que el Pleno del Congreso, con 312 votos a favor y 10 en contra, aprobara la toma en consideración de esta ley. Tras ello, fue debatida una enmienda a la totalidad que presentó Esquerra Republicana.
La legislación ha tenido que pasar por varios trámites burocráticos al ser presentada como una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), el único modelo que prevé la legislación española para que sean los ciudadanos quienes propongan normas, en lugar de los cargos públicos.
Para ello, se precisó del apoyo de 700.000 firmas que recogieron por parte del Sindicato de Enfermería SATSE durante unos meses. El sindicato recibió el respaldo público de asociaciones de pacientes, usuario y consumidores.
Rosa Mendel y Juan Antonio Delgado (diputados de Unidas Podemos) junto al presidente de Satse, Manuel Cascos, en la manifestación de diciembre..
En un primer momento, se denunció que tanto los partidos del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) como los de la oposición estaban presentando prórrogas en este proceso, aunque también las había presentado el PP y el PNV. Paradójicamente, el País Vasco es de las pocas autonomías que se acerca a los ratios que reclama el sindicato.
Según datos del propio sindicato, la ratio de enfermeras por cada 1.000 habitantes en el País Vasco es de 7,16, mientras la media del resto de España es de solo 5,3. Además, la vasca es la comunidad autónoma que mayor gasto dedica a sanidad, unos 1.800 euros por habitante y año, como explicaba en una entrevista con EL ESPAÑOL el presidente del sindicato SATSE, Manuel Cascos.
El único partido que se ha mostrado siempre contrario a la ley ha sido ERC. En mayo de 2021 presentaron una enmienda a la totalidad. Finalmente, esta enmienda fue rechazada y los grupos acusaron a ERC de torpedear la iniciativa.
Para ERC el problema era de competencias y no de dinero, algo que parece que coincide con la perspectiva del PNV. Si la ley de ratios se convierte en una norma nacional, "decidirá" sobre aspectos regionales como las plantillas de profesionales sanitarios. Bien es cierto que esto ya ocurre en otros ámbitos como, por ejemplo, las ratios educativas que regulan el número de alumnos por profesor.
Con todo ello, el presidente de SATSE ha valorado el posicionamiento de ambos partidos por cuyo modelo de gestión no conciben una ley que regule desde el ámbito nacional y ha puesto el problema en el PSOE.