El Gobierno cambia la norma para que Bildu tenga acceso a los secretos oficiales en el Congreso

El Gobierno negoció ayer sin éxito con el PP la posibilidad de constituir esa comisión para que la directora del CNI y la ministra de Defensa puedan dar explicaciones de forma reservada.

Los populares mantuvieron su veto a ERC y Bildu, lo que ha decidido a Batet a cambiar la Resolución de la Presidencia del Congreso que establece una mayoría de tres quintos de la Cámara (210 diputados) para constituir la comisión. Esta norma ha estado vigente desde 2004.  

De esta forma, el PSOE hará que ERC y Bildu formen parte de la Comisión de Secretos Oficiales, para intentar zanjar así el conflicto generado a raíz del caso Pegasus y salvar la legislatura. No obstante, a tenor de las primeras reacciones de los grupos independentistas a la decisión de Batet, no parece que estos se den por satisfechos. 

Los independentistas catalanes y todos los partidos que apoyan habitualmente a Pedro Sánchez en el Congreso señalan al Gobierno uniendo cuatro líneas: un informe de la Universidad de Toronto que asegura que 63 personas fueron espiadas, un software al que sólo tienen acceso los gobiernos, la lógica que señala que no parece que ningún otro Estado esté interesado en seguir a esas personas, y la certeza de que el CNI dispone del programa Pegasus. El dibujo que les sale es la exigencia de responsabilidades al Ejecutivo por supuesto espionaje ilegal.

El Gobierno (su parte socialista) ha sostenido hasta ahora que no puede dar ninguna explicación porque se trata de materia clasificada y secreta. Ni siquiera asegura abiertamente que el contenido del citado informe sea falso, ni lo dijo el ministro Félix Bolaños ante la consellera de Presidència catalana, Laura Vilagrà Pons, lo que da alas a quienes denuncian la presunta vulneración de derechos fundamentales.

El dibujo completo es un escándalo político que amenaza y acorrala al Gobierno y, al tiempo, altera notablemente la segunda parte de la legislatura.

Desde 2015, el CNI investiga al independentismo en la denominada Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales. Cabe la posibilidad de que el espionaje fuera autorizado por el magistrado del Tribunal Supremo que da el visto bueno a las actuaciones del CNI. Sería una intervención de comunicaciones abierta a más de 60 personas en diferentes momentos y de forma muy invasiva.

Es decir, en este momento caben tres posibilidades: que el citado informe sea falso, que el espionaje lo autorizara el juez y que se haya hecho sin autorización judicial. Lo primero desactivaría las denuncias y salvaría al Gobierno; lo segundo salvaría al Gobierno y mostraría una actuación contundente del Estado con apoyo judicial contra los independentistas, y lo último provocaría un tsunami político porque se habrían vulnerado derechos fundamentales.

En todo caso: ¿Por qué el Gobierno de Pedro Sánchez espía (presuntamente) a aquellos con los que pacta o por qué pacta con los que (presuntamente) espía?

1. ¿En qué se basa la acusación?

La revista The New Yorker, especializada en literatura e investigación, publicó un reportaje firmado por Ronan Farrow, periodista Premio Pulitzer, en el que aseguraba que 63 personas fueron espiadas en España entre 2017 y 2020. Es decir, en el final del Gobierno de Mariano Rajoy y ya con Pedro Sánchez en la Moncloa.

Se basaba en un informe de Citizen Lab, un departamento de la Universidad de Toronto que se centra en los abusos de los derechos humanos de alta tecnología.

El informe, sin valor probatorio, sí explica la forma en que el móvil de la mayoría de los afectados fue infectado. Por ejemplo, con el envío de archivos o enlaces que al pinchar en ellos provocaban la entrada del virus que “se apropia” del aparato y sus funciones.

El texto incurre en algunos errores referidos a la política española y al desarrollo del proceso independentista que terminó con el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia.

Todo el trabajo de investigación se hizo con participación sólo de una parte, sin opción de contraste y sin posibilidad de mantener la cadena de custodia de los móviles analizados.

Jon Iñarritu, diputado de Bildu, y uno de los presuntamente espiados, explica así su participación: “Hace un año, me contactaron de Citizen Lab, estaban haciendo pruebas a algunos teléfonos. Me preguntaron si quería que me lo analizasen. Les dije que sí. Una semana después me llamaron para confirmar que había dado positivo. Me dieron una fecha de diciembre de 2020. No pudieron comprobar en otros años, ya que el teléfono tenía un año. Me recomendaron cambiar de móvil, cosa que hice y me preguntaron si quería participar en la investigación global que estaban haciendo. Les dije que sí y autoricé que usasen mi nombre y caso. Firmé un documento para ello. Me dijeron que tardaría varios meses. Sobre el verano pasado me entrevistaron dos investigadores y este otoño me entrevistó The New Yorker”.

El diputado Ferran Bel (PdCat) da una explicación muy similar en la que sostiene que fue contactado por Citizen Lab y que comprobaron la existencia en su móvil de varios mensajes sms utilizados para infectar el dispositivo.

Una vez conocido ese estudio, se han publicado informaciones que mostrarían algunos vínculos de los promotores de las investigaciones con el independentismo catalán. Por ejemplo, que Elies Campo, que dirigió la investigación, colaboró con la Generalitat mediante Acció, la agencia del Govern para la competitividad empresarial. Campo actuó a instancias del eurodiputado de ERC Jordi Solé. Además, el dominio "Catalangate" fue adquirido por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) cuatro meses antes de que se publicara la información sobre el supuesto espionaje.

2. ¿Cómo funciona Pegasus?

Pegasus es un spyware o software espía desarrollado por la empresa israelí NSO Group que lo vende a gobiernos de todo el mundo. Dentro de su sector es uno de los más poderosos, siendo capaz de infectar miles de millones de teléfonos con sistemas operativos como iOS o Android.

Con el argumento de la lucha antiterrorista en una mano, países como México, Marruecos, Catar, Yemen, Emiratos Árabes Unidos y Baréin utilizan este software para espiar a sus ciudadanos. The Washington Post informó el año pasado de una lista de 50.000 personas de países de todo el mundo que habían sido espiados en sus móviles con este programa.

Pegasus sólo es accesible para Estados, con limitaciones que establece Israel. Cuando se activa, permite que se manipule el terminal, de forma que puede captar conversaciones, grabar imágenes y fotografías y apropiarse de su contenido.

Ya en 2019, el entonces presidente del Parlament, Roger Torrent, y Ernest Maragall (ERC) fueron alertados por el director de políticas públicas de Whatsapp para Europa, Oriente Medio y África, Niamsh Sweeney, de que sus teléfonos móviles “podían haber sido hackeados por medio de la implantación del software Pegasus, desarrollado por el Grupo empresarial NSO”.

El juzgado de instrucción número 32 de Barcelona abrió una investigación, pidió información a Israel y no ha tenido respuesta alguna, por lo que no ha podido avanzar.

3. ¿A quiénes se espió?

El informe habla de al menos 63 personas. Todos los presidentes catalanes desde 2010 han sido atacados o infectados con Pegasus, ya sea mientras cumplían su mandato, antes o después de su retiro.

También hay dos presidentes del Parlament, 11 miembros de Junts per Catalunya, 12 de ERC, 12 de las CUP, tres del Partit Demòcrata Europeu Català y uno del Partit Nacionalista Català.

Están incluidos también abogados de acusados por el procés. Las intervenciones a abogados siempre están restringidas porque puede afectar a su derecho de defensa y, de hecho, hacerlo puede provocar procedimientos contra jueces que lo autorizan, como ocurrió con Baltasar Garzón, que fue condenado por intervenir comunicaciones de un defensor con su cliente en el caso Gürtel.

También hay parlamentarios catalanes y cuatro diputados actuales del Congreso: Albert Botran (CUP), Jon Iñarritu (EH Bildu), Miriam Nogueras (JXCAT) y Ferran Bel (PDECAT). Los cuatro pidieron este lunes amparo a Meritxell Batet por entender que se han vulnerado sus “derechos fundamentales, a cuya protección sirven nuestras prerrogativas parlamentarias, al vulnerarse las garantías para poder hacer un trabajo político en libertad. La libertad de expresión, la inviolabilidad de las comunicaciones, la intimidad, la libre formación de la voluntad política y la libre expresión de la misma han quedado gravemente comprometidas y amenazadas. Con ellas, el pluralismo político y la democracia”.

4. ¿En qué fechas?

El informe habla de actuaciones entre 2017 y 2020. Y la mayoría de las presuntas intervenciones se produjeron después de la sentencia del procés. Durante el procedimiento judicial en el Tribunal Supremo y durante el juicio no hay casi actos de espionaje, siempre según el informe.

En esos momentos las investigaciones estaban judicializadas y, por tanto, en manos de la Policía y la Guardia Civil que, según ha admitido el Gobierno, carecen del sistema Pegasus.

El CNI sólo actúa cuando no está judicializado un caso y sus informes solo sirven para el uso interno del Gobierno. Por eso, los presuntamente espiados aseguran que con los datos obtenidos, el Gobierno podía tener información vital sobre estrategias políticas y partidarias. Es decir, que si Moncloa negociaba con ERC, por ejemplo, podía tener la notable ventaja de conocer qué posición o qué debates se mantenían en ese partido.

5. ¿Qué dice la ley?

El artículo 18 de la Constitución señala que “se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”.

Es decir, no se pueden intervenir las comunicaciones sin autorización judicial y la ley establece que debe ser siempre de forma proporcionada. Por eso, la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, establece un procedimiento secreto, según el cual, un magistrado del Tribunal Supremo debe autorizar estas actuaciones de los servicios secretos. Pablo Lucas Murillo de la Cueva es el magistrado encargado de esta función.

Esas intervenciones tienen un tiempo limitado de “tres meses para la intervención o interceptación de las comunicaciones postales, telegráficas, telefónicas o de cualquier otra índole, ambos plazos prorrogables por sucesivos períodos iguales en caso de necesidad”.

Además, el CNI tiene entre sus funciones la de “prevenir y evitar cualquier amenaza a la integridad territorial de España”, y la ley que regula su control judicial previo considera que se pueden avalar medidas que afecten al secreto de las comunicaciones cuando “resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas al Centro”.

6. ¿Investiga el CNI?

En 2015 se creó en el CNI la Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales. Sirve para cumplir la función encomendada en la ley que regula el centro que depende del Ministerio de Defensa: “Prevenir, detectar y posibilitar la neutralización de aquellas actividades de servicios extranjeros, grupos o personas que pongan en riesgo, amenacen o atenten contra el ordenamiento constitucional, los derechos y libertades de los ciudadanos españoles, la soberanía, integridad y seguridad del Estado, la estabilidad de sus instituciones, los intereses económicos nacionales y el bienestar de la población”.

En 2017, cuando estalló el procés, el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia, el CNI fue muy criticado por no detectar movimientos del independentismo como, por ejemplo, la distribución de las urnas. Se consideró un fracaso de los servicios secretos,

A partir de esa fecha, se llevó a cabo un proceso de revisión y reestructuración de estas actividades en Cataluña. Félix Sanz Roldán dirigió el centro entre el 6 de julio de 2009 y el 6 de julio de 2019. Le sustituyó en el cargo Paz Esteban López, que sigue aún al frente del CNI.

Lo curioso es que el Gobierno de Sánchez considere presuntamente susceptibles de ser espiados (es decir, peligrosos) a aquellos con los que pacta o que pacte con los que considera presuntamente peligrososo y susceptibles de ser espiados.

7. ¿Hay consecuencias políticas?

Todos los partidos que apoyan habitualmente al Gobierno en el Parlamento se han coordinado para llevar a cabo una ofensiva en el Congreso y el Senado. Han amenazado con derrotar iniciativas del Gobierno en el Parlamento y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dado una semana de plazo para que haya una investigación interna en el Ejecutivo y se depuren responsabilidades.

Todos esos partidos han solicitado una comisión de investigación que será rechazada con los votos de PSOE y PP.

Además, a la exigencia de responsabilidades se ha sumado Unidas Podemos, que forma parte del Gobierno de coalición. Este lunes, la ministra Ione Belarra ha pedido responsabilidades por el espionaje.

8. ¿Dónde dar explicaciones?

Al ser un asunto clasificado, el Gobierno no puede dar explicaciones públicas. Está prohibido informar de los “medios y procedimientos” del CNI, según la ley.

El Gobierno intenta dos vías: la Comisión de Gastos Reservados del Congreso y el Defensor del Pueblo.

La comisión no se reúne desde 2019 porque su constitución requiere el voto de 210 diputados y el PP mantiene el veto a que estén presentes ERC y Bildu. El PSOE mantuvo hasta ahora un veto a Vox.

Este lunes, el Gobierno ha intentado convencer al PP sin éxito para que levante el veto. Este mismo martes, Meritxell Batet comunicará a la Mesa y la Junta de Portavoces que dicta una resolución para bajar esa mayoría cualificada a mayoría absoluta.

La previsión del Gobierno es que esta misma semana se constituya y comparezca la directora del CNI y la ministra de Defensa, Margarita Robles, a dar explicaciones. De la comisión forman parte los portavoces parlamentarios con obligación de mantener secreto de lo que conozcan en su reunión a puerta cerrada.

El Defensor del Pueblo, por su parte, abrirá una investigación en la que puede reclamar documentación secreta, aunque no se refleje en sus conclusiones. Luego, Ángel Gabilondo, expondrá su informe final en las Cortes.

9. ¿Qué dice el Gobierno?

El Gobierno asegura que no puede dar explicaciones públicas y se ha limitado a decir que cumple siempre la ley, y que la Guardia Civil y la Policía no tienen acceso a Pegasus.

No ha negado expresamente hasta ahora el espionaje y nunca ha dicho que el contenido del informe sea falso, ni siquiera en sus reuniones reservadas.

10. ¿Hay precedentes?

En 1995 dimitieron el entonces vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, el ministro de Defensa, Julián García Vargas y el teniente general Emilio Alonso Manglano, al conocerse que el CESID (antecedente del CNI) guardaba miles de cintas con grabaciones de todo tipo sin autorización judicial. Entre los espiados estaba Juan Carlos I. El presidente del Gobierno era Felipe González.

En 1988 se descubrió por casualidad que el CESID tenía instalada una oficina en San Sebastián desde la que se escuchaba a Herri Batasuna de forma ilegal. La audiencia provincial de Álava condenó a dos exdirectores del CESID a tres años de prisión, pero el Supremo les absolvió porque no había una prueba directa de que estuviesen al tanto. El Supremo aseguró que no era extraño que se espiara al brazo político de ETA.