El Tribunal de Cuentas fiscalizará los gastos de la Casa del Rey

El Tribunal de Cuentas (TdC) fiscalizará mediante una auditoría externa la actividad económica y financiera de la Casa Real y en qué gasta su presupuesto, según se recoge en el decreto aprobado por el Gobierno sobre la estructura y el funcionamiento de la Jefatura del Estado para reforzar su transparencia.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha dado a conocer esta medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se ha aprobado el decreto, un día después de que Felipe VI decidiera desvelar su patrimonio personal, cifrado en 2,57 millones de euros. 

Pero precisamente había una noticia más que se escondía en esta coincidencia de fechas. La publicación del patrimonio del Rey fue "por voluntad propia", es decir, no por indicación o consejo del Gobierno, tal como aclaró Bolaños. Y prueba de ello es que el mismo decreto aprobado este martes "no incluye" esta prescripción para nuevas ocasiones. Es decir, que Felipe VI no está obligado a actualizar la información más que "cuando él lo decida".

Tampoco tiene que hacer públicos sus bienes e intereses la Reina Letizia. Ni sus hijas cuando sean mayores de edad, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. "Estas obligaciones son para los directivos y altos cargos adscritos a la Casa Real, como ocurre en las demás instituciones del Estado", explicó Bolaños.

Como ya anticipó este periódico en diciembre de 2020, Moncloa y Zarzuela llevan trabajando desde entonces en la "revisión modernizadora de la Corona". Este decreto es el resultado de 16 meses de trabajo "intensificados en las últimas semanas", según Bolaños, para una auténtica reestructuración que una de las personas implicadas en su gestación definió entonces como algo "equivalente a la perestroika".

El real decreto aprobado este martes por el Gobierno sobre la estructura de la Jefatura del Estado plasma en medidas la confirmación que dos días después hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de esta exclusiva.

En su comparecencia de prensa para dar cuenta de la situación política con el cierre del año, el jefe del Ejecutivo anunció la intención de Moncloa de acometer una renovación de la Corona para "hacerla más ejemplar". A ese adjetivo se han ido añadiendo, con el tiempo, dos conceptos más: "Rendición de cuentas y eficiencia".

El ministro Bolaños aseguraba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la nueva norma es "un punto de llegada muy importante" para modernizar la Jefatura del Estado, en paralelo al posicionamiento de los partidos políticos.

Podemos, en contra

A pesar de que Bolaños ha afirmado que el decreto con medidas de transparencia sobre la Casa Real ha contado con "el apoyo de todo el Gobierno, también de los ministros de Unidas Podemos", la realidad es muy otra.

Tanto el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, como la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, del partido morado se manifestaron en contra del "blanqueamiento" de la figura de Felipe VI y advirtieron de que "mientras el Jefe del Estado no renuncie a su inviolabilidad, podrá seguir haciendo lo mismo que su padre". 

Sin embargo, el ministro de la Presidencia ha insistido en que ha sido "un acuerdo absolutamente pacífico" en el seno del Ejecutivo, con un "respaldo unánime". Pero Belarra califica el decreto de "maquillaje inválido" y exigía el lunes por la noche en su Twitter  la "necesidad de que la ciudadanía pueda elegir al jefe del Estado".

Lo cierto es que el propio Bolaños, que heredó estos trabajos de su antecesora al frente de Presidencia -la exvicepresidenta Carmen Calvo- avisó con antelación a Podemos, de la intención de aprobar este decreto en esta reunión del Ejecutivo. Pero desde la formación fundada por Pablo Iglesias se insiste en que esto es una operación de Estado que se lleva preparando meses y sólo ahora han sido informados.

Respecto a la polémica sobre la inviolabilidad de la figura del Rey, Bolaños ha recordado dos cosas. La primera, que Pedro Sánchez "ya fijó posición sobre esto", opinando que debería circunscribirse sólo a sus actuaciones como Jefe del Estado, "dejando fuera su vida personal", y que la misma no ha cambiado.

Y lo segundo, que éste es un precepto constitucional... por lo que su abordaje no podía acometerse en un real decreto, sino con una reforma de la Carta Magna.

Según el titular de la Presidencia, en todo caso, la norma "se ha trabajado internamente en el Gobierno" y también con el PP como principal partido de la oposición para "generar un consenso".

Pero los representantes de Podemos advirtieron a los socialistas de que se desmarcarán abiertamente. Sobre todo a la luz de que para este pacto el PSOE sí ha contado con el acuerdo continuado del Partido Popular, por lo que los morados dan por hecho que ni siquiera se va a poder debatir en el Congreso.

Y es que al tratarse de un real decreto, este texto no tiene que ser convalidado por el Congreso, con lo que no se dará pie a un debate entre los partidos sobre la Monarquía. 

A Bolaños se le ha preguntado también por la iniciativa de Casa Real de informar sobre la decisión del Rey a los partidos políticos, con excepción de ERC, Junts, Bildu, BNG y la CUP alegando que son formaciones que no apoyan la Constitución de 1978. "Poco tengo que decir, como ministro, ni como Gobierno. Es una deferencia de la Casa Real con algunos grupos, lo que valoro positivamente", ha asegurado.

Detalles del decreto

La fiscalización de las cuentas de la casa Real se hará tras la firma de "un convenio" con el Tribunal de Cuentas, que hará una "auditoría externa" de los documentos presentados, explicó Bolaños. Este trabajo verificará "la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera" de la Jefatura del Estado.

El TdC, dependiente de las Cortes Generales, es el máximo órgano encargado de fiscalizar la contabilidad y la gestión económica del Estado, de sus instituciones y de otras entidades que reciben fondos públicos. Sin embargo, hasta ahora no tenía competencia para fiscalizar el presupuesto de la Corona, algo que tampoco puede hacer el Congreso.

Otra de las medidas recogidas en el decreto es que la Casa Real deberá a partir de ahora dar publicidad a todos los procedimientos de contratación que lleve a cabo. Por supuesto, advirtió Bolaños, "respetando la autonomía presupuestaria de la que goza Felipe VI" para decidir en qué gasta el dinero asignado por los Presupuestos Generales del Estado. "Pero dando transparencia y certidumbre, como reclama la ciudadanía" al publicarse estos datos en la web de Zarzuela.

El ministro ha añadido que muchos de los artículos del real decreto no son más que la elevación a rango legal de "todas las medidas en favor de la transparencia" que el Monarca ha aprobado "desde su proclamación en junio de 2014". Entre ellas, que los altos cargos de la Casa del Rey han de publicar su declaración de bienes y patrimonio al asumir el cargo y a su marcha.

Según el ministro de la Presidencia, el texto legal consensuado con la Casa Real "la homologa a otras casas reales europeas en cuanto a los más altos estándares de cumplimiento de ejemplaridad e integridad".