Zarzuela y Moncloa pactan una Monarquía con "más control parlamentario" y "límites en lo personal"

El propósito, como ya indicaba este lunes un comunicado oficial de la Casa Real, es abrir "un tiempo nuevo" en la Monarquía española. Eso implicará "más control parlamentario" a través de Patrimonio Nacional, que es el administrador que gestiona los bienes que usa la Casa Real en nombre del Estado, según señalan fuentes del Gobierno.

Según estas fuentes, el Real Decreto establece fórmulas para "delimitar mejor los límites de lo personal y lo institucional" con el propósito de que la Monarquía tenga "los mismos controles que cualquier Administración del Estado". 

En definitiva, se trata de hacer la institución más transparente y adaptarla a los tiempos actuales, sometiéndola a la rendición de cuentas y elevando a rango de ley normas por las que se venía autorregulando la Casa Real desde la proclamación de Felipe VI en 2014.

Este lunes por la tarde la Casa del Rey emitía un comunicado en el que revelaba que el patrimonio del Rey asciende a 2.573.392,80 euros. Sus bienes están compuestos por 2.267.942,80 euros en "depósitos en cuentas corrientes o de ahorro y valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier entidad" y 305.450 euros en "objetos de arte, antigüedades y joyas de carácter personal" que han sido tasadas. Jamás un Rey en España había hecho algo semejante.

¿Por qué en este momento? "Lleva muchos años queriendo hacerlo. De hecho, no ha hecho más que aplicarse las previsiones de las leyes de transparencia y altos cargos, de 2013 y 2015, respectivamente, de las que está expresamente excluida la Jefatura del Estado, aunque nada le impide someterse a las mismas de forma voluntaria", explica una persona cercana al equipo de Felipe VI.

Partidos excluidos

Los altos cargos de la Casa Real ya habían publicado sus bienes -aunque tampoco están obligados a hacerlo- y solo faltaba él. Además, el horizonte judicial de su padre, Juan Carlos, está mucho más despejado y su regreso a España parece inminente.

La decisión de publicar los bienes de Felipe VI ha sido "conocida y compartida" con el Gobierno y el Partido Popular, según las mismas fuentes, y "comunicada" a los demás grupos parlamentarios, con la excepción de ERC, Junts per Catalunya, Bildu, la CUP y el BNG.

La Casa del Rey justifica su exclusión remitiéndose a unas declaraciones realizadas en su día por Carmen Calvo, que limitaba la negociación sobre la reforma de la Monarquía a los partidos que "participan del consenso de la Constitución del 78". "Es que si ellos no reconocen la figura del Rey, para que se les va a hacer partícipes de una decisión suya", apunta la misma fuente.

Felipe VI prometió el día de su proclamación que iba a encabezar una monarquía moderna y sobre todo renovada. "Se trata de una decisión personal. Consejeros cercanos le han desaconsejado que lo hiciera, que 2,5 millones es mucho dinero, pero el Rey no tiene nada que esconder, son sus ahorros, no hay nada que no se haya ganado, y por eso ha querido dar un paso al frente", revela fuentes cercanas al jefe del Estado.

El pasado mes de agosto EL ESPAÑOL publicaba una noticia sobre este proyecto renovador que se traían entre manos los palacios de Zarzuela y de la Moncloa. "La idea es que esté listo antes de que termine el curso que viene, hacia mayo o junio. No se puede permitir que se alargue más porque no quieren tener que negociar con otro Gobierno las cosas que ya están cerradas", nos aseguraba entonces una fuente cercana al acuerdo.

Al Rey no le ha temblado el pulso a la hora de tomar decisiones determinantes sobre el funcionamiento de la Casa Real y sobre su propia familia. Primero le retiró el título de duquesa de Palma a su hermana, la infanta Cristina por el Caso Nóos. Y en medio de la pandemia, tras saltara nuevos escándalos sobre su padre, renunció a su herencia, le quitó la asignación y lo mandó lejos de España, cortando cualquier relación con él.