Pedro Sánchez acelera la renovación de la Corona: Calvo y Alfonsín celebran su cuarta reunión

La idea del Gobierno es acelerar los pasos para crear una Corona más transparente, cercana y accesible. Se trata también de un intento de separar el presente del pasado, una manera de alejar las sombras que el anterior reinado dejó y que oscurecen la institución cada vez que salta un nuevo titular con otro escándalo del Emérito.

Junto al Ejecutivo y la Jefatura del Estado hay un tercer invitado en esta negociación: el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Se pretende que la oposición también sea partícipe del proceso. La idea es que sea, inicialmente, un acuerdo a tres bandas.

El discurso del Rey de Navidad, que siguieron tres de cuatro espectadores que encendieron la televisión en Nochebuena, fue el punto de partida para comenzar con esta labor.

En el año más difícil para España y para todo el mundo, las constantes noticias sobre Juan Carlos I llevaron a la opinión pública a plantear la oportunidad de mantener el tratamiento de Emérito al padre del Rey. Su decisivo papel en la Transición y el agradecimiento a su labor, desembocaron durante años en un pacto de silencio en el que Juan Carlos actuaba con el blindaje de los poderes políticos y mediáticos, y también con la inmunidad judicial que le da la Constitución. Pero en el año 2021 las cosas no son así y Felipe VI es consciente de que la cosa tiene que cambiar.

No habrá ley

Calvo y Alfonsín intentan encontrar una fórmula para fiscalizar la Casa Real que satisfaga a todos y que ayude a que Felipe VI no se vea arrastrado al abismo por los errores cometidos por su padre en el pasado.

"La idea es una monarquía menos opaca para los ciudadanos y más reforzada. Un texto que defina mejor las atribuciones y los controles dentro de la Jefatura del Estado. Especialmente en lo que respecta a la Familia Real. No hay que olvidar que el primer discurso de Navidad que dio este Rey ya venía con la sombra de su hermana Cristina, que había sido imputada un par de semanas antes de esa Nochebuena de 2014 por el caso que finalmente mandaría a su marido a la cárcel", aclara una fuente cercana a Carmen Calvo.

Lo que está descartado es crear una nueva ley sobre la Corona, como propone Podemos, que obligaría probablemente a una reforma constitucional. "Más País o Unidas Podemos intentarían aprovechar la cuestión para abrir el debate de Monarquía sí o no", asegura una fuente cercana a las conversaciones.

El trabajo ha comenzado con una idea fija: que la Casa del Rey rinda cuentas y acotar su ámbito de actuación. "Una institución mejor controlada para trazarle un perfil que sea más parlamentario", dicen las mismas fuentes.

¿Y esto como se consigue? La idea es aprobar una fiscalización -previa a determinar las actividades del Rey- a través de Patrimonio Nacional, que es el administrador que en nombre del Estado gestiona los bienes que usa la Casa Real: desde palacios, a personal, coches…

Conviene recordar que los secretarios y las personas de seguridad que se encuentran en Abu Dabi al servicio del Emérito los paga Patrimonio Nacional. Así se cumpliría con el objetivo de controlar los gastos de la institución con los mismos filtros que tiene ahora cualquier Administración.

Por ahora sólo Zarzuela, Gobierno y PP están dentro de este proyecto para modernizar la Monarquía, pero la idea es que, cuando se cierre el acuerdo, se presente a otros partidos para que se sumen, si así lo consideran. Entre el PSOE y el PP tienen 200 diputados de los 350 que hay en el Congreso, pero la idea es llegar a los 300 con los votos de los no republicanos.

El artículo 65.1

Otra de las razones por las que esta iniciativa no tendrá formato de ley es lo complicado que sería encajarla en el engranaje constitucional. La Carta Magna, en sus nueve artículos referidos a la Monarquía, no tiene previsto desarrollar ningún aspecto por ley, salvo para el caso de abdicaciones o renuncias. Y eso es lo que ocurrió en 2014 con la abdicación de Juan Carlos I en su hijo: el Congreso aprobó una norma específica para ese momento.

El artículo 65.1 de la Constitución también recoge que el Rey "recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma". Este artículo concede una gran libertad a la Casa Real a la hora de distribuir y administrar el presupuesto, y es ahí donde se quiere intervenir. "No se pretende controlar o fiscalizar, sólo darle la misma transparencia que tienen otras administraciones del Estado", subrayan las fuentes.

Calvo y Alfonsín también quieren encontrar la manera de definir los límites de lo personal y lo institucional, tanto en relación al Rey como al resto de los miembros de su familia. Parte de las crisis de los años de reinado de Juan Carlos viene por las desapariciones del Monarca, escapadas de las que ni el Gobierno tenía constancia.

En la actualidad, toda la agenda de la Casa Real sigue en manos de la propia institución, que guarda celosamente toda la información relativa a los desplazamientos de los Reyes y sus familias. La idea es que, al menos, el Parlamento pueda contar con una información más precisa sobre los desplazamientos de los miembros de la Familia Real. "Pero eso supondría un problema de seguridad, encontrar la fórmula está siendo lo más complicado de todo el proceso. Se avanza lentamente, pero se avanza", revelan las mismas fuentes.

"Tenemos un ejemplo muy bueno en la monarquía británica, salvando las distancias, claro. Los escándalos de Carlos con Camilla y el silencio de la reina Isabel dañaron mucho la imagen de la Corona. La voluntad de la reina y del parlamento en renovar el papel de la institución y la redefinición de sus actividades ayudaron a salvar la crisis y a volver a colocar a la monarquía en el lugar preeminente que tiene en el sistema británico", añaden las fuentes.

El acuerdo que persiguen el Gobierno y la Corona va a ser una tarea complicada que requerirá más de cuatro reuniones en un despacho de El Pardo.