Las compras apresuradas de Sanidad al inicio de la pandemia de Covid dejan un agujero de 7 millones

El inicio de la pandemia de la Covid-19 trajo consigo lo que el ministro de Sanidad de entonces, Salvador Illa, calificó como una "jungla". Los productos sanitarios escaseaban en el mercado y los precios eran muy elevados. Todos los países querían proteger a su población, pero no había suficiente fabricación para cubrir el tsunami de demanda.  

Por ello, el Ministerio de Sanidad decidió firmar decenas de contratos para la adquisición de equipos y material de protección contra la Covid-19 a precios muy altos y a cargo de empresas desconocidas en el sector sanitario.

Contratos con precios muy por encima de los valores de mercado que había antes de la pandemia o que ignoraban los canales oficiales (como las Cámaras de Comercio de España en China). Todo ello acarreó grandes quebraderos de cabeza al Ministerio y, concretamente, a sus gestores de compras: el Ingesa. 

Algunos de estos contratos no llegaron a ejecutarse pese a haber pagado por adelantado. Esto ha generado una importante deuda en las arcas del Ministerio de Sanidad: 7 millones de euros sólo de los contratos firmados durante el primer trimestre de 2020.

Así lo refleja la respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria registrada en el Senado por el PP. En ella, su portavoz sanitario, Antonio Román, interroga al Ejecutivo sobre la cantidad de contratos pendientes de devolución y la vía por la que se han reclamado.

50 millones

En el escrito, el Gobierno explica que, durante el primer trimestre del año 2020 (coincidiendo con la primera ola de la Covid-19) se abrieron seis expedientes de resolución contractual para agilizar la compra de material sanitario contra la Covid-19.

El total de estas compras ascendía a 50.245.168,30 de euros de las cuales todavía están pendientes de devolución 7.053.185,29 de euros. El Gobierno explica que, en estos momentos, se ha reclamado por "vía voluntaria" la cantidad de 6.203.400,10 de euros.

Parte de esa cantidad tiene que ser devuelta por la empresa Hyperin Grupo Empresarial SL. Esta compañía se usó para adquirir material sanitario por más de tres millones euros pese a estar dedicada a la construcción. Esa cantidad se ha devuelto en parte: 1.500.000 euros, el día 6 de julio de 2020, pero todavía quedan pendientes de ingresar 1.810.000 euros. El resto del dinero que las empresas deben a Sanidad no se especifica a qué compañías corresponde. 

Respecto a la partida de Hyperin, el Ejecutivo admite que la fecha de vencimiento de la devolución era el día 5 de julio de 2020. Lo que no se ha devuelto se encuentra en vía ejecutiva de apremio. 

La compra de productos sanitarios que ahora deja entrever un agujero de 7 millones de euros en las arcas del Ministerio no es el único borrón. Fueron varias las licitaciones sacadas durante los primeros meses de la pandemia que terminaron saliendo mal.

Test falsos

Una de las licitaciones más escandalosas fue la compra de test para diagnóstico Covid-19 que no estaban avalados por la Unión Europea. El Gobierno de España asegura que los test se devolvieron a la empresa que hizo de intermediaria, InterPharma S. A., y que el dinero se restituyó de inmediato a las arcas del Estado.

Según informó InterPharma en su momento, la compañía adquirió los test fabricados por la empresa china Shenzhen Bioeasy Biotechnology, que contaban con el "Marcado CE y el Certificado TÜV que permiten su comercialización y venta en la Unión Europea".

"El Instituto de Salud Carlos III detectó que la sensibilidad de los test no era la que indicaban las especificaciones técnicas del fabricante y se procedió a su devolución. La empresa, con fecha 17 de abril, procedió al reintegro del importe abonado", explican.

Los errores del inicio de la pandemia con la compra de material sanitario intentaron corregirse lanzando un megacontrato de 2.500 millones de euros que se puso a disposición de las comunidades autónomas. Un macrofondo de material sanitario de protección al que se debían adherir las regiones, pero que no terminó de funcionar. Y no sólo porque empezara con mal pie (Salvador Illa tuvo que anularlo y volver a sacar nuevos pliegos ante las quejas de algunas comunidades autónomas). Luego las autonomías no recurrieron a esta fórmula como se esperaba.

El 11 de noviembre, Sanidad comunicaba que había resuelto el 54% del contrato, dejando fuera, entre otros materiales, las mascarillas. De hecho, varias regiones se salieron de la compra centralizada y optaron por realizar las compras por su cuenta.