Hasta ahora todo ha sido un "no", un rechazo de plano a las rebajas fiscales propuestas por Alberto Núñez Feijóo y su equipo. Pero este periódico ha podido confirmar en fuentes de Moncloa que Pedro Sánchez está dispuesto a estudiar el "plan económico de choque" enviado por el Partido Popular en el caso de que sus socios le den la espalda como castigo por el llamado caso Pegasus.
La maniobra pasaría por la aceptación por parte del Ejecutivo de que el decreto se convalidara y pasara a ser tramitado como proyecto de ley. "Nunca nos hemos cerrado a eso", admite una fuente del Consejo de Ministros preguntada por si ésa podría ser una vía para esquivar el 'no' con el que amenazan ERC y el resto de socios.
Eso le daría tiempo al PP para negociar sus medidas económicas... y quién sabe, tal vez diera margen al PSOE para confrontarlas en debate público y seguir argumentando que "bajar impuestos es quebrar los servicios del Estado del bienestar".
Pero eso sí, unos con una victoria moral sobre el invencible Sánchez, y los otros con el decreto salvado. Y es que, de hecho, no sería el primero que después se eterniza en su tramitación (el de los fondos europeos lleva casi año y medio paralizado).
¿PP aliado y Podemos rival?
Y es que el PSOE sigue, de momento, atrapado en la maraña del presunto espionaje del CNI a más de 60 líderes políticos, sociales y activistas del separatismo catalán entre los años 2017 y 2020... cuando ya estaba la formación de Pablo Iglesias en el Ejecutivo.
Además, en este asunto queda claro que Unidas Podemos es más oposición interna que parte del Gobierno. Y es que el Grupo Parlamentario Confederal se unió este martes a la declaración conjunta impulsada por Esquerra y Bildu, de la mano de todos los demás aliados parlamentarios que suelen votar los decretos y leyes que permiten a Sánchez mantener su legislatura.
Pero si por algo se caracteriza el presidente es por su capacidad camaleónica. Una cosa es tener unos socios preferentes y otra no haber ensayado mayorías diferentes. Cuando ha hecho falta, se ha apoyado en el PNV y Ciudadanos a la vez (dos partidos antagónicos), como hizo en alguna de las prórrogas del estado de alarma o incluso en la convalidación de la reforma laboral... si bien es cierto que esa votación sólo salió adelante por el error del diputado Alberto Casero, del PP.
Pero desde hace unos días, Moncloa trata de mandar algún guiño en dirección a la sede de Génova, mezclando buenas palabras con otras más ásperas: una celebración por el nombramiento de Juan Bravo como interlocutor de María Jesús Montero y una advertencia de que "lo que se vota el jueves es un decreto que facilita la vida de la gente y sólo hay que decir sí o no".
Así se expresaban, al alimón, la ministra portavoz y el de Presidencia, Isabel Rodríguez y Félix Bolaños, en Moncloa este martes: "Claro que esperamos el voto a favor del PP, sólo tienen que decidir si cumplen con la misión para la que les han elegido los ciudadanos o si optan por poner en más dificultades a las familias y las empresas".
Así, entre buenas palabras para aparentar apertura al diálogo -"estudiaremos la documentación remitida por el PP, como hacemos con todas las propuestas..."- y otras de descrédito al contenido -"...aunque son recetas caducas que nos llevan a menos pensiones, más paro y recortes del Estado del bienestar"-, el lado socialista del Gobierno trataba de aparentar fortaleza.
Quiebra de confianza
Pero la quiebra en la confianza con sus socios es total estos días, y Moncloa no tiene una sola señal de que las cosas vayan a enderezarse antes del jueves. Y más con su socio de coalición azuzando a los independentistas catalanes y vascos.
A la misma hora en que se celebraba la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, todos los socios del Gobierno, desde Unidas Podemos -el socio minoritario del Ejecutivo- hasta ERC y Bildu -los supuestos pilares de la "mayoría de legislatura"- comparecían juntos en el patio del Congreso, de la mano del resto de grupos pequeños que suelen completar las votaciones.
Los grupos parlamentarios de Unidas Podemos, ERC, EH-Bildu, JxCat, PDeCAT, CUP, Más País, Compromís y BNG hacían "una declaración conjunta denunciando la práctica del espionaje político" del llamado 'caso Pegasus'.
Es evidente que los 33 escaños morados no van a traicionar al Gobierno... pero los otros aliados suman 32 diputados... y si todos se unen al no con el que amenaza ERC, los 89 votos del PP pasan a ser necesarios: o abstención o tramitación del decreto como proyecto de ley para negociar ese "plan de choque económico" de Feijóo.
Todos los aliados de Pedro Sánchez -menos el PNV- daban así por buenas no sólo las informaciones de The New Yorker -repletas de inexactitudes y sin prueba alguna más que un presunto estudio a distancia de una universidad canadiense a los móviles presuntamente infectados con el programa de espionaje- sino las sospechas de que el virus informático se lanzó desde el CNI... o peor, que se hizo sin autorización judicial.
Moncloa está en un bucle continuo, sin posibilidad todavía de dar explicaciones, con sus socios rechazando todas y cada una de las cesiones que el ministro Félix Bolaños ha ofrecido desde el domingo pasado, y con la espada de Damocles de la votación del jueves para convalidar el decreto de medidas contra los efectos económicos de la guerra en Ucrania.
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