El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha enviado este miércoles una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En ella, el Grupo Popular se abre a votar a favor del decreto anticrisis que se convalida este jueves en el Congreso si éste se tramita como proyecto de ley e incluye algunas medidas recogidas en el "plan de choque económico" que Alberto Núñez Feijóo presentó a Pedro Sánchez en Moncloa.

El PP le ha tomado el guante al presidente del Gobierno. Este periódico informaba en exclusiva en la mañana de este miércoles que Sánchez estaba dispuesto a tramitar como proyecto de ley el decreto de las medidas contra la crisis provocada por la guerra si se quedaba sin el apoyo de sus socios habituales como consecuencia del caso Pegasus. Y Sánchez, de hecho, llegaba a pedir "formalmente el apoyo del Partido Popular" en la sesión de control, respondiendo las preguntas de Cuca Gamarra, secretaria general y portavoz popular.

Las exigencias del PP para salvar el decreto del Ejecutivo son tres: por un lado, que se tramite como proyecto de ley; en segundo lugar, que se haga antes del mes de julio durante el actual periodo de sesiones; y, por último, rebaja de impuestos que Feijóo trasladó a Sánchez en su visita a la Moncloa.

Es decir, la deflactación del IRPF para los tres primeros tramos, "para las rentas bajas y medias" -decía Gamarra en el pleno- ante la subida masiva de precios; la bajada del IVA a la electricidad y el gas hasta el 5%, la reducción del gasto burocrático del Gobierno -que el PP cifra en más de 60.000 millones de euros anuales-; y la gestión eficiente de los fondos europeos.

Lea aquí la carta enviada por Juan Bravo a la ministra de Hacienda

Después de que socios habituales del Gobierno hayan amenazado con votar en contra si no se asumían "responsabilidades políticas" por el supuesto espionaje a dirigentes independentistas, el Gobierno inició contactos con el PP para salvar esta votación clave. "Están realmente nerviosos", comentaba una fuente popular en el patio del Congreso. "Tienen peor cara que ayer", abundaba un dirigente de Ciudadanos.

"Negociación completa"

Según fuentes del PP, la ministra Montero ha sido la destinataria de la misiva de Bravo, ya que ambos han sido nombrados interlocutores económicos por sus respectivos líderes, Sánchez y Feijóo.

Montero había telefoneado en la noche del martes a Bravo, pero no para entrar en contacto y emplazarse a una reunión, como hizo Félix Bolaños con Esteban González Pons -los designados para las negociaciones políticas-, sino directamente para solicitar el apoyo del PP al decreto económico del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

Ahora, el vicesecretario de Economía de los populares emplaza al Ejecutivo a abrir "una negociación completa y detallada" sobre las propuestas "realistas" que recoge el documento -de 41 páginas sin el logo del PP- que Feijóo remitió a Moncloa el pasado viernes.

El vicesecretario de Economía popular le trasladó en la llamada la voluntad del PP de "buscar puntos de encuentro y, en ese ánimo constructivo y de cooperación", siempre según fuentes del PP, le ha resumido el documento a primera hora de la tarde en la citada carta. Serán cuatro las condiciones para que el decreto, si se convierte en proyecto de ley y se aprueba antes del final del mes de julio, "tenga el voto favorable del PP".

Una vez más, Feijóo ha tomado la iniciativa y el PP dice ahora estar "a la espera de una respuesta por parte de la ministra" en la misma tarde de este miércoles. "Confiamos en que el Gobierno considere la propuesta seria y rigurosa que trasladamos".

Crisis política

El PP sostiene que el real decreto del Gobierno que se debate este jueves en el Congreso -que está en el aire porque el Gobierno no tiene garantizados los apoyos de sus socios- contiene "algunas cuestiones aprovechables, pero otras inasumibles, otras insuficientes y muchas notablemente mejorables".

La crisis política que le ha estallado al Gobierno por el presunto espionaje a políticos, líderes y activistas independentistas catalanes y vascos "es cada vez peor, no mejora", según palabras de uno de los supuestamente investigados.

"En ese ambiente, la confianza es nula", es decir, que ni ERC ni Bildu podrían apoyar el decreto sin perder el apoyo de su electorado. "Además, Sánchez no ha tenido un solo gesto para que podamos entender que ha comprendido la gravedad de los hechos, que en cualquier democracia provocarían, como mínimo, una comisión de investigación".

Esta precariedad de apoyos ha provocado que el presidente, incluso, cancele su viaje a Moldavia y a Polonia previsto para el jueves y viernes. El PSOE no se puede permitir poner en riesgo un solo voto en la sesión en la que se debatirá y someterá a convalidación el decreto.

El presidente es consciente de que el debate se convertirá en una nueva sesión de control. Pero esta vez no será a cargo del PP o de Ciudadanos, sino de sus propios socios, que lo "masacrarán" -en palabras de un diputado socialista- a la espera de ese gesto que, de momento, no llega.

Lo único que ha llegado, recuerdan, son "cesiones mínimas" lideradas por Bolaños, ministro de la Presidencia, "que no satisfacen y que son un 'ya veremos cuándo se sabe' qué ha pasado", y las palabras de Margarita Robles este miércoles en el Congreso: "Qué debe hacer un Estado para defenderse", se preguntaba la ministra de Defensa, dando a entender que es cierto el presunto espionaje.

Esta defensa de la actuación de los servicios secretos ha provocado la exigencia de dimisión de Robles por parte de Pere Aragonès, presidente de la Generalitat.

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