El Gobierno prepara nuevos decretos anticrisis ante la 'tormenta perfecta' del PIB y la inflación

El texto legal lleva ya más de un mes vigente. Su tramitación como proyecto de ley, condición reclamada por todos los grupos con los que negoció el ministro Félix Bolaños, se llevará al menos otro mes más, aunque sea por la vía de urgencia. Y entonces, le quedaría sólo un mes de vida, porque las medidas incluidas en el texto legal tenían una vigencia tasada hasta finales de junio.

De este modo, al equipo económico del Ejecutivo le caben dos salidas: o bien que la primera enmienda a ese proyecto de ley sea la de extender su vigencia en el tiempo, o bien -y ésta es la preferida- dejarlo decaer y aprobar en Consejo de Ministros nuevos decretos más específicos. "Se abordarán algunas líneas y, en función de la evolución de la crisis, se decidirá", apunta esta fuente.

"Tormenta perfecta"

Este mismo viernes, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentaban el nuevo cuadro macroeconómico. Lo que se conoce como la revisión de las previsiones de crecimiento... y el panorama es lo más parecido, tal como explica un ministro del Gobierno, a "una tormenta perfecta" económica.

La inflación está disparada al 8,4% interanual, con la subyacente -que descuenta energía y alimentos frescos y mide más fielmente la subida estructural de la cesta de la compra- descontrolada al 4,4%. El crecimiento del PIB en el primer trimestre, según el INE, ha sido de un exiguo 0,3%, convirtiendo el frenazo del último trimestre de 2021 en un auténtico parón.

Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno, y María Jesús Montero, ministra de Hacienda, este viernes.

Y así, la guerra en Ucrania ha venido a desportillar todo lo que se estaba reconstruyendo tras la pandemia. El Gobierno se ha visto obligado no a revisar, sino a rehacer de arriba abajo su cuadro macroeconómico. "Si ya era ilusorio el que reflejaron en los Presupuestos Generales, ahora confirman que están fuera de la realidad", apuntaba un economista cercano al PP a este periódico, a la vista de las nuevas cifras. "No hay por dónde cogerlas".

Concretamente, el Ejecutivo ha rebajado su previsión de crecimiento del PIB para 2022 al 4,3%, es decir, hasta 2,7 puntos menos que lo pronosticado inicialmente (7%).

Calviño añadía en su comparecencia junto a Montero que para 2023, prevé un crecimiento del PIB del 3,5%; para 2024, del 2,4% y para 2025, del 1,8%. A pesar de "las enormes incertidumbres" y de lo "volátil" de la situación económica, la responsable de Asuntos Económicos calificaba de "prudentes" sus previsiones.

¿Y los fondos europeos?

Pero en todo caso, decrecientes. Olvidado queda el "efecto multiplicador" de los fondos europeos, explica este economista. "España puede perder una oportunidad enorme a este paso, porque la gestión de los fondos está diluyéndolos en burocracia y adjudicaciones por goteo al sector público, sustituyendo partidas de gasto corriente y olvidando su objetivo real, que es transformar la economía, digitalizarla realmente y hacer de este país un territorio industrializado competitivo".

Pero Moncloa se defiende. No sólo con datos, destacando que España será la economía de la eurozona que más crecerá este año y el que viene. O que el frenazo al 0,3% del PIB en el primer trimestre es menor que el del resto de los países del euro, que se quedan de media en un 0,2%. Sino preparando una batería de nuevas medidas de protección a los sectores más afectados por las consecuencias de la crisis bélica internacional.

Una de las opciones que se barajan en este momento es gradualizar el descuento de los carburantes, y que deje de ser un lineal de 20 céntimos para todos los consumidores. Además, es está estudiando la evolución de los diferentes mercados nacionales y extranjeros en el sector agrario, industrial y energético.

Precisamente, este martes el Consejo de Ministros aprobará el tope al precio del gas para generación eléctrica pactado con la Comisión Europea. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, aún no ha terminado de apuntalar el mecanismo por el que se "repercutirá en los consumidores" la diferencia entre el precio tope impuesto y el precio real de los mercados.

¿Socios o aliados?

Y entretanto, los socios morados del PSOE exigen que "el coste se sufrague con un duro recorte adicional a los ingresos multimillonarios y vergonzantes de las empresas energéticas que se han aprovechado de los altísimos precios del gas en el pasado año".

Ribera es partidaria de una especie de "déficit de tarifa" con otro nombre... es decir, diferir el pago en la factura durante un determinado tiempo. Unidas Podemos se revuelve contra eso, como dejó claro su líder y ministra, Ione Belarra, en el Consejo Ciudadano de este viernes, en el que se puso más de lado de los aliados parlamentarios de la izquierda independentista que de su socio de Gobierno.

"De los detalles de ese decreto dependerán muchas cosas", explica la citada fuente cercana al presidente Sánchez. Y de la efectividad de la medida a medio plazo se verá el margen con el que puede operar el Gobierno.

Ione Belarra, entre Lilith Verstrynge e Irene Montero, en el Consejo Ciudadano de Podemos. Efe

Porque Bruselas exige garantías de no contagio al resto de Europa y de temporalidad. Sobre todo, a la vista de que aún no está decidido qué ocurrirá con las reglas fiscales de 2023, pero sí que el Banco Central Europeo dejará de comprar deuda pública de los Estados miembros en dos meses.

Justo el plazo en el que acaba la vigencia del decreto convalidado este miércoles.

El Gobierno salvó la votación gracias a una nueva maniobra de prestidigitación sobrevenida. Aprovechando el mismo motivo que lo ponía en riesgo, el llamado caso Pegasus, Sánchez entregó un asiento en la comisión de secretos oficiales a los partidos que hasta ahora vetaba. Los que precisamente son sus socios de legislatura.

El presidente entendió que si ni la ministra de Defensa podía dar explicaciones, porque las actuaciones del CNI son materia reservada, ni el CNI tenía comisión de secretos oficiales a la que acudir, debía abrirse un nuevo candado: Bildu, la CUP, ERC y Junts debían poder sentarse en esa sala del Congreso a puerta cerrada... y con eso los herederos de Batasuna le dieron el sí.

Con eso y con su tramitación como proyecto de ley. Una concesión con la que incluso trató de seducir al PP en el momento de más nervios, la noche anterior. Pero que, ahora se ve, no era más que una caja de regalo vacía.