El PSOE recupera las pensiones como arma política y acusa a Feijóo de querer recortarlas

Uno tras otro, el portavoz Felipe Sicilia, el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía Juan Espadas, la diputada Adriana Lastra y el diputado del PSC José Zaragoza han acusado en los últimos días al nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de querer "recortar las pensiones" de los jubilados.

La encargada de abrir el fuego fue la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra. Fue el pasado 22 de abril, el mismo día que Núñez Feijóo envió a la Moncloa su plan para inyectar 15.000 millones de euros a las familias.

"No tenéis vergüenza"

"La medida estrella del plan económico del PP es recortar las pensiones", afirma el mensaje publicado por Adriana Lastra, "mientras sus primos, hermanos y amigos se enriquecen con comisiones ilícitas millonarias, quieren empobrecer a nuestros mayores. No tenéis vergüenza".

Lo cierto es que el plan económico de Feijóo no dedica, en sus 41 páginas, ni una sola palabra sobre las pensiones. Durante la presentación del documento, el nuevo vicesecretario de Economía del partido y consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, se reafirmó en que cualquier decisión al respecto debe ser consensuada entre los grandes partidos en el Pacto de las Pensiones.

Este era el espíritu del acuerdo sellado por Felipe González y José María Aznar en 1995: que las decisiones sobre las pensiones sean adoptadas por consenso, al menos entre PP y PSOE, para sacarlas del debate electoral. De este modo, ni la actualización de su cuantía, ni las decisiones que puedan resultar más impopulares, podrían utilizarse como arma arrojadiza en la confrontación política.

Tras Adriana Lastra, durante los últimos días varios líderes socialistas han salido en tromba para plantear la misma acusación contra Alberto Núñez Feijóo.

En plena precampaña de las elecciones andaluzas, el candidato socialista a la presidencia de la Junta, Juan Espadas, utilizaba el mismo argumento contra el PP: "La principal propuesta económica del nuevo PP de Feijóo y Moreno Bonilla es bajar las pensiones, como ya hizo Rajoy. Nada nuevo en la derecha que no practiquen donde gobiernan: recortes a los más vulnerables, privilegios a los que más tienen".

Aunque lo cierto es que fue José Luis Rodríguez Zapatero quien, en mayo de 2010, se vio obligado a anunciar el mayor hachazo al gasto social, para frenar un déficit público disparado a causa de la crisis económica que había negado durante meses: congelación de las pensiones, bajada del 5% del sueldo de los funcionarios, recorte de las ayudas a la dependencia, eliminación del cheque bebé y un recorte de 6.000 millones de euros en la inversión pública.

"Hemos planteado al presidente un plan de país para ayudar a las familias las dificultades que sufren a causa de la inflación", señalan al respecto fuentes del PP, "invitamos a Pedro Sánchez a hacerlo suyo".

Sin embargo, añaden las mismas fuentes, "la única respuesta que hemos recibido del PSOE es decir que el plan ha sido presentado en una sede financiada con corrupción. Este es el juego limpio que podemos esperar del PSOE. Pero vamos a mantener nuestra disposición para alcanzar los grandes acuerdos de Estado que necesita España".

"Meter la tijera"

El portavoz del PSOE Felipe Sicilia se ha sumado al debate abierto por Lastra planteando varias preguntas retóricas: "¿Merecen acaso nuestros mayores que otra vez el PP venga a recortar sus pensiones tras toda una vida trabajando? ¿Merecen acaso nuestros padres que otra vez el PP venga a recortar la atención sanitaria que reciben?"

La respuesta del PSOE a estas preguntas, explica Sicilia, es clara: "No una bajada de impuestos con la que la derecha sólo persigue meter la tijera a la igualdad de oportunidad y al bienestar y la tranquilidad de las familias".

El plan de Núñez Feijóo propone rebajar las retenciones del IRPF, con efectos retroactivos del 1 de enero, por importe de 7.500 millones de euros, para compensar a las familias por la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación.

Esta cifra equivale a la recaudación adicional que la Agencia Tributaria ha registrado en los dos primeros meses del año, gracias a la inflación. Por tanto, la rebaja fiscal que plantea el PP devolver este dinero a las familias, y no implica ningún recorte en partidas sociales como la sanidad, la educación o las pensiones.

Recortar gasto superfluo

El plan del PP (en el que han participado exsecretarios de Estado, pero también expertos de la sociedad civil) sí propone realizar una auditoría para recortar el gasto burocrático y superfluo de la Administración.

La propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la que cifró en julio de 2019 (cuando estaba presidida por el actual ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá) cifró en 30.000 millones de euros el gasto ineficiente de las distintas Administraciones públicas. De la cifra total, 14.000 millones corresponden a subvenciones que no están sometidas a ningún control público.

El think tank Civismo baraja la misma cifra, 30.000 millones de euros, en su informe sobre "gasto público no productivo".

Otras voces del PSOE, como el veterano diputado socialista José Zaragoza, se han sumado a la acusación contra los populares: "El PP propone bajar las pensiones y el gasto en sanidad y educación para poder bajar los impuestos a los que más pagan", ha sostenido Zaragoza.

Una inflación del 8,4%

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha reafirmado la decisión de actualizar las pensiones con el IPC, que el pasado mes de abril alcanzó el 8,4%, para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. 

De este modo, el gasto en pensiones podría alcanzar el próximo años los 188.500 millones de euros, una cantidad que ronda el 14% del Producto Interior Bruto (PIB) español. El ministro Escrivá también descarta, por el momento, elevar la edad de jubilación para garantizar la sostenilidad de las pensiones.