La Alta Inspección no irá a los colegios catalanes para verificar el 25% de castellano

El Ministerio de Educación, que dirige Pilar Alegría, ha informado a este diario que la Alta Inspección del Estado "no puede entrar en los centros escolares", ya que su misión se reduce a controlar los planes docentes.

Ahora bien, la resolución dictada por el TSJC ordena a la Alta Inspección que verifique el cumplimiento de la sentencia por parte de la Generalitat e informe al Tribunal de "la actividad desplegada y la situación constatada".

Las fuentes del Ministerio consultadas dicen estar a la espera de que se les notifique la interlocutoria del TSJC, antes de tomar cualquier decisión.

Por su parte, el abogado José Domingo, de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que ha logrado esta victoria judicial en representación de 1.643 familias, considera que la resolución del TSJC es tajante y que el Ministerio de Educación no puede alegar falta de medios ante el intento de la Generalitat de burlar la sentencia sobre enseñanza en castellano, que ya es firme, porque el pasado 22 de enero fue ratificada por el Tribunal Supremo. 

"Delito de desobediencia"

"La ministra de Educación está obligada a poner los medios necesarios para cumplir la labor que le encomienda el TSJC", indica José Domingo, quien sugiere que hay distintas formas para que la Alta Inspección cumpla este objetivo: por ejemplo, pidiendo a los directores que certifiquen el porcentaje de enseñanza en castellano que se imparte en su centro, con el apercibimiento de que pueden incurrir en responsabilidades legales o disciplinarias si faltan a la verdad.

Domingo señala que su entidad va a estar vigilante para garantizar que se cumple la resolución y recuerda que tanto el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray (ERC), como los directores de centros pueden incurrir en un delito de desobediencia si desacatan al Tribunal.

De momento, el conseller Gonzàlez-Cambray ha calificado de "aberrante" el escrito del TSJC y ha anunciado que su departamento interpondrá un recurso esta misma semana para demorar su ejecución.

El titular de Educación también ha garantizado que la Generalitat dará a los directores de centros "todo el escudo jurídico y legal para reafirmar la escuela catalana".

La sentencia que el Supremo ratificó el pasado mes de enero debe aplicarse en todo el sistema educativo catalán: tantos en los centros públicos como privados, desde la Educación Infantil al Bachillerato y la Formación Profesional.

El auto establece que deben impartirse en castellano al menos el 25% de las horas docentes, incluyendo la asignatura de esta lengua y otra de carácter troncal. La interlocutoria dictada ahora por el TSJC, a instancias de Escuela Bilingüe, concede a la Generalitat un plazo de 15 días para aplicar estos preceptos.

El Ejecutivo de Pere Aragonés ha recurrido hasta ahora a todo tipo de subterfugios para intentar eludir esta obligación. El Síndic de Greuges, Rafael Ribó -institución equivalente al Defensor del Pueblo catalán-, ha llegado a proponer que las horas de patio se computen como horas de enseñanza en castellano.

"Hay medios legales"

El portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Edmundo Bal, lamenta en declaraciones a EL ESPAÑOL que tanto el PP como el PSOE hayan ido despojando de competencias y capacidad operativa a la Alta Inspección del Estado, "para no molestar a sus socios independentistas de Cataluña y el País Vasco".

Bal considera que la resolución del TSJC da la razón a su partido, que desde hace años reclama que hay que reforzar la Alta Inspección, dotándola de los medios necesarios, para verificar cómo se aplica la educación en toda España. También en lo que respecta a los contenidos para evitar, por ejemplo, el adoctrinamiento ideológico en las aulas.

El portavoz de Cs considera que hay medios legales para que la Alta Inspección pueda cumplir la labor que le ha encomendado el TSJC: si es preciso, el órgano del Ministerio de Educación puede pedir al Tribunal que le autorice expresamente a entrar en los centros educativos para comprobar que, efectivamente, se imparten al menos el 25% de las clases en castellano.

La resolución del Tribunal Superior de Cataluña no deja margen para incumplir esta tarea: recuerda que se trata de una "competencia indelegable", a la que no puede renunciar el Ministerio de Educación. 

Edmundo Bal lamenta el "papelón" desempeñado en este litigio por la Abogacía del Estado, que en su último escrito dirigido al TSJC pidió que no se aplique de momento la sentencia sobre el 25% de castellano. Sin embargo, los magistrados han considerado que ya no hay más excusas para demorar su cumplimiento.

En una declaración difundida el pasado mes de marzo, directores de centros educativos defendían la inmersión lingüística como "único modelo educativo posible en Cataluña" y anunciaban su intención de negarse a acatar la sentencia. Y reclamaban el amparo de la Generalitat para evitar las consecuencias legales de esta insumisión.