La vicesecretaria general del sindicato UGT, Cristina Antoñanzas, se ha mostrado este miércoles crítica con el proyecto de Ley del Aborto impulsado por la ministra de Igualdad, Irene Montero, que el Consejo de Ministros aprobará probablemente el próximo martes para iniciar su tramitación parlamentaria.
Cristina Antoñanzas ha expresado sus dudas sobre uno de los aspectos del texto legal, el que indica que las mujeres podrán tomarse una baja laboral de tres días, entre otros motivos, si sufren reglas dolorosas.
"No sé si nos hace un flaco favor a las mujeres", ha indicado la número 2 del sindicato UGT en declaraciones a la Cadena Ser, "hay que hacer matizaciones, porque estigmatizar otra vez a las mujeres porque tengamos la baja por tener la regla (hay que hablarlo así de claro) es poner otra vez el foco sobre nosotras".
Discriminación laboral
La representante sindical ha advertido de este modo que las mujeres pueden sufrir discriminación laboral a la hora de acceder a un contrato de trabajo, ante la posibilidad de acogerse de forma regular a este tipo de bajas médicas.
Como ha informado EL ESPAÑOL, el proyecto de Ley impulsado por la ministra Irene Montero garantizará que el derecho al aborto se pueda ejercer "en todos los hospitales públicos" de España, algo que no ocurre en la actualidad debido al derecho de los facultativos a acogerse al derecho de objeción de conciencia.
Para resolver esta situación, los ministerios de Igualdad y Sanidad elaborarán un registro con las necesidades de cada centro hospitalario para que, en todo momento, se garantice el derecho el aborto a la mujer que así lo desee, como se hace ya con Ley de Eutanasia.
La norma que todavía se encuentra en fase de negociación mantiene el aborto libre hasta la semana 14 de gestación. A partir de esta semana y hasta la 21, sólo se podrá realizar aborto terapéutico, es decir, cuando el feto sufra enfermedad o malformación o esté en peligro la vida de la madre.
Contra la gestación subrogada
El texto recoge también que los centros educativos deben de garantizar a niñas y adolescentes los productos necesarios en los días de regla (como tampones y compresas), así como el acceso gratuito a estos para mujeres en riesgo de exclusión y las que están en prisión.
La ley también prevé una baja laboral para la interrupción del embarazo, si bien esta cuestión que todavía no ha sido confirmada por el Ministerio de Igualdad.
Una de las novedades en las que ha puesto más énfasis el departamento que dirige Montero es la persecución a las familias que opten por la gestación subrogada o viente de alquiler. Esta opción quedará tipificada como una forma de violencia contra mujer.
Se prohibirá la publicidad de las agencias con sanciones y, según ha informado este miércoles la Cadena Ser, los tribunales podrán perseguir a las parejas que recurran a la gestación subrogada en el extranjero, al ser una práctica ilegal en España.