Los abogados españoles de Benhalima presentan tres denuncias contra Interior por deportarle a Argelia

“En Argelia, nuestras manos están atadas, pero lo que sí podemos intentar, de cara al futuro y para próximas actuaciones, es que España sea condenada por haberse saltado a la torera tantos convenios y derechos humanos”, asegura en una entrevista a EL ESPAÑOL Alejandro Gámez, uno de los abogados españoles de Mohamed Benhalima.

Actualmente, este grupo de juristas tiene abiertas tres vías judiciales para pedir responsabilidades al Gobierno “por la mala praxis del Ministerio del Interior” ante la devolución del activista argelino a su país.

Dos de ellas son procedimientos en la vía contenciosa: contra la denegación de la solicitud de asilo y contra la resolución que acordaba su expulsión. El tercer camino es de ámbito internacional: recurrir ante el Comité de Torturas de Naciones Unidas.

Además, estos letrados están estudiando presentar una denuncia contra la Policía española por prevaricación y obstrucción a la asistencia letrada. Consideran que España conocía el riesgo que existía al deportar a Mohamed Benhalima a su país y que, aún así, han primado las relaciones bilaterales con Argelia. Señalan como responsable último al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El equipo de Behhalima está decidido a continuar para que se declare judicialmente que “la Policía se ha saltado los procedimientos para evitar el control judicial”. Los juristas entienden que sí había un riesgo de tortura y que, por lo tanto, se tenía que haber abierto el procedimiento ordinario, y en el futuro haberle concedido el asilo y refugio.

De hecho, así lo aconsejó ACNUR en un informe preceptivo, aunque no vinculante, mientras Mohamed Benhalima estaba ingresado en el CIE de Valencia. “Aún así la Oficina de Refugio y Asilo dictaminó que no, porque se puso de acuerdo con la Comisaría General de Extranjería para notificarle al mismo tiempo la resolución de expulsión”, mantiene Gámez.

Poco se puede hacer ahora para exigir a Argelia que no ejecute la condena. Sin embargo, si el caso se hubiera judicializado, los abogados de Behhalima podrían haber pedido en el juzgado español que se solicitase una serie de garantías al Gobierno al que va a ser extraditado: una de ellas que no se aplique la pena de muerte.

Sin embargo, ahora la Policía española no tiene obligación de garantizar ningún derecho a Benhalima en Argelia, al haber elegido un procedimiento preferente administrativo. De haber sido por la vía judicial, sí se podría pedir. Y el juez, en principio, tendría la obligación de solicitar esas medidas, incluso de no haber aprobado la deportación hasta que se garantizaran esas medidas. 

Presiones a Argelia

De todos modos, Amnistía Internacional ha mostrado su consternación al conocer que Mohamed Benhalima ha sido condenado a muerte y considera que “el gobierno español debe presionar para que se anule la pena”. 

Igualmente, los abogados van a recurrir en contencioso administrativo la resolución de expulsión porque “no hay ningún dato que diga que Benhalima es un peligro para la seguridad nacional”.

Los propios acuerdos del procedimiento “solo dicen que es conocido de uno, que este es muy conocido de otro que forma parte de Rachad -movimiento islamoconservador que en sus inicios se unió a las protestas pacíficas del Hirak-, y que en sus filas puede que haya militantes islamistas o radicales. Por lo que él también es un peligro”. Palabras de Alejandro Gámez, el letrado de Benhalima.

No se entiende que el gobierno se haya tomado “todas esas molestias” para deportar a Benhalima cuando en el acuerdo “no hay ni una sola prueba de que sea ni fundamentalista ni islamista, ni nada. Al contrario, si hubieran querido, habrían visto que su labor como activista en internet es de opositor político, puro y duro”, reitera Gámez. 

En cuanto al gobierno de Argelia, Gámez afirma que “está de por medio, es indudable, porque si hubiera pedido la deportación, como estaba condenado en ausencia y hay riesgo a condena a muerte, como luego se ha sabido, se tendría que haber hecho a través de una extradición. Y en el procedimiento de extradición, los ciudadanos españoles deberían haberla denegado por el riesgo de condena a muerte”.

Esto deja en evidencia, a juicio de los abogados de Benhalima, un acuerdo entre gobiernos, el de España y Argelia, para evitar el control judicial. Sin conocer por el momento qué se ha conseguido a cambio, más allá de calmar el malestar de Argel, que cinco días antes había retirado a su embajador de Madrid ante el apoyo de Pedro Sánchez al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental.