Fuentes del Gobierno admiten que así se asumieron las palabras del comisario, como un primer aviso público que sirve de alerta para no tener que llegar a la advertencia.

"Así funcionan las cosas en Europa", abunda un alto funcionario de la UE. "Pero normalmente es un portavoz el que cuela esa primera alerta, de manera elegante, en una comparecencia rutinaria".

En esta ocasión, la rueda de prensa era de ésas de calendario, presentando previsiones. Pero fue el comisario para Asuntos Económicos y Monetarios en persona el que dejó caer, en medio de una respuesta sobre el segundo paquete de 12.000 millones de los Fondos de Recuperación pedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez, que "España también se ha comprometido a aprobar un paquete de medidas que garanticen que el sistema de pensiones sea fiscalmente sostenible".

La segunda pata de la reforma de las pensiones en España, la del llamado "mecanismo de equidad intergeneracional", se aprobó a finales de año, pero Bruselas no la ve suficiente, y quiere precisiones en la tercera parte: el destope de las cotizaciones máximas, la remodelación de las de los autónomos y, sobre todo, la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones.

Bruselas quiere ver los borradores cuanto antes, no en vano Gentiloni sugirió que condicionaba ese segundo desembolso de los Next Generation EU a saber cómo pretende España "hacer sostenible" el factor de sostenibilidad que derogó en 2021, a la vez que indexaba la revalorización de las pensiones al IPC.

Porque en el lado del gasto, por una parte, las medidas para aliviar el impacto de la guerra en Ucrania impedirán una reducción más intensa. Y por la otra, el Ejecutivo de coalición no ha presentado un plan de consolidación como tal... y se ve más la conversión en estructurales de determinados gastos sociales nacidos con la pandemia que la racionalización. 

Según Bruselas, en 2022, el déficit público bajará desde el 6,9% al 4,9%, pero menos por la racionalización del gasto corriente que por el crecimiento del PIB y, sobre todo, la aceleración de los ingresos tributarios, particularmente de los impuestos sobre la producción y las importaciones. Y a la Comisión no se le escapa que esa alza es producto de la inflación desbocada... o sea, un falso buen síntoma, que anticipa un frenazo posterior, si no hay reformas.

"Si la inflación sube al 6,3%", como prevé el último cuadro macroeconómico de Calviño, "será obligado subir así las pensiones en esa cuantía", explica un miembro del Gobierno a este diario, consciente de que en la Comisión saben que esas subidas se convierten en estructurales.

"Pero habrá que explicarlo bien en Bruselas, hacerles ver que es un alza puntual y presentar un buen mecanismo de equidad intergeneracional que les convenza".

'Trampas' estadísticas

Por el momento, esta negociación con los agentes sociales sigue estancada, y las dos patas ya aprobadas de la reforma de las pensiones incluye dos pequeñas trampas al discurso oficial de que las pagas a los jubilados "nunca más perderán poder adquisitivo".

La primera, que su indexación no es al IPC interanual, sino a la media del año: así, cuando se calcule, con el cierre de noviembre, el Gobierno saldrá ganando por el efecto estadístico (si se cumple la previsión de que ya en mayo ha comenzado la desaceleración de la inflación).

El segundo subterfugio es que "ya no hay paguilla" en enero para compensar el desvío entre la subida aprobada a inicios de año y la que efectivamente se haya dado. "Ahora, el cálculo se hace mirando atrás, no proyectando al año entrante", recuerda este miembro del Gobierno.

Y por eso, en 2022 las pensiones subieron un 2,5%... que fue la media del alza en el IPC del año pasado: mucho menos que la subida real, que alcanzó el 6,5% interanual en diciembre.

Para el año que viene, la Comisión prevé que el déficit se reduzca al 4,4% (todavía por encima del 3% que marca el Pacto de Estabilidad) debido también al crecimiento y a una cierta moderación del gasto. "No obstante, la indexación de las pensiones podría resultar en un gasto mayor del previsto si persisten las presiones inflacionistas", avisaba el informe que presentó Gentiloni el lunes pasado.

Viene de lejos

Este periódico ya informó el pasado 30 de marzo de que el Gobierno trabajaba en varios planes para presentar a la Comisión.

Entonces, una fuente muy cercana al presidente Sánchez admitía que "las pensiones no pueden subir el año que viene un 7%, eso es imposible". Y de ahí el empeño en ponerle coto al IPC, por ejemplo, con el tope al precio del gas, gracias a la "excepción ibérica", arrancada en el Consejo Europeo de hace ya dos meses... pero que aún no está aprobada definitivamente por la Comisión.

"Gentiloni nos dio un aviso el lunes, quiere comprobar que todo es sostenible. Queda una tercera para de la reforma de las pensiones y en Bruselas quieren asegurarse", admite este miembro del Ejecutivo ahora. "Ésta es la reforma, junto a la laboral, que más reuniones ha provocado con la Comisión", reconoce, "porque son los dos desequilibrios económicos de los que más nos vinieron advirtiendo desde hace años".

Sánchez, en todo caso, cree contar con dos ventajas en su mano para esta negociación clave, según las fuentes de Moncloa. La primera de ellas, que "Escrivá tiene mucha credibilidad en Bruselas".

Y la segunda, que "nos llevamos muy bien con Gentiloni, confía en nosotros y en nuestra seriedad". Pero lo cierto es que el comisario condicionó el segundo desembolso de fondos, ya solicitado por España, a una reforma que el calendario no prevé hasta finales de 2022.