Los grupos parlamentarios de PSC-Units, ERC, Junts y los comuns han pactado este martes por la tarde una proposición de ley en defensa del catalán en la escuela, han anunciado en un comunicado. Deja al castellano sin el 25% que había fijado el TSJC y se impartirá según decidan los centros.
Los cuatro grupos han registrado en el Parlament la 'proposición de ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria' que tiene como objetivo hacer frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que fija un mínimo del 25% de castellano en las aulas, y que el tribunal pidió aplicar antes del 31 de mayo.
Catalán, "vehicular"
La proposición de ley recoge que el catalán, "como lengua propia de Cataluña, es la lengua normalmente empleada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo y la de uso normal en la acogida" de los alumnos recién llegados.
A renglón seguido, añade que el castellano se utilizará "en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro", siguiendo los criterios que fija la propia ley, que no habla de porcentajes.
El texto subraya que la "determinación de las lenguas oficiales en la enseñanza debe tener en cuenta la situación sociolingüística general, la de los centros y su entorno", además de los objetivos de normalización lingüística y la evolución de aprendizaje oral y escrito.
Además, afirma que "la enseñanza y el uso curricular y educativo del catalán y del castellano deben estar garantizados y tener una presencia adecuada en los currículos y en los proyectos educativos", para que todos los alumnos dominen ambas lenguas al final de la educación obligatoria -en Aran, también deberá garantizarse el aprendizaje y uso del aranés-.
"El alcance de esta presencia se debe determinar exclusivamente con criterios pedagógicos y de manera singularizada para cada uno de los centros educativos y se debe hacer desde un abordaje global, integrador y de transversalidad curricular que incluya todos los espacios educativos y recursos de aprendizaje", recoge el documento.
Los proyectos lingüísticos del centro se ajustarán a la ordenación curricular de cada etapa educativa y deben elaborarse "de acuerdo con los criterios fijados por el departamento competente".
La proposición de ley pactada por los cuatro grupos tiene un contenido muy similar a la reforma de la Ley de Política Lingüística que acordaron pero de la que Junts se desmarcó --la exposición de motivos es prácticamente idéntica--, añade más criterios para determinar el uso de lenguas en la escuela e incorpora que este uso se determinará con criterios exclusivamente pedagógicos, algo que no aparecía en el acuerdo inicial.
Proteger a los centros
En paralelo a esta ley, está previsto que el Govern apruebe un decreto ley que sirva para proteger a los centros educativos dando la responsabilidad a la Conselleria de Educación de validar los proyectos lingüísticos de cada escuela, y también recogerá explícitamente que no se pueden fijar porcentajes en el uso de lenguas en la enseñanza.
Este acuerdo ha llegado tras semanas de negociaciones y después de que Junts se descolgase del primer pacto que firmaron las cuatro formaciones para modificar la Ley de Política Lingüística.
Ante la orden del TSJC de aplicar la sentencia del 25% de castellano, los grupos han intensificado las negociaciones y finalmente han logrado un acuerdo que mantenga el "consenso" que han reivindicado para aprobar esta iniciativa con el apoyo de las cuatro formaciones.
Ahora, PSC, ERC, Junts y los comuns han solicitado una convocatoria urgente de la Junta de Portavoces para ampliar el orden del día previsto para el pleno de este miércoles y miércoles con el objetivo de incorporar la ley sobre el catalán, y prevén que la Junta se reúna este mismo martes por la tarde.
En el registro de la proposición de ley, han pedido que se tramite por el procedimiento de lectura única y por urgencia extraordinaria, de manera que podría aprobarse en el pleno de esta semana y lograrían que el Parlament diera luz verde a esta iniciativa antes de finalizar el plazo fijado por el TSJC.