La UE advierte a Sánchez que puede perder 5.000 M por no pedir a tiempo los Fondos de Cohesión

Así se lo recordaba el Consejo de la UE a Pedro Sánchez en el documento publicado con fecha de este 23 de mayo y presentado por el comisario Paolo Gentiloni. Bruselas advierte de que España lleva más de 11 meses de demora, desde que en junio de 2021 se aprobó el presupuesto plurianual 2021-2027 de la Unión. "O nos damos prisa o perderemos una anualidad completa de los Fondos de Cohesión", advierten a este periódico funcionarios de las instituciones europeas.

Nuestro país debería percibir en este periodo hasta 35.589 millones de euros. Casi 18.100 serían para las regiones cuyo PIB per cápita es inferior al 75% de la media de la UE (Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura). 

Otros 11.522 millones se distribuirían entre las Comunidades Autónomas que superan ese umbral, pero no llegan a la media europea (Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Baleares y Canarias).

Y otros 4.398 millones tendrían como destino a los territorios con más PIB per cápita que la media europea (Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco, Aragón y Navarra).

El resto, algo más de 1.500 millones de euros son para programas específicos de regiones más afectadas por la transición climática, las ultraperiféricas y las poco pobladas. [consulte aquí el documento]

Las fuentes europeas consultadas destacan que "sólo cinco países han presentado sus pliegos, es cierto, porque todos se están centrando en los Fondos de Recuperación, que son más fáciles de tramitar y urgentes". Pero Grecia, otro país en circunstancias similares a España, con una vigilancia "exhaustiva" como la de España, se puso a la carrera ya el pasado mes de julio. 

Susana Solís, eurodiputada, pertenece al la comisión REGI de Desarrollo Regional en el parlamento Europeo. "Sería irresponsable olvidar que la política de cohesión ha sido un pilar fundamental para el desarrollo de las regiones en España", recuerda en conversación con este diario.

"Ha servido para invertir en políticas de innovación, para mejorar el sistema educativo y la formación profesional, y para posicionar a España como un referente europeo en infraestructuras como el AVE", añade Solís. "Sin embargo, estos últimos meses estamos viendo que España está a la cola en la preparación de los programas operativos en la UE".

Lo cierto es que, según altos funcionarios de las instituciones, la Comisión lleva un año advirtiendo a los Gobiernos de los Estados miembros, y concretamente al español, de que se les echaba el tiempo encima. "Bruselas tarda alrededor de seis meses en estudiar la documentación", recuerdan.

De hecho, la Comisión ya ha avisado a los representantes permanentes españoles en Bruselas de que "no hará la vista gorda" y, si los papeles llegan tarde, España "perderá la primera de las anualidades"... porque, además, son hasta 22 los Estados miembros que no han presentado su Acuerdo de Asociación ni los programas específicos.

"Nos jugamos mucho dinero con la política de cohesión y nos han pintado la cara, a pesar de tener regiones que lo necesitan imperiosamente", incide una fuente del PP a este periódico. Efectivamente, el 70% de las Comunidades Autónomas españolas vive todavía con un PIB per cápita inferior a la media de la UE. En ellas habitan 28,41 millones de españoles, el 60% de la población de nuestro país, que perderían miles de millones de euros "que ya nunca volverían".

Un dictamen durísimo

El dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2022 de España, con fecha del 23 de mayo incluye una evaluación completa de la situación económica española, el acierto o desacierto de las políticas del Gobierno, según la Comisión Europea, y un repaso completo a las reformas comprometidas con Bruselas. Y a pesar del empeño de la vicepresidenta Nadia Calviño, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los 13 folios del documento son demoledores.

Ya en la primera página, Gentiloni -firmante del texto- recuerda que "el Informe sobre el Mecanismo de Alerta" publicado por la Comisión el 24 de noviembre de 2021, "señalaba a España como uno de los Estados miembros para los cuales sería necesario un examen exhaustivo". Y este repaso concluía en varias advertencias, numerosos avisos y este serio toque de atención.

"La Comisión ya nos dio un tirón de orejas en noviembre y no hemos reaccionado", recuerda la eurodiputada Solís, integrada en los liberales de Renew por la lista de Ciudadanos. "Por mi parte, llevo meses denunciándolo en el Parlamento Europeo y ante las instituciones españolas. Es inaceptable que vayamos a perder 5.000 millones en un momento de crisis como el que vivimos".

Nadia Calviño, que presidía este martes la reunión del Gobierno en ausencia de Pedro Sánchez, comparecía en Moncloa para presentar el PERTE de los microchips. Precisamente la apuesta final del Ejecutivo en los programas estratégicos vinculados al Plan de Recuperación que a esas horas trataba de vender el presidente en Davos.

Su versión del informe del comisario de Asuntos Económicos era muy distinta: "Las previsiones de primavera de la Comisión dicen que seguiremos teniendo fuerte recuperación económica y del empleo. Avalan nuestro cuadro macro y fiscal y las recomendaciones son sólo generales, ninguna específica, como sí se ha hecho en otros países".

Insostenibilidad de las cuentas...

Sin embargo, el texto está lleno de advertencias y avisos. La primera es que "sería apropiado pasar de una orientación fiscal agregada expansionista en 2020-2022 a una orientación fiscal agregada globalmente neutra en 2023". Pero que se señala un "alto riesgo de sobreestimación de las perspectivas económicas" españolas en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania.

Porque aunque "la respuesta fiscal tiene que impulsar la inversión pública [...] y sostener el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables", el informe sobre España detecta "deficiencias en relación con retos que no se abordan o se abordan solo parcialmente en el Plan de Recuperación y Resiliencia, así como retos nuevos y emergentes, como los derivados de la invasión de Ucrania por parte de Rusia".

Y aquí viene el primer aviso: "La Comisión concluyó que España está experimentando desequilibrios. En particular, las vulnerabilidades están relacionadas con el alto nivel de deuda externa pública y privada en un contexto de alto desempleo".

A la vista de que "no se cumple el criterio de déficit" y a pesar de que se dan por buenas las iniciativas para combatir los efectos de la Covid, "algunas de las medidas que "se anunciaron como temporales" amenazan con perpetuarse "en caso de que los precios de la energía se mantengan elevados también en 2023". Otras no son selectivas, como "la reducción del impuesto especial sobre la electricidad".

Y todo esto hace que, "según el análisis de la Comisión, los riesgos para la sostenibilidad de la deuda parecen elevados a medio plazo". 

...insostenibilidad energética

La segunda advertencia versa sobre la llamada autonomía energética. En este punto, el documento es especialmente duro con el Gobierno, al que no le reconoce ninguno de los méritos de España.

Al contrario, urge al Ejecutivo de Sánchez a tomar "medidas adicionales tendentes al desarrollo de las energías renovables" y a acometer "inversiones complementarias".

Según el comisario Gentiloni, España tiene que gastarse los fondos europeos en más capacidad de almacenamiento, en unas mejores infraestructuras de redes, en la electrificación de los edificios y, sobre todo, en "la integración efectiva de España en el mercado único de la energía", que requiere "un mayor desarrollo de sus interconexiones energéticas".

De hecho, "se recomienda que las nuevas inversiones en redes e infraestructuras relacionadas con el gas sean, en la medida de lo posible, adecuadas para el futuro". Es decir, que si el Gobierno quiere el gasoducto que la conecte al resto de Europa cruzando bajo los Pirineos, el llamado Midcat, debe pagárselo con los fondos de recuperación previstos para su "sostenibilidad a largo plazo".

Las fuentes europeas avisan de que el comisario económico está presionando para que el dinero que la UE considera necesario para su "autonomía energética", unos 300.000 millones, salga de otros fondos, como el desarrollo regional. 

"Esto puede tener un efecto devastador para las regiones", anuncia la eurodiputada liberal. "Según la nueva propuesta RepowerEU de la Comisión, las regiones pueden perder hasta un 15% de los Fondos de Cohesión y de Agricultura para financiar grandes infraestructuras de gas".