La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, tiene previsto someter a votación de las comunidades autónomas este miércoles, en el Consejo Territorial de Servicios Sociales, el borrador del nuevo sistema de acreditación estatal de las residencias de ancianos y servicios de dependencia.
El departamento que dirige Ione Belarra lleva más de tres meses negociando con las patronales del sector este documento, que regulará la acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
La negociación no sólo se ha cerrado sin acuerdo, sino que el texto final que ha puesto en pie de guerra a todo el sector. Las cuatro grandes patronales de empresas dedicadas a la dependencia (AESTE, ASADE, CEAPS y FED) emitieron ayer un comunicado en el que califican de "inaceptable" la propuesta del Ministerio que dirige Ione Belarra y denuncian la ausencia que una memoria económica que cuantifique el coste de estos cambios y aclare cómo se va a financiar.
Un máximo de 120 plazas
El aspecto más polémico del texto es el número máximo de plazas que se establece para las residencias de ancianos: 75 plazas para los centros ubicados en el medio rural, 90 en zonas de densidad media de población y 120 en las zonas urbanas.
Este límite no sólo es vinculante para las residencias de nueva planta: las existentes tendrán un plazo de siete años para adaptarse, que culminará el 31 de diciembre de 2029.
Para ello, el documento permite que las residencias existentes de grandes dimensiones queden compartimentadas en unidades de no más de 120 plazas (o 75, si están en el medio rural), cada una de las cuales actuará como si fuera una residencia independiente.
Cada una de las unidades deberá contar con su propia plantilla y servicios comunes (como cocina y comedor). Pero esta solución, denuncian las patronales del sector, sólo se podrá aplicar en aquellos centros cuyas condiciones arquitectónicas lo permitan.
Generación del 'baby boom'
El presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, denuncia que el modelo impuesto por Ione Belarra disparará en un 50% el coste de las plazas de residencias y hará que muchas empresas del sector resulten inviables: las patronales estiman que implicará el cierre de 72.500 plazas (el 25% de las existentes en la actualidad).
En la actualidad hay en España 290.000 plazas privadas de residencias de ancianos. De ellas, 190.000 son concertadas (es decir, subvencionadas parcialmente por la Administración), mientras que las 100.000 restantes son completamente privadas.
Ignacio Fernández-Cid, presidente de Federación Española de Dependencia (FED).
En el primer caso, las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en esta materia, subvencionan cada plaza de residencia de ancianos con una media de 1.685 euros al mes (54 euros diarios, más un 4% de IVA).
El coste real de cada plaza ronda los 2.000 euros al mes, que se dispararía un 50%, hasta alcanzar los 3.000 euros, si entran en vigor las medidas impuestas por la ministra Ione Belarra.
Por otro lado, actualmente están en construcción un total de 38.500 plazas de residencias de ancianos. Las patronales del sector denuncian que el plan de Belarra puede provocar que buena parte de estas inversiones se paralicen, debido a la "inseguridad jurídica" que implican los cambios impuestos.
Siempre según las estimaciones del sector, España tiene un déficit de 75.000 plazas para atender una población cada vez más envejecida. La paralización de inversiones y el probable cierre de cientos de empresas que no podrán adaptarse a la nueva normativa estatal agudizará aún más este déficit, a las puertas de que alcance la edad de jubilación la generación del baby boom.