Ningún partido cree a Sánchez: la ley obligaba al CNI a informarle de lo que averiguara sobre Cataluña

Así lo dispone el artículo 1 de la Ley 11/2002 reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, según el cual este organismo tiene como principal función "facilitar al presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones".

Para cumplir esta prerrogativa, la directora del CNI puede despachar personalmente con el presidente del Gobierno o con la ministra de Defensa (de la que depende orgánicamente).

"Ni conoce ni decide"

Además, la directora del CNI también asiste a las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional, del que forman parte el presidente del Gobierno, todos sus ministros, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el director del gabinete de Presidencia del Gobierno y los secretarios de Estado de Exteriores y Seguridad.

Ilustración: Tomás Serrano.

Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez se escudó en que él "ni conoce ni decide" a quién interviene los teléfonos el CNI, una operación que se realiza bajo el control y la autorización de un magistrado del Tribunal Supremo.

El presidente del Gobierno señaló que su responsabilidad personal es marcar cada año las prioridades en la labor del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para combatir las amenazas a la seguridad nacional.  

"El Gobierno lo que hace es marcar las prioridades en materia de riesgos para la seguridad nacional en su directiva de inteligencia", indicó  Sánchez para salir al paso de las críticas de sus socios parlamentarios, "pero el Gobierno ni conoce ni decide sobre las decisiones operativas de los servicios de inteligencia, que son siempre sometidas a quien tiene la decisión final, que es la autoridad judicial que realiza el control legalmente previsto".

Una directiva "secreta"

Según su explicación, habría conocido a través de los informes del CNI, o de boca de su directora, los resultados de la investigación a los líderes independentistas, pero sin ser consciente de que entre los espiados se encontraba Pere Aragonés.

Más adelante, Pedro Sánchez volvió a insistir en el mismo argumento: "Yo no debo decidir a quién se deben intervenir los teléfonos. La responsabilidad política que tengo como presidente es definir cuáles son los riesgos y los desafíos para la seguridad nacional en cada año".

La Ley 11/2002 reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), aprobada durante la segunda legislatura de Aznar, establece que corresponde al Gobierno establecer cada año sus objetivos, mediante "la Directiva de Inteligencia, que tendrá carácter secreto", señala su artículo 3.

Para explicar los motivos de esta actuación del CNI, Sánchez aludió durante el debate parlamentario a los graves disturbios registrados en Cataluña tras hacerse pública, en 2019, la sentencia del Tribunal Supremo por el golpe del 1-O: "Hubo una contestación muy importante, el intento de toma de una infraestructura como el aeropuerto del Prat, se intentó impedir que los controladores aéreos subieran a la torre, se produjeron sabotajes diarios en los trenes de cercanías".

Pero estas explicaciones no han convencido a casi nadie: ni a los grupos independentistas, ni al resto de socios parlamentarios del Gobierno, ni a los partidos constitucionalistas. Incluso Unidas Podemos ha planteado algunas objeciones a la exposición del presidente.

Tras cinco horas de debate, un dirigente de ERC abandonaba el Hemiciclo mostrándose "decepcionado" por la comparecencia del presidente del Gobierno.

"Pere Aragonés todavía no sabe por qué le espió el CNI", explicó este dirigente de ERC, "nadie puede creer que él era el jefe de los CDR". Pero Aragonés sí jugó un papel fundamental en la negociación de la investidura de Pedro Sánchez, mientras era espiado del CNI. 

Los disturbios de Cataluña

La mera nómina de independentistas cuyas comunicaciones intervino el CNI, añade dicha fuente, demuestra que el motivo de este espionaje sólo podía ser "político".

El mismo dirigente de ERC avanza que en los próximos días se van a conocer los nombres de otras personas cuyos teléfonos fueron hackeados con Pegasus, en este caso en el País Vasco, lo que desmontaría la tesis de que el CNI estaba investigando el origen de los disturbios registrados en Cataluña tras la sentencia del 1-O.

Durante el debate, tanto Unidas Podemos como el PNV insistieron en reclamar a Pedro Sánchez que desclasifique los documentos del CNI referidos al espionaje a líderes independentistas, sin esperar a que lo reclame un juez.

El portavoz del PNV Aitor Esteban añadió una referencia enigmática, dirigida al presidente Sánchez, al afirmar que el juez que aprobó las intervenciones telefónicas con Pegasus "no sabía exactamente lo que estaba autorizando, no me haga hablar, si quiere se lo explico luego".

Pedro Sánchez puso en duda durante su comparecencia las conclusiones del informe del instituto Citizen Lab, que eleva a 65 la nómina de dirigentes independentistas espiados con Pegasus.

Desde el Gobierno, Unidas Podemos se sumó a la tesis de PNV, ERC y Bildu, que atribuyen a las "cloacas" o a organismos del Estado que escapan al control del Gobierno, el hackeo del teléfono móvil de estos activistas. "En democracia se dialoga con los adversarios, no se les espía", advirtió el diputado de Unidas Podemos Jaume Asens dirigiéndose al presidente del Gobierno.

Sánchez puso en un mismo plano, durante su intervención, el espionaje a los independentistas y el hackeo de su propio teléfono móvil y al de dos ministros (la titular de Defensa, Margarita Robles, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska) durante la crisis diplomática con Marruecos de 2021. Esta maniobra permitía al presidente diluir la responsabilidad al mostrarse, él mismo, también como víctima de espionaje.

El móvil del presidente

Al respecto, la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, registró este jueves ante el Congreso la solicitud para la nueva directora del CNI, Esperanza Castelerio, comparezca ante la Comisión de Secretos Oficiales, con el fin de que explique los detalles del espionaje sufrido por Sánchez, Robles y Marlaska en sus teléfonos móviles.

Tal como expuso Gamarra desde la tribuna, los populares quieren conocer "el contenido y la naturaleza de la información sustraída de los teléfonos móviles" del presidente Pedro Sánchez (al que robaron casi 7 Gigas de información en plena crisis con Marruecos) y de los ministros Margarita Robles y Grande-Marlaska. 

La petición también alude al hackeo de los móviles del ministro de Pesca, Luis Planas (en su caso, el CNI ha certificado un intento de intrusión con Pegasus, que no habría fructificado) y de la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya, quien dirigió la entrada en secreto del líder polisario Brahim Ghali en España, que desató la crisis diplomática con Marruecos.

El PP registró ayer la petición de comparecencia de la nueva directora del CNI, Esperanza Castelerio, ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.

En el documento registrado, el PP también anuncia que pedirá explicaciones a Esperanza Castelerio sobre el "cumplimiento de las medidas de seguridad recomendadas por el CNI en dichos terminales telefónicos".

Durante el debate, la popular Cuca Gamarra sugirió que el robo de esta información de su móvil puede haber condicionado los "sorpresivos cambios" impuestos por el presidente Pedro Sánchez en la política exterior española, dijo en alusión al reconocimiento de las pretensiones de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.

Concluido el debate parlamentario, una fuente oficial de Moncloa respondía ante los periodistas que el robo de información de su móvil "evidentemente no" está condicionando las decisiones del presidente Pedro Sánchez.