Sánchez no satisface a sus socios con su falta de datos sobre el espionaje y su imprecisa reforma legal

El Gobierno no conoce las actividades del CNI, el PP es un partido con casos de corrupción y uso ilegal de las instituciones, no existen las "cloacas" o "el Estado profundo", reafirmamos la vía del diálogo en Cataluña y propondremos reformas en la regulación de los servicios secretos. En esas líneas se ha movido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia en el Pleno del Congreso para dar explicaciones sobre el presunto espionaje a líderes independentistas con el programa Pegasus.

Probablemente, era la comparecencia más complicada de Sánchez, porque debía dar cuenta de un escándalo por el que le critican duramente hasta sus socios parlamentarios, porque todos forzaron su presencia en el pleno y también porque para los presidentes del Gobierno precedentes siempre ha sido un punto de inflexión el momento en el que deben dar explicaciones de este tipo de hechos.

Hace semanas sacrificó a la directora del CNI y ahora, ya sin parapetos, debía dar cuenta él mismo ante el Congreso.

"No sé qué me produce más desazón que usted conozca el espionaje o que no lo conozca", le ha replicado Aitor Esteban (PNV), como muestra de las críticas de sus socios parlamentarios y su insatisfacción por la falta de explicaciones del presidente del Gobierno. Por entender que sería grave que el CNI actuara por libre y, en caso contrario, que se utilicen los servicios secretos para espiar a los adversarios políticos.

"Nosotros sostenemos a su Gobierno y usted nos espía, ¿le parece normal?", le ha reprochado la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, quien le ha advertido para que "cuide el bloque de la investidura".

Sus socios, incluido Jaume Asens, del grupo de Unidas Podemos, le reprochan la falta de explicaciones y que mantenga las llamadas "cloacas" del Estado.

Algunos hasta han hecho explícito que le salva el hecho de que la alternativa del PP y Vox sea tan mala para ellos que harán lo posible para evitarla y, por tanto, para mantener a Sánchez en la Moncloa.

Por eso, la legislatura no está en peligro, pese a grietas que se abren casi diariamente, como ésta de las sospechas de espionaje. Gabriel Rufián (ERC) ha llegado a acusar a Sánchez de usar el "chantaje permanente".

Dirigiéndose a los socios de Sánchez, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha concluido: "Nunca encontrarán un presidente tan débil que les permita llegar tan lejos".

El presidente del Gobierno no ha aportado ningún detalle ni dato nuevo, refugiado en compromisos obvios sobre la legalidad de todas las actividades del Ejecutivo y, sobre todo, escudado en el señuelo de una propuesta de reforma de la regulación legal de los servicios secretos que no ha concretado, ni tiene asegurada su futura tramitación parlamentaria.

Preguntas sin respuesta

Ha pasado el trago, pero no ha respondido a las decenas de preguntas planteadas por los diferentes portavoces. Por ejemplo, sobre cómo es posible que el CNI no le traslade que investiga a líderes independentistas con los que negocia acuerdos de investidura; quién es responsable de la seguridad del móvil de los miembros del Gobierno; cada cuánto tiempo se le revisa el terminal; por qué destituyó a la anterior directora del CNI; quién espió a decenas de independentistas sin autorización judicial como denunció Citizen Lab; qué información sobre actividades delictivas lograron con esa intervención o qué datos extrajeron de su terminal. Ninguna ha tenido respuesta.

Por eso, no ha encontrado respaldo de ningún portavoz y todos le han expresado duras críticas, desde diferentes posiciones e incluidos sus socios habituales en el Parlamento.

Desde el PP que le acusa de dañar instituciones y pactar con quienes considera tan peligrosos como que hay que espiarles a ERC que le reprocha que no quiera acabar con lo que llama las "cloacas del Estado". O Junts, que le reprocha que espíe a adversarios políticos, aunque sea con autorización judicial.

Tampoco ha concretado Sánchez cómo será esa futura regulación legal de los servicios secretos, sólo que modificará la ley orgánica de control judicial de las actividades del CNI. Y ha anunciado un proyecto de Ley de Secretos Oficiales que ya estaba comprometido desde diciembre y anunciado por el ministro Félix Bolaños en el Congreso hace un mes y a pesar de que el PSOE ha bloqueado en el Congreso desde 2019 con 80 prórrogas de plazos de enmiendas una iniciativa del PNV para aprobar esa ley.

Lo ha bloqueado porque discrepa de sus socios parlamentarios en el alcance del levantamiento del secreto para evitar, por ejemplo, que alcance al 23-F o a los GAL. Por eso, la iniciativa reafirmada por Sánchez tiene un futuro incierto en el trámite parlamentario, por dudas en su respaldo parlamentario y por los plazos para su aprobación en lo que queda de legislatura.

La Ley de Secretos en vigor fue aprobada en 1968. Es decir, siete años antes de la Constitución. No fue cambiada por ninguno de los Gobiernos democráticos y ha sido utilizada por todos ellos, por ejemplo, para no informar de uso de medios públicos como los aviones de las Fuerzas Aéreas que están a disposición de los miembros del Ejecutivo, los llamados Falcon.

No ha dado datos nuevos sobre el espionaje a independentistas, ni sobre el "fallo de seguridad" que permitió la intromisión en su móvil y el de la ministra de Defensa y el del titular de Interior. Sobre lo primero ha puesto en duda sin precisar el informe de Citizen Lab que hablaba de al menos 63 independentistas espiados y ha ratificado que sólo se monitorizó a 18 con autorización judicial.

Ha repetido expresiones como que "el Gobierno no comete ilegalidades", con valor relativo porque es impensable que un presidente pueda decir lo contrario. Ha hablado de "dudas razonables" del informe de Citizen Lab que denunciaba los espionajes a independentistas, pero no ha precisado cuáles son esas objeciones, más allá de señalar que aquel estudio admitía que es imposible determinar quién era el autor de las intromisiones.

Sólo en la réplica ha justificado mínimamente el espionaje a independentistas llevado a cabo por el CNI; según él, de forma autónoma, al referirse a los cortes de carreteras y el bloqueo del aeropuerto de El Prat llevado a cabo en 2019, justo cuando se utilizó Pegasus.

Se ha escudado en el informe elaborado por Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, que aseguraba que todo fue legal y amparado por un juez. Sánchez ha reiterado en varias ocasiones que Gabilondo "actuó de oficio", aunque esa investigación fue ofrecida por el ministro Bolaños a la Generalitat cuando se inició el escándalo.

El Gobierno no lo controla

En todo caso, reiteró la tesis de que ni él ni el resto del Gobierno saben a quién espía el CNI: "El Gobierno no decide ni conoce las decisiones operativas de los servicios de inteligencia".

Sobre lo segundo, no ha explicado nada sobre el nivel de seguridad de su móvil y los controles, aunque ha reiterado lo del "fallo", sin especificar si la competencia es del CNI o de la Secretaría de Presidencia. Sí ha dicho que eso ocurre en otros países como Francia o Reino Unido y ha justificado hacerlo público por razones de transparencia. De hecho, ha querido llevar el escándalo a "un debate que se produce en todo el mundo" sobre los avances tecnológicos y la necesidad de adaptar la seguridad.

Otra línea maestra de su discurso ha sido reivindicar la vía de diálogo abierta con Cataluña, para tranquilizar a sus socios independentistas.

Y la última línea estuvo en el arranque arremetiendo con dureza contra el PP por sus casos de corrupción. Su defensa fue un duro ataque contra el PP, con referencia a Kitchen y a Gürtel.

También a las conversaciones entre la exministra y exdirigente del PP Dolores de Cospedal con el excomisario Villarejo, pero omitiendo que también hubo grabaciones similares con Dolores Delgado, fiscal general del Estado y antes ministra de Justicia de Sánchez.

El presidente del Gobierno ha utilizado los argumentos habituales contra el PP, como que no apoyan la bajada del recibo de la luz o los estados de alarma, para concluir que los populares no han terminado de reconocer nunca su triunfo electoral en 2019.

Inés Arrimadas (Ciudadanos) ha sido muy crítica con Sánchez por su relación y complicidad con los independentistas catalanes, pese a que sostienen que "lo volverán a hacer" y contra los socios del presidente, como Bildu, de cuya portavoz ha dicho que fue condenada por apología del terorismo.