El Gobierno se niega a informar de los beneficios a los presos de ETA por la "protección de datos"

El Gobierno se ha negado taxativamente a informar al Congreso sobre los beneficios penitenciarios concedidos a condenados por el terrorismo de ETA. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha denegado esta información al Legislativo, hace apenas una semana, en una respuesta por escrito a la que ha podido acceder este periódico, y en contestación a una pregunta remitida por el Grupo Parlamentario Popular. 

Las firmantes de la petición de información, Cuca Gamarra, secretaria general del PP; y Ana Vázquez, portavoz de asuntos de Interior de los populares, reclamaban esta información "sin vulnerar los derechos a la protección de datos de carácter personal" [consulte aquí el documento].

Es decir que, como explicaban en su escrito, en ningún caso solicitaban los nombres de los etarras trasladados a prisiones cercanas al País Vasco o beneficiarios de privilegios penitenciarios. Sólo reclamaban "conocer los expedientes administrativos que justifican la toma de dichas decisiones". 

Pero lo cierto es que el PP pide "los expedientes, obviando datos personales que no se puedan mostrar" e Interior responde: "Los datos personales no se pueden mostrar". Es decir, a la vista de la respuesta parlamentaria, que al Gobierno se le pide una información concreta, un papel A, y se niega a darla, justificando que el papel B es secreto [consulte aquí el documento].

"Les decíamos que queríamos los expedientes sin ninguna referencia personal, y ésta es su respuesta", lamenta la diputada Vázquez, en conversación con este diario. "No cabe mayor humillación a las víctimas".

La portavoz popular de Interior acusa al ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska, de "atentar, una vez más, contra el legítimo poder del Congreso, que es la función de control al Gobierno". Para la política gallega, el ministro "oculta los datos sobre los acercamientos y beneficios que reciben los presos de ETA porque, en realidad, intenta ocultar la política nauseabunda de pacto con Bildu, los herederos de ETA".

La respuesta parlamentaria llega precisamente en plena presión de los bildutarras por lograr la excarcelación de prácticamente la mitad de los condenados aún en prisión, en virtud de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos favorable a Xabier Atristain, miembro del comando Imanol de ETA.

Sin embargo, tal como adelantaba EL ESPAÑOL este jueves, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha echado un jarro de agua helada a esta pretensión con un escrito que derrumba, punto por punto, la argumentación. 

245 etarras beneficiados

Desde que gobierna Pedro Sánchez, el 1 de junio de 2018, se han producido 209 acercamientos de terroristas, más de la mitad de ellos con largas condenas por delitos de sangre, según los datos que manejan los sindicatos policiales.

Además, se han concedido 11 libertades condicionales y hasta 25 terceros grados. Los últimos -ya con las competencias de Prisiones traspasadas al Gobierno autonómico vasco-, para Iñaki Bilbao, Gorka Martínez, Gorka Lupiañez y Aitor Esnaola Dorronsoro.

La decisión fue tomada "siguiendo los criterios y valoraciones de los acuerdos adoptados por las juntas de tratamiento de las prisiones de Vizcaya y Guipúzcoa favorables al tercer grado en todos los casos", según informó Etxerat, la asociación de familiares de etarras condenados.

Es cierto que todos ellos habían ya cumplido tres cuartas partes del tiempo máximo de estancia en prisión. Pero el mismo expediente de Iñaki Bilbao, por ejemplo, recuerda que perteneció al comando Vizcaya y realizó seguimientos para atentar contra el exconsejero de Interior Juan María Atutxa y el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, según informaron a Europa Press fuentes conocedoras del documento.

Son ésos los tipos de papeles que reclama la petición de información del principal grupo de la oposición en el Congreso. 

Según Vázquez y Gamarra, esos eventuales expedientes "constituyen la motivación de una decisión política que los ciudadanos están interesados en conocer dado el cambio de criterio de la Administración". La portavoz popular en la materia considera al departamento de Interior "el Ministerio más opaco y menos transparente, convertido ahora en un cortijo de Marlaska al servicio de Sánchez".

Leyes y sentencias

El documento de respuesta, entregado en el Registro de la Cámara Baja el 18 de mayo, mes y medio después de recibir la solicitud, el 6 de abril, es muy prolijo. El Gobierno se ampara en varias leyes, sobre todo en la de protección de datos, y recurre a autos del Tribunal Supremo para justificarse. 

Y eso que el primer párrafo se dedica a presumir de la transparencia del Ejecutivo: "Lejos de cualquier supuesto intento de ocultación, una de las máximas que ha mantenido [el Ministerio] es la de la transparencia informativa en todo momento, con el único límite que establecen la ley y la jurisprudencia", inicia el texto.

Sin embargo, de inmediato el Gobierno advierte de que no entregará la información, aduciendo que "su acceso está especialmente protegido". Y se ampara, en concreto, en "el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de datos de carácter personal, en relación con los límites de la transparencia".

Pero lo cierto es que la solicitud de información de las diputadas del PP era explícita en la defensa de los datos personales de los etarras.

Así, sus argumentos textuales consistían en pedir "copia de todos los informes, documentos y expedientes relativa a traslados, acercamientos y beneficios penitenciarios otorgados a presos condenados por terrorismo desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno de España. Obviando lógicamente cualquier referencia a datos personales que no se puedan mostrar. Únicamente solicitamos la copia del expediente con la motivación administrativa". 

El Gobierno se justifica en la sentencia 195/2022, de 17 de febrero, del Tribunal Supremo para alegar que una pena de cárcel no va aparejada a la "pérdida de los derechos a la protección de datos de carácter personal"; e invoca el artículo 18) de la Constitución Española, que consagra "el derecho fundamental a la intimidad personal".

En su escrito, el Ejecutivo también cita el artículo 5) de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales para recordar el "deber de confidencialidad de los responsables y encargados del tratamiento de datos"; y se basa en el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679 para apuntalar este argumento.

Finalmente, la respuesta del Gobierno diserta a propósito del artículo 15) de la Ley 19/2013, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Y acude a ella para denegar el acceso a la "información solicitada" porque sólo se puede "autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado" en el caso de que contenga "datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias".

Aunque no es el caso.

E incluso se remata la argumentación acudiendo a otra extraña fuente, el artículo 8) del vigente Reglamento Penitenciario, que establece que "los datos de carácter personal de los reclusos relativos a opiniones políticas, a convicciones religiosas o filosóficas, al origen racial y étnico, a la salud o a la vida sexual [...] sólo podrán ser cedidos o difundidos a otras personas con el consentimiento expreso y por escrito del recluso afectado o cuando por razones de interés general así lo disponga una Ley".

Aunque tampoco es el caso. Ni por el contenido de los datos solicitados, ni por el objetivo con el que se reclaman.

"Es un escándalo que, una vez tras otra, Marlaska no nos enseñe los motivos de esos beneficios penitenciarios que da a la carta", concluye Ana Vázquez. "No enseña los expedientes porque sabe que no había motivos para otorgar esas prebendas a terroristas sanguinarios, incluso algunos con informes desfavorables de las juntas de tratamiento".