Miembros del Ejecutivo se preparan para una debacle en Andalucía y ven posible una crisis de Gobierno

Por el momento, lo que ha vivido esta semana en el Congreso sería suficiente para considerar que cualquier presidente del Gobierno ha llegado al final de su ciclo y que se encuentra en estado de extrema debilidad. Pero eso no vale con Sánchez que, según explican en la Moncloa, no hace más que insuflar a todos el ánimo de que aún queda año y medio de legislatura y que eso es tiempo suficiente para remontar las dificultades.

Tiene delante unas elecciones andaluzas el 19 de junio que se presentan más que adversas, según los datos que manejan Moncloa y el PSOE. Son autonómicas, pero se celebran en una comunidad que permite medir el alcance del desgaste del Gobierno y sus opciones para las próximas generales. 

Miembros del Ejecutivo y dirigentes del PSOE creen que si se confirman los pésimos datos que manejan, Sánchez tendría que reaccionar con decisiones inmediatas y visibles como cambios en el Gobierno y algunos giros estratégicos.

El calendario posterior al 19-J, según esta percepción, podría ser la celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid, a continuación esos retoques en el Ejecutivo manteniendo la coalición y luego el debate sobre el estado de la Nación a principios de julio, con la idea de intentar un impulso político.

Hay precedentes y un patrón de comportamiento de Sánchez, que llevó a cabo el anterior cambio en profundidad del Gobierno justo hace un año, como reacción casi inmediata al desastre electoral de la izquierda en Madrid.

“Algo tendrá que hacer para mostrar que ha recibido el mensaje de un hipotético desastre en Andalucía”, sostiene un miembro del Gobierno.

"Ministros parapeto"

Este viernes ha habido movilización general en Moncloa, con nervios y reuniones de estrategia del Gabinete del presidente. El propio Sánchez ha hecho un sorprendente elogio público de su equipo en el Cionsejo de Ministros y se busca cómo recomponer acuerdos y relaciones.

El presidente del Gobierno y su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han hablado tras el acto de presentación del PERTE de cuidados en un ambiente que ha pretendido ser lo más cordial posible. De ahí ha salido el mensaje de las dos partes del Gobierno minimizando los roces y, de nuevo, blindando el acuerdo de coalición.

Porque esta semana, ha ocurrido algo tan inusual y grave como que los socios de coalición han votado por primera vez en el Congreso en sentido diferente sobre un proyecto de ley y, además, los socios parlamentarios (ERC, Bildu, PNV...), que constituyeron en su momento el bloque de investidura, han mostrado que están muy alejados del Gobierno.

Y el presidente ha tenido que acudir al Pleno del Congreso a dar cuenta de un escándalo que afecta a su Gobierno. Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, con notables y obvias diferencias entre ellos, empezaron a entrar en problemas el primer día que tuvieron que ir al Pleno a dar cuenta de hechos incómodos, porque los demás grupos les forzaron a hacerlo y porque ya no tenían “ministros parapeto” tras los que refugiarse. 

Más curioso es todo si se tiene en cuenta que la ley audiovisual que ha separado a los dos socios de coalición fue, precisamente, la moneda de cambio para que Sánchez pudiera sacar en diciembre adelante los Presupuestos para 2022. Finalmente, ha sido el PP quien con su abstención ha salvado la ley audiovisual, la norma que hace meses pactaron aparentemente los socios de investidura para aprobar las cuentas del Estado y para permitir a Sánchez acabar la legislatura. Toda una gran paradoja.

Fuentes de Unidas Podemos y de los socios parlamentarios explican que lo ocurrido con esa ley demuestra que “cuando entra el PP en la ecuación, siempre salen los del bloque de investidura”. Ese análisis explica por qué Sánchez prefiere pactar con el bloque, aunque use las ofertas de diálogo como estrategia para situar al PP fuera del tablero e intentar identificar a Feijóo con Casado.

El análisis, que suena también a advertencia, hace difícil que Sánchez pueda alcanzar acuerdos con Feijóo, más allá de asuntos muy puntuales como la renovación del Consejo General del Poder Judicial que negociarán Félix Bolaños y Esteban González Pons. 

Ambos han conseguido por el momento blindar sus contactos del “ruido externo”, es decir, los enfrentamientos públicos entre ambos partidos.

Especialmente alejado del Gobierno está ERC, como consecuencia del escándalo Pegasus y de las propias urgencias de los independentistas en Cataluña, donde deben justificar permanentemente su estrategia de diálogo y de freno a la unilateralidad.

Fin de ciclo

Todos ellos, incluido Unidas Podemos, rechazaron la versión de Sánchez de que no supiera nada del espionaje a independentistas. Pero ninguna de esas circunstancias adversas acabarán con el Gobierno de coalición. Y no porque estén cómodos sus socios, sino por lo que tienen enfrente, porque el verdadero pegamento que une a los socios del Gobierno y a los del Congreso es el rechazo y miedo a una victoria del PP que le permita gobernar con Vox.

Se podría decir que Vox y su ascenso en las encuestas mantienen al Gobierno. De alguna manera todos lo expresaron así en el Pleno sobre Pegasus.

Pese a todo, el Gobierno de coalición aspira a llegar a diciembre de 2023, con sus dificultades, pero viendo cómo los únicos gobiernos de coalición que se rompen son los de la derecha en Madrid, Murcia, Castilla y León y Andalucía.

Liquidar ahora la legislatura sería un suicidio y separarse de Unidas Podemos también porque si hay opciones de gobernar tras las próximas generales será en todo caso con el espacio a la izquierda del PSOE, lo que se supone que liderará Yolanda Díaz.

Sí peligran los Presupuestos generales del Estado para 2023 que Hacienda ya prepara y que se empezarán a negociar en otoño. Pero eso no impide que se agote la legislatura.

Lo que preocupa estos días en la Moncloa y en el PSOE es su caída en las encuestas y el ascenso del PP, dando impresión de un fin de ciclo, aún lejano, pero que pueda parecer inevitable al fin del camino.

Debilitar a Feijóo

Como son encuestas no tienen efectos reales, pero sí pueden tenerlos si se traducen en malos resultados electorales y, por eso, hay preocupación por las elecciones andaluzas del 19 de junio.

Los datos que manejan Moncloa y el PSOE son muy malos. Se resumen en que sólo especulan sobre el tamaño de la ventaja de la candidatura de José Manuel Moreno Bonilla y nadie apuesta por Juan Espadas.

Su cálculo es que Vox como tercera fuerza política es probable que esté más cerca del PSOE de lo que estarán los socialistas del PP.

La tentación de algunos socialistas es la de hacer lo posible por hinchar a Vox, para que eso desinfle al PP. Que si Moreno tiene que gobernar en coalición con Macarena Olona como vicepresidenta eso a la larga debilite a Feijóo para el futuro.

De hecho, esta misma semana la actuación de los socialistas sobre el empadronamiento en Salobreña ha convertido a Olona en el centro de la campaña, en algo que otros miembros del PSOE y del PP consideran un grave error, entre otras cosas porque se regala a la extrema derecha la bandera del victimismo y la persecución política.

Desde Moncloa se explica que Sánchez se volcará en la campaña andaluza en exponer las medidas económicas aprobadas por el Gobierno, con los buenos datos de empleo por la reforma laboral y la buena marcha del reparto de fondos europeos y la ejecución de los PERTE.

El PP, por contra, pretende obviar a Vox en la campaña, con la idea de que si puede arañar votos será por el centro, incluso con exvotantes del PSOE. Por eso, el propio Moreno ha empezado a dejar correr la hipótesis de una repetición electoral, dando por hecho que Vox ya no va a regalar investiduras como hizo en Madrid, sino que exigirá entrar en el Gobierno, como en Castilla y León.