La ley del PSOE contra la prostitución también prohíbe producir porno para cine o internet

Así lo confirman diversos juristas consultados por este periódico, lo avalan fuentes gubernamentales de Unidas Podemos, y no lo desmienten las socialistas. La dirección del PSOE en el Congreso trata de poner en foco en "la práctica" de esos actos de naturaleza sexual, si bien no niegan ese detalle "técnico".

El artículo en cuestión dice: "El hecho de convenir la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico, será castigado con multa de doce a veinticuatro meses".

Esta redacción permite interpretar que la contratación de una actriz para una producción audiovisual pornográfica o la misma explotación de una cuenta en la red social 'Only Fans' -epecializada en pequeños vídeos sexuales en los perfiles personales de pago de sus titulares- serían perseguibles.

Y esto encaja con el discurso que defiende la secretaria de Igualdad de la Ejecutiva del PSOE, Andrea Fernández: "Respecto al porno, soy abolicionista", explicaba en una entrevista con EL ESPAÑOL.

"Es difícil en una ley nacional, pero tiene que estar regulado en cuanto al consumo, especialmente para menores de edad", añadía.

Para Fernández, que sustituyó a Carmen Calvo al frente de la Secretaría de Igualdad socialista el pasado mes de octubre, éste es un ámbito sobre el que apenas se ha trabajado y es lo que "está educando manadas". Es sintomático, concluía, que "el porno que se consume esté basado mayoritariamente en la violencia y en las agresiones hacia las mujeres".

Irene Montero desafía

Además, desde Unidas Podemos se admite que el texto legal propuesto por el PSOE "tiene una redacción prohibicionista para todo".

Y aunque la formación política a la que pertenece la ministra de Igualdad aún no ha decidido si apoyará la ley socialista, Irene Montero sí que planteó su disposición al voto favorable hace pocos días, cuando dijo que el texto "acompañaba a la agenda abolicionista del Gobierno, que principalmente, es dar derechos y oportunidades de vida a esas mujeres". Aunque su Ministerio no apoya hacerlo "sólo con castigos penales".

De hecho, la iniciativa legislativa del Grupo Parlamentario Socialista es un compromiso de cumplimiento con el programa electoral del PSOE y con el mandato del último congreso de los de Pedro Sánchez, el pasado mes de octubre en Valencia.

De allí salió el presidente del Gobierno presumiendo de que su partido había vuelto a la socialdemocracia, creaba una vocalía de reforma constitucional en su Ejecutiva y se autodefinía como "una formación política abolicionista".

Pero sobre todo, fue un compromiso de las dirigentes del PSOE presentes en la comisión de Igualdad del Congreso, hace dos semanas, cuando la ponencia de la ley del sólo sí es sí estuvo a punto de ser tumbada por sus socios y por Unidas Podemos. Las socialistas habían pactado una enmienda con el Partido Popular para perseguir el proxenetismo y la llamada "tercería locativa", es decir, la utilización de un local comercial para la prostitución.

El PSOE quiere acabar con todo este negocio, de modo que el texto define, persigue y castiga cualquier actividad que "se aproveche económicamente" de la prostitución de mujeres. Ya sea por la vía de la explotación o por el mero beneficio económico de esta actividad. También persigue a los clientes, a los que sanciona incluso con penas de cárcel de hasta tres años en determinados casos.

Redacción confusa

Según el PSOE, estas conductas "aún no cuentan con suficiente reproche penal en nuestro ordenamiento jurídico, a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno".

Por eso, los socialistas proponen una reforma del Código Penal que pretende acabar con "una actuación incompatible con una concepción de los derechos humanos propia de la sociedad democrática avanzada que propugna la Constitución", tal como se puede leer en la exposición de motivos.

Pero la redacción de este artículo en cuestión prevé que será "castigado con multa de doce a veinticuatro meses" todo "hecho de convenir la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico". 

Así, la textualidad del artículo resulta "confusa", por ejemplo, para el abogado Carlos Sánchez Almeida, especializado en delitos informáticos, derecho de autor y propiedad intelectual. 

"Convenir la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero es una posible definición de la prostitución. Pero también es una definición de la producción pornográfica", sostiene en una tribuna que publica este mismo miércoles en EL ESPAÑOL. "Tal como está redactada la proposición de reforma del Código Penal, ambas conductas serían igualmente delictivas".

Lo cierto es que la proposición de ley del PSOE añade, incluso, una agravante "en el caso de que la persona que presta el acto de naturaleza sexual fuese menor de edad o persona en situación de vulnerabilidad". En ese caso, "se impondrá la pena de prisión de uno a tres años y multa de veinticuatro a cuarenta y ocho meses".

Igualdad no se moja

Y aunque concluye el texto con una concesión a las posiciones de Unidas Podemos, las fuentes cercanas a la ministra Montero no aseguran su apoyo. Según la norma propuesta por el PSOE, "en ningún caso será sancionada la persona que esté en situación de prostitución".

Ésta es una exigencia de las moradas para defender explícitamente "a las chicas que son explotadas, y que están en muchas ocasiones esclavizadas". Sin embargo, en conversación con este diario, afirman que "la idea es insistir al PSOE en que la redacción debe ser consensuada con la mayoría del pacto de Estado" contra la violencia machista.

"Hay que seguir debatiendo", advierten. Y recuerdan que el Ministerio de Igualdad llegó a proponer al PSOE "hasta veinte redacciones diferentes, pero el socio mayoritario del Gobierno insistió en su enmienda", en referencia a la polémica durante la tramitación de la ley sólo sí es sí que a punto estuvo de no ser aprobada por el empeño socialista en colar este texto abolicionista.

"Ahora se abre otra oportunidad para debatir de nuevo e intentar llegar a un consenso", concluyen desde el entorno de Irene Montero. Desde el PSOE, por su parte, se recuerda que Unidas Podemos, ERC y Bildu "no son abolicionistas, sino regulacionistas", porque no tienen resuelto el debate en el interior de sus partidos. Y que ahora "tendrán que retratarse".