Podemos votará a favor de tramitar en el Congreso la ley del PSOE para abolir la prostitución y pide a los socialistas un debate "profundo" y sosegado sobre su contenido para lograr un "amplio consenso" en el que se incluyan los "esfuerzos" del Ministerio de Igualdad de Irene Montero sobre esta cuestión. La duda está ahora en qué harán los siete diputados de los comunes de Jaume Asens, que están a favor de la regulación de la prostitución y que no desvelan su voto.
La decisión de Podemos se une a la del Partido Popular, que hace una semana anunció su apoyo a la tramitación de la ley del PSOE para abolir la prostitución.
La coportavoz de Podemos, Alejandra Jacinto, ha explicado que su formación está a favor de combatir el "proxenetismo", acabar con su "impunidad", defender el derecho de las mujeres y terminar con la explotación sexual.
"Es un asunto que es necesario abordar y el texto del PSOE se suma a los esfuerzos del Ministerio de Igualdad que se han realizado y sigue realizando", ha señalado Jacinto este lunes y recordando las propuestas de Irene Montero para recuperar la tercería locativa, es decir, el castigo penal a los propietarios dedicados a la prostitución.
Los comunes: la regulación
Jacinto ha explicado que el Gobierno de coalición ha dado pasos en esa tendencia abolicionista, como el plan de acción urgente contra la trata y la explotación sexual, además de defender una modificación de la ley de extranjería.
En consecuencia, ha llamado al debate sobre la propuesta del PSOE para ser "capaces de generar un acuerdo contra la industria proxeneta y de explotación sexual".
Por su parte, los comunes, la confluencia catalana de Unidas Podemos que mantienen una posición más proclive a las posturas regulacionista, de momento no desvela el sentido del voto de cara a facilitar la tramitación de esta propuesta, según han explicado diversas fuentes del espacio confederal.
Tres años de prisión
Fue el pasado mes de mayo cuando el PSOE presentó una proposición del ley para abolir la prostitución para recuperar los delitos de proxenetismo y tercería locativa eliminados en la ley de 1995, del Gobierno de Felipe González.
En concreto, el texto modifica el artículo 187 del Código Penal para que, según ha explicado el PSOE, "castigue de forma general el proxenetismo, sin exigir relación de explotación".
Este nuevo artículo recoge el castigo de prisión de 3 a 6 años y multa de 18 a 24 meses a quien, empleando violencia, intimidación, o abusando de una situación de superioridad, o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona a ejercer o mantenerse en la prostitución.
Mientras, en el caso de quien "con ánimo de lucro promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma", las penas irían desde 1 a 3 años y las multas de entre 12 y 24 meses.
Multas a clientes
Del mismo modo, la iniciativa socialista busca multar a los clientes de la prostitución. Según recoge el texto en su exposición de motivos, "las personas que recurren a las mujeres en situación de prostitución participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos".
Y también recupera la tercería locativa que pena a aquellos que, con ánimo de lucro y de forma habitual, cedan bienes inmuebles o local para favorecer el ejercicio de la prostitución. Es decir, a los dueños de los clubes, locales y pisos donde las mujeres ejercen esta práctica.
Esta medida estaba incluida en la Ley Sólo sí es sí y fue retirada tras un acuerdo entre Unidas Podemos, PNV, Junts, PDecAT, EH Bildu, CUP y ERC, ya que estos partidos reclamaban un debate más sereno sobre este tema y pedían tratarlo en una ley específica como la ley de trata.
La mayoría de estas formaciones son partidarias de luchar contra la explotación sexual, pero, según han explicado, defienden la regulación de la prostitución para proteger la situación de aquellas mujeres que ejercen la prostitución de forma libre.