Ayuso gana su primera batalla educativa: en Madrid no promocionarán los niños con suspensos

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha ganado su primera batalla judicial en el ámbito educativo. Y lo ha hecho justo en la misma semana en la que Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo por el currículum educativo de Bachillerato.

En este caso, Ayuso sale airosa, por el momento, del recurso interpuesto por el sindicato Comisiones Obreras contra el decreto regional de Promoción, Evaluación y Titulación del Ejecutivo regional. Se trata de la norma por la que la presidenta madrileña pretende detener una de las iniciativas más polémicas de la Ley Celaá (LOMLOE): que los alumnos puedan pasar de curso con varias asignaturas suspensas.

Hace unos días, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid atendía la petición del sindicato y bloqueaba de forma urgente y provisional el decreto.

Tras las alegaciones presentadas por los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, este mismo órgano ha dado marcha atrás a su decisión y ha levantado las cautelarísimas interpuestas; es decir, ha revocado el bloqueo que, desde el pasado 24 de mayo, pesaba sobre el proyecto educativo de Ayuso. Así consta en un auto, fechado este martes y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El TSJM cambia su criterio después de que la Comunidad de Madrid se opusiese la resolución que paralizó su decreto. Aquella decisión, no obstante, contó entonces con dos votos particulares, en los que dos juezas mostraban su disconformidad con la postura mayoritaria de la Sala, la de aplicar esta medida.

Ahora, el tribunal recuerda que en noviembre de 2021, la viceconsejera de Política Educativa ya dio instrucciones sobre los planes de estudio de la Comunidad de Madrid, que eran los mismos que establece el decreto, sin que el sindicato, entonces, se opusiera judicialmente a ellos. Pero CCOO —tal y como le reprochaba el equipo de Ayuso— sí aseguró a finales del pasado mayo que debían imponerse medidas cautelares contra la norma, de forma urgente, como aceptó en un primer momento la Justicia madrileña.

CCOO paga las costas

En un duro auto fechado este martes, los magistrados condenan al sindicato a pagar las costas de su recurso, hasta un máximo de mil euros más IVA. Y reprochan a Comisiones Obreras su "mala fe procesal".

Los jueces le afean que, al impugnar el decreto, omitiese mencionar que las medidas que esta norma incluye ya llevan meses aplicándose en la Comunidad. Además, suprimirlas, aunque sea de manera cautelar, provocaría "una distorsión de los procesos de evaluación" ya realizados por los docentes; especialmente, debido a la Selectividad.

El letrado de la Comunidad de Madrid también señaló, al oponerse al mantenimiento de la medida cautelarísima, la "posible falta de legitimación" del sindicato CCOO para defender los derechos supuestamente vulnerados, que serían los de los alumnos madrileños.

El gobierno madrileño ha mostrado su "satisfacción" por esta decisión judicial, al considerar que el decreto regional no vulnera la normativa nacional. Desde el equipo de Isabel Díaz Ayuso afirman que sólo se mantiene "la cultura del esfuerzo entre el alumnado y la calidad de la enseñanza".

Qué decreto

El decreto en cuestión fue aprobado el 18 de mayo en el Consejo de Gobierno regional y marca las pautas para pasar de curso, poniendo por encima de la Ley Celaá las decisiones del equipo docente para la promoción de curso.

El texto explica que serán los profesores quienes adoptarán esta decisión por mayoría calificada de dos tercios del claustro en Secundaria y de cuatro quintos en Bachillerato.

Hay que recordar que la LOMLOE, ley impulsada por el Gobierno central y que estará vigente el próximo curso, no pone límite de suspensos para promocionar de curso y deja la decisión en manos del equipo docente.

Conocedor de que una normativa autonómica no puede limitar el mandato de una ley orgánica, como es la Ley Celaá, el decreto recoge la posibilidad de pasar de curso con suspensos. De hecho, la ley recomienda a los profesores, por ejemplo, que esto no pase si las asignaturas suspensas son de Lengua y Matemática.

El Ejecutivo autonómico alega que la Ley Celaá no establece "criterios concretos para decidir con objetividad si un alumno debía pasar de curso u obtener el título en ESO" y, además, elimina la posibilidad de que fuesen las comunidades autónomas las que los desarrollen.

"Frente a esta laxitud y falta de concreción, el Gobierno madrileño recoge, con este decreto, la posibilidad de que los equipos docentes acuerden, como ha sucedido hasta este curso, que un estudiante repita curso cuando tenga tres materias o más suspensas", indican a este diario fuentes de la CAM.