Moncloa abre otro frente con Podemos con la ley que blinda la colaboración en Sanidad público-privada

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud que limita la inclusión de nuevos copagos sanitarios y convierte la colaboración público-privada en algo "excepcional".

La normativa abre un nuevo frente en el Gobierno de coalición pues, desde que se conoció el borrador de la misma a finales de 2021, la facción de Unidas Podemos se ha mostrado "radicalmente en contra" del redactado que ha liderado la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Tanto es así que, antes de que este mismo martes la norma fuera aprobada por el Consejo de Ministros, fuentes de Podemos ya han adelantado que pedirán la modificación parcial de la ley en su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Aseguran que, si en el trámite parlamentario no hay una modificación que limite la privatización de la sanidad, "esa ley no va a salir". 

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La parte de la ley que enfrenta a las dos partes del Gobierno es la que concierne a la sanidad privada y su papel dentro del sistema nacional de salud. Mientras que el PSOE posibilita la colaboración entre el sector privado y el público, Podemos pretende utilizar esta ley para acabar con el modelo colaborativo del sistema sanitario español.

Los miembros socialistas del Ejecutivo presentan esta ley como un paso más hacia el servicio público, pues prohibirá en términos generales la gestión privada de la sanidad pública. Lo hará derogando un decreto del Ejecutivo de José María Aznar de 1997 que permitía la gestión de la sanidad pública mediante empresas privadas (concesiones).

Ahora, el texto del PSOE elimina ese apartado de la ley y habla de que la gestión directa del servicio será "preferente" pero no "obligatoria" como piden desde Unidas Podemos.
La nueva ley mantiene la posibilidad de que la sanidad privada gestione servicios públicos siempre que esté justificado por "razones sanitarias y económicas".

Es decir, ahora para que existan concesiones deberá de haber una "memoria" que justifique que es preciso contar con la ayuda del sector de la sanidad privada.

"Esta ley identifica como modelo de gestión la directa que se presta desde las Administraciones públicas y, adicionalmente, hay excepciones de gestión indirecta bajo una visión complementaria y de apoyo", ha expresado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Copagos

Pero la parte que afecta a la gestión público-privada no es el único cambio que introduce esta ley. Su parte más importante para el ciudadano es que impedirá que se introduzcan nuevos copagos en sectores como el transporte sanitario no urgente, productos dietéticos u ortoprotésico (como una faja o medias de compresión), y otros más. 

¿Esto qué quiere decir? Que todas aquellas personas que estén exentas del copago farmacéutico no tengan que pagar, tampoco, por este tipo de servicios o productos.

En cuanto a la universalidad, el Gobierno pretende garantizar el derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria y ampliar el derecho a otros colectivos, como personas de origen español que viven en el exterior durante sus desplazamientos al territorio español y sus familiares.

En su comparecencia, Darias ha explicado que con esta ley se busca recuperar la cartera común de servicios "única" evitando las discrepancias entre comunidades autónomas.

Hay que recordar que la ley ha recibido ya el visto bueno del Consejo Económico y Social (CES) que no ha puesto ningún impedimento en la convivencia del modelo público-privado.

Los expertos de organismo sí que han pedido criterios más exhaustivos a la hora de poner en marcha los conciertos porque creen que el marco normativo actual es "excesivamente indeterminado" y requiere de una mayor "precisión". Algo que la ley del PSOE sí intenta acotar. 

La privada

[La Fundación IDIS llama a "pasar página al discurso demagógico y sectario" sobre la sanidad privada]

Pese a que a los morados no les convence la reacción de la normativa y opinan que no va a servir para "evitar a privatización de la sanidad pública", el sector considera que esta ley sí les afectará.

La Fundación IDIS ha pedido "pasar página al discurso demagógico y sectario que no aporta y ver en el sector privado un aliado estratégico cada vez más imprescindible para atender las necesidades de la población".

En un comunicado, la organización ha señalado que "la magnitud de los problemas existentes en el sistema sanitario público, que requerirían de una auditoría en profundidad, no se puede ver respondido por un discurso cada vez más politizado circunscrito a una "supuesta privatización" de los servicios sanitarios que, por otra parte, no es real".

Juan Abarca

También ASPE ha criticado esta nueva norma. Considera que la pretensión de llevar a cabo acciones como derogar la Ley de Formas de Gestión 15/1997 para revertir los conciertos de salud "son propuestas sustentadas únicamente en razones ideológicas y que ignoran totalmente criterios objetivos que miden, basándose en las estadísticas del propio Ministerio de Sanidad, la eficacia del modelo colaborativo en materia de salud".

"Las declaraciones del presidente del Gobierno son el reflejo de una clase política que vive de espaldas a la realidad y a los problemas del sistema sanitario: aumento desproporcionado de las listas de espera para diagnóstico y tratamientos, falta de cohesión entre CCAA, desigualdades en el acceso a nuevas tecnologías o fármacos ya aprobados, etc.", han añadido desde el IDIS.

Estos problemas "están llevando a los pacientes a recurrir a la sanidad privada en cualquiera de sus formas de aseguramiento y provisión para tener una atención sanitaria que de otra forma se está haciendo inaccesible".

Dentista gratis

El Consejo de Ministros también ha aprobado la ampliación de servicios de salud Bucodental a la carretera básica. El plan tiene un presupuesto de 44 millones de euros (un euro por ciudadano) y se destinará a la prevención de enfermedades bucodentales y fomentar el autocuidado.

Como publicó EL ESPAÑOL, los propios profesionales sanitarios calificaron esta cantidad como "muy pequeña". Avanzaban que con ese dinero sólo se podría invertir en prevención. "Aspecto importante", reseñaban, pero que empaña la promesa electoral.

El acceso gratuito al dentista de la propuesta que Darias lleva ante las comunidades se centra en "colectivos vulnerables". Es decir, niños de 0 a 14 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad intelectual y limitante de la movilidad de los miembros superiores y pacientes de cáncer cérvico-facial.