En la noche del jueves, el ala socialista del Gobierno confirmaba a este periódico su intención de presentar una contrarreforma de su reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero no como proyecto de ley, sino como proposición del Grupo Parlamentario. Según las fuentes consultadas en el PSOE, el sello en el Registro del Congreso se pondría a las 10.00 horas.

Y sin embargo, la falta de apoyos de sus propios socios de Unidas Podemos, y de los aliados parlamentarios, ha retrasado el trámite. A esta hora, los socialistas no cuentan con los apoyos necesarios para que la reforma salga adelante.

Según las normas del Congreso de los Diputados, el Registro cierra a las 14.00 horas, y el documento -al que ha tenido acceso este periódico- está sellado a las 13.34, casi fuera de tiempo para poder ir a la próxima reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces y tramitarse "por la vía de urgencia y en lectura única", como anunciaba esta mañana Héctor Gómez, portavoz del PSOE.

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Según ha podido confirmar este periódico en fuentes cercanas a Yolanda Díaz, los líderes morados conocieron la intención de Pedro Sánchez por los medios de comunicación. Es decir, el PSOE no acordó, ni consultó, ni siquiera comunicó al socio minoritario del Gobierno por la reforma. 

Durante toda la mañana, dirigentes socialistas han tratado de recabar el apoyo de Unidas Podemos a la iniciativa. De hecho, el primer documento preparado por el PSOE tenía un hueco preparado para que se añadiera la firma del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique. Fuentes de la formación morada confirmaron que se negaban a dar su soporte a la medida.

"La propuesta del PSOE para cambiar la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional no está acordada con Unidas Podemos", afirman. "Es una decisión unilateral del Partido Socialista", lo que significa que de ningún modo se harán cargo de la corresponsabilidad de una medida polémica por su forma y su fondo.

"Uso alternativo del derecho"

La idea del PSOE es la de reformar -una vez más- el artículo 570 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para que el CGPJ sí puedan realizar ya la elección de los miembros del TC que le corresponden.

Es decir, una corrección de la reforma que hace poco más de un año ya impulsaron PSOE y Unidas Podemos para presionar al PP en la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que recortaba funciones a un CGPJ en funciones.

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Según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, es "una reforma a la carta" que guarda indicios de inconstitucionalidad, no ya tanto por su fondo como por las formas: "No es un cambio basado en el equilibrio de poderes o en la regulación general de las conductas, sino en un uso alternativo del derecho al servicio de los intereses del legislador".
Y es que el texto, según las fuentes consultadas, mantiene la prohibición de designar a magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de tribunales superiores y audiencias. Esta medida pretende presionar el PP, pero los de Alberto Núñez Feijóo, de momento, no han querido reaccionar oficialmente al anuncio del PSOE.
Eso sí, el propio presidente del PP ha confirmado este viernes en Telecinco que la decisión del Gobierno "rompe cualquier tipo de puente para seguir negociando".

Y fuentes de su entorno aclaran que el Gobierno no les ha informado de esta contrarreforma, a la que atribuyen una única finalidad: la de permitir la elección de los cuatro magistrados que sustituirán a los que terminaron su mandato el pasado día 12... es decir, forzar el cambio de equilibrios en el seno del Tribunal Constitucional, de un 7-5 a favor de los de extracción conservadora a una proporción igual a favor de los progresistas.

Fuentes de ERC y Bildu, habituales apoyos del Gobierno en las votaciones parlamentarias, han optado también por el silencio. "Nunca adelantamos el sentido del voto", afirma una portavoz republicana. "Llegado el momento, lo valoraremos y lo haremos público".

Desde el entorno del ministro Félix Bolaños, designado por Pedro Sánchez para pilotar la negociación con el PP en nombre del Ejecutivo, se justifica esta iniciativa de este modo: "No podemos dejar que el PP siga bloqueando, incumpliendo la ley y la Constitución. Están dando largas", aseguran estas fuentes del Gobierno, que se quejan de que los contactos con Esteban González Pons son "cero".