El Ministerio de Agricultura es consciente de "la complejidad de definir el término macrogranja". Así consta en una respuesta parlamentaria, en la que el departamento dirigido por Luis Planas expone que, para tratar de acotar este concepto, "habría que tener en cuenta las peculiaridades de los distintos sectores ganaderos" y las normas que los regulan.
"Para enfocar adecuadamente esta cuestión", el Gobierno subraya que "nada tienen que ver, por ejemplo, la producción de leche en unas u otras zonas de nuestro país".
Y reconoce que en las regulaciones de las explotaciones ganaderas "no se define el término de macrogranja, por lo que no existe consideración en la norma a este respecto".
En este sentido, coincide con lo expresado el pasado febrero por el entonces candidato del PP a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien reprochó que "el concepto de macrogranjas no existe; es una cortina de humo" que atribuyó a la izquierda. Por contra, el candidato de Podemos en la región, Pablo Fernández, las cifró en 631.
En la misma respuesta parlamentaria, dirigida a las diputadas del Partido Popular Milagros Marcos Ortega y Marta González Vázquez, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación también señala que "las competencias en materia de autorización o retirada de autorizaciones de las instalaciones ganaderas recaen en las Comunidades Autónomas", no en el Gobierno central.
"En este marco, debe indicarse que el Ministerio carece de competencias en materia de expedientes sancionadores sobre maltrato animal", añade. Las CCAA también son las encargadas de aportar sus propios datos al Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA).
No obstante, Agricultura sí aporta datos estimados e indica que "en España hay 47 explotaciones de producción de leche y 28 cebaderos con una capacidad superior a las 850 UGM [Unidades de Ganado Mayor]". La "normativa básica de ordenación" de las granjas —aspectos sanitarios, ambientales, dimensión máxima...— sí es competencia estatal.
[Alberto Garzón dice que las "megagranjas" españolas "exportan carne de mala calidad"]
Las dos diputadas del PP registraron varias preguntas escritas dirigidas al Gobierno después de la polémica desatada con las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, ofrecidas a The Guardian.
En el periódico británico, el también secretario de Izquierda Unida reivindicó el modelo extensivo y denigró la carne proveniente de macrogranjas. Estas declaraciones causaron el enfrentamiento en el seno del propio Ejecutivo, entre el sector socialista y la cuota de Unidas Podemos.
Garzón especificó que sus críticas fueron expresadas "como ministro de Consumo". "No podría ser de otra manera, tratándose de una materia que es competencia también del Ministerio de Consumo", recalcó en una entrevista posterior, pese a las escasas atribuciones directas de su departamento sobre este ámbito.
La normativa
Milagros Marcos y Marta González, a su vez, solicitaron a Agricultura un desglose anual del número de visitas zoosanitarias efectuadas en las explotaciones porcinas y conocer cuántas han sido sancionadas en los últimos tres años y por qué motivo.
Sobre la regulación de las granjas porcinas intensivas —otro de los extremos por los que se preguntaba—, el Ministerio indica que el "objetivo" de su proyecto de real decreto es el de garantizar la sostenibilidad económica, medioambiental y social de las explotaciones ganaderas. "Para ello, se establece un tamaño máximo para las nuevas explotaciones que se instalen, que, en ningún caso, podrán sobrepasar las 850 UGM".
El departamento que encabeza Planas admite, asimismo, que "la normativa de ordenación también contempla la posibilidad de establecer a nivel autonómico restricciones a la instalación de nuevas granjas o ampliación de las ya existentes, así como limitar la capacidad máxima de las mismas por razones medioambientales o sanitarias, en zonas declaradas por las CCAA como de alta densidad ganadera o como vulnerables".