Bruselas pide un informe de los desacatos de la Generalitat a las sentencias del castellano

Esta documentación fue requerida por el propio Reynders a la vista de las repetidas polémicas y, sobre todo, de la inclusión de un reproche y un requerimiento en la evaluación hecha por el Parlamento Europeo a su informe del año pasado.

El documento ya ha sido enviado desde la Vicepresidencia del Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, y al mismo ha tenido acceso EL ESPAÑOL. En él se aborda el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 25% de castellano en las aulas, pero se hace un repaso histórico de cómo hemos llegado hasta aquí.

El informe reúne 15 ejemplos de "decisiones, declaraciones, actos y comunicados oficiales emitidos por miembros del Gobierno de Cataluña, orientados a evitar la ejecución de sentencias que reconocen la vulneración de derechos fundamentales, impedir que los ciudadanos ejerzan su derecho de acceder a la Justicia y favorecer que la planta judicial catalana sea deficitaria, por el acoso y el señalamiento para el sometimiento de los jueces, que ha dado lugar a un aumento de traslados y menor demanda".

Antecedentes contra España

La Comisión Europea ha venido reprochando a España la "imagen de politización" de la judicatura. Concretamente, del órgano de gobierno de la Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, y por la "excesiva dependencia" de la Fiscalía General del Estado del Poder Ejecutivo, visualizado en la designación de la ministra socialista Dolores Delgado para el puesto sin solución de continuidad.

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Además, recientemente, Reynders ha pedido información sobre la contrarreforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que el PSOE pretende aprobar por vía de urgencia y lectura única el próximo jueves.

En estos puntos, el comisario y sus antecesores, así como la vicepresidenta de la Comisión Vera Jourová han reclamado repetidamente un estatuto que haga más independiente al Ministerio Público. Y de manera insistente, no sólo la "urgente" renovación del CGPJ, sino "pasos decididos" para que España cumpla con los estándares del Consejo de Europa, "al menos la mitad" de los vocales sean "elegidos por sus pares".

El 'caso catalán'

Pero la inquietud por la salud del Estado de derecho en España ha aumentado ante el desafío del Gobierno catalán. El que viene sostenido de años pasados, y el frontal a la más reciente sentencia del Tribunal Supremo, confirmando el fallo del Superior de Justicia de Cataluña para que tanto el catalán como el castellano sean "lenguas vehiculares" en las escuelas y universidades de la región.

El reciente decreto del Govern del pasado 30 de mayo reúne todos los indicios, al parecer de las instituciones europeas, de querer soslayar la obligación de cumplir con un mínimo del 25% de las enseñanzas impartidas en alguna de las dos lenguas cooficiales en Cataluña. Es decir, a incumplir una sentencia firme. Y Reynders reúne pruebas concretas de este posible "desacato".

Además, Bruselas ha reaccionado en este punto al tirón de orejas recibido de parte del Parlamento Europeo hace apenas dos meses. El pasado mayo, la Cámara aprobó un mandato a la Comisión para que se obligue al Gobierno de España a "hacer cumplir" las leyes a sus Comunidades Autónomas.

Y más en concreto, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se responsabilice de que la Generalitat de Cataluña aplique la sentencia del Tribunal Supremo que impone un 25% de enseñanza en español como lengua vehicular.

Conviene recordar que el mismo PSC había acordado con los partidos del Govern esta artimaña. Que el líder socialista catalán, Salvador Illa, y su número dos, la portavoz en el Senado, Eva Granados, la defendieron públicamente como un modo de "sacar el debate de la Justicia y garantizar los derechos de todos sin atacar el modelo de inmersión"… y que Illa fue ministro de Sanidad con Sánchez además de su elegido para liderar al partido hermano del PSOE en Cataluña.

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También resulta pertinente rememorar que la jugada legislativa se acabó vehiculando vía decreto a la vista de que la proposición de ley por la que se iba a tramitar fue parada por los letrados del Parlament por un defecto de forma -además de que el fondo no parece constitucional-. Y que Pere Aragonès convocó de urgencia a sus consejeros para aprobar el decreto, con el único objetivo de que entrara en vigor antes de que se cumpliera el plazo de cumplimiento de la sentencia.

Ahora, el PSC se desmarca de ese texto y trata de evitar el debate, que ha vuelto a enfrentar a separatistas con constitucionalistas. Y que muestra a los partidos en el Gobierno de España poco interesados en obligar a la Generalitat a cumplir. Por eso, la Comisión sabe que debe intervenir.

La Comisión acelera

Sobre todo, tras el reproche del Europarlamento, que se basaba en la "poca concreción" de las recomendaciones del comisario Reynders, la "ausencia de plazos" tasados para los Estados incumplidores y la falta de un "instrumento de sanción" para lograrlo.

Todos estos argumentos fueron introducidos por el Comité LIBE en la evaluación del Europarlamento a Reynders. La vicepresidenta de este comité es Maite Pagazaurtundua, eurodiputada liberal de Renew por Ciudadanos, e impulsora de esta enmienda.

Fue también ella misma la que insistió pocas semanas después, con un primer informe enviado a la presidenta Ursula von der Leyen, a la vicepresidenta Jourová y al propio Reynders. En ese texto reunía no menos de seis ejemplos de "vulneraciones graves de libertades y derechos lingüísticos en Cataluña". 

Un monitor en el despacho de Inés Arrimadas muestra al comisario Reynders, reunido con Garicano, Pagaza y la presidenta de Cs. CS

El documento pedía a la Comisión "que haga cumplir estos valores fundamentales de la Unión cuando sean vulnerados por los Estados miembros o cuando los Estados miembros no actúen en caso de vulneraciones cometidas por entidades subestatales".

Y reclamaba a Bruselas que "utilice todos los medios a su alcance para actuar en este sentido, en particular el mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho, cuando proceda". Es decir, que reclamaba sanciones al Ejecutivo español por su inacción... por ejemplo, en la Alta Inspección, que sólo cuenta con dos funcionarios para toda Cataluña.

De ese trabajo insistente de la eurodiputada Pagazaurtundua nació la reunión que, hace apenas 10 días, el comisario la convocó, junto a su jefe de delegación, Luis Garicano, y la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Con el objeto de recabar más información sobre estos casos, para valorar su inclusión en el Informe 2022 sobre el Estado de derecho.

Y de esa cita salió el encargo de un nuevo informe más profundo, que fue enviado el viernes pasado a la oficina de Reynders en Bruselas.