El PP da otra oportunidad para negociar ya el CGPJ con una enmienda a la 'contrarreforma' del PSOE

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una enmienda a la "contrarreforma" judicial del PSOE —que se vota este jueves en el Congreso de los Diputados—, con la que el partido de Feijóo pretende devolver al CGPJ todas sus competencias: si la enmienda sale adelante, el órgano de gobierno del Poder Judicial recuperaría sus atribuciones para efectuar nombramientos de jueces y magistrados en todas las instancias y dictar instrucciones a los Juzgados.

Es la vía que plantean los populares para volverse a sentar a negociar con el PSOE la renovación de este órgano, que lleva en funciones desde diciembre de 2018 debido a la falta de acuerdo entre los dos grandes partidos.

[La ley exprés para lograr un TC favorable a Moncloa supera su primer trámite y se aprobará en 24 horas]

Con el fin de forzar el acuerdo, el PSOE impulsó en marzo del año pasado una primera reforma de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, por la que retiró al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) las competencias para efectuar nombramientos de jueces y magistrados, mientras se encuentre en funciones.

Esto ha provocado que algunas Salas del Tribunal Supremo se encuentren colapsadas y no puedan dictar sentencias sobre los asuntos que tiene pendientes, debido a que lo han podido ser sustituidos los magistrados que se han jubilado. Esta situación de colapso se reproduce en otras instancias, puesto que el CGPJ no puede efectuar nombramientos.

El PSOE ha decidido dar ahora otra vuelta de tuerca a su reforma judicial, ya que le urge nombrar a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato caducó el pasado mes de junio.

La importancia de algunos de los asuntos que tiene pendientes el Alto Tribunal -entre otros, los recursos del PP a la Ley del Aborto de Zapatero, a la Ley de Eutanasia y a la Ley Celaá educativa- ha persuadido a los socialistas de la necesidad de renovar este órgano para contar con una mayoría favorable.

[El Tribunal Supremo alerta de la situación "insostenible" que crea no poder cubrir las vacantes]

Los socialistas no quieren exponerse a un nuevo revés como el que supusieron las sentencias que declararon inconstitucionales los dos estados de alarma de la pandemia y la entrada del entonces Pablo Iglesias en la comisión que controla las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Por ello, el PSOE registró el pasado 24 de junio una Proposición de Ley Orgánica que rectifica su propia reforma judicial y permite al CGPJ designar, exclusivamente, a sus dos magistrados en el Tribunal Constitucional (los otros dos serán designados directamente por el Gobierno).

Esta Proposición de Ley Orgánica será sometida a votación este jueves en el Congreso, una vez concluya el Debate sobre el estado de la Nación.

La Cámara aprobó ayer miércoles tomar en consideración la "contrarreforma" judicial del PSOE por el procedimiento de lectura única, por 183 votos a favor, gracias al apoyo de Unidas Podemos, ERC, PNV y Bildu.

"Contrarreforma" exprés

El procedimiento de lectura única permite tramitar la Proposición de Ley por la vía de urgencia, de modo que este jueves pueda ser aprobada definitivamente en la Cámara, previsiblemente con la misma mayoría del llamado "bloque de investidura".

Pero los populares quieren dar una nueva oportunidad al acuerdo. Por ello registraron ayer una enmienda a la totalidad, con el texto alternativo que pretende devolver al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) todas sus atribuciones.

De este modo, el CGPJ podría proponer a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden (como pretende el PSOE) pero también efectuar el resto de nombramientos del Tribunal Supremo y del resto de órganos de la Justicia, para resolver el colapso provocado por la reforma que el PSOE aprobó el año pasado.

El PP remitió el lunes al Gobierno su propuesta de pacto para la Justicia, en la que acepta sentarse a negociar de forma inmediata la renovación del CGPJ con los socialistas, de acuerdo con el sistema previsto en la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial (es decir, todos los vocales son nombrados a propuesta de los partidos políticos, por una mayoría cualificada de las Cortes, lo que exige al menos el acuerdo entre los dos grandes partidos).

[Bruselas amonesta a España por tercer año consecutivo por el bloqueo del Poder Judicial]

Pero el PP pide que, a continuación el nuevo CGPJ elabore en el plazo de seis meses una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que "mejore la independencia del proceso y garantice una decisiva participación de los propios jueces y magistrados en la elección", de acuerdo con el modelo que ya está en vigor en otros países europeos.

Es decir, el partido de Alberto Núñez Feijóo quiere que se avance hacia un sistema en el que jueces y magistrados sean quienes elijan (en lugar de los partidos políticos) a una parte de sus representantes en el CGPJ, tal como reclama también la Comisión Europea.

Los populares proponen además ciertos mecanismos para establecer límites a las "puertas giratorias" en la Justicia: el cargo de vocal del CGPJ y de fiscal general del Estado no podrá ser ocupado por quienes hayan desempeñado un puesto de carácter político durante los últimos cinco años. 

Del mismo modo, de acuerdo con la propuesta del PP, los jueces y magistrados que hayan ocupado un cargo de elección política o de gobierno, con rango superior al de director general, no podrán reincorporarse al servicio judicial antes de un plazo de dos años. Algo que afectaría, por ejemplo, al actual ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP, Esteban González Pons, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, mantuvieron el pasado lunes un primer encuentro para intentar pactar la renovación del CGPJ, pero la reunión se cerró sin acuerdo.