Gobierno y PP empiezan a resignarse a acabar la legislatura sin renovar el Consejo General del Poder Judicial. No tienen ningún encuentro cerrado o previsto tras la efímera reunión de hace dos semanas, y ni siquiera la sustitución de Dolores Delgado como fiscal general del Estado ha allanado el camino para el acuerdo.

Fuentes de Moncloa no descartan, no obstante, hacer un último intento en lo que queda del mes de julio, aunque dan por hecho que el PP no pactará. El problema es que en agosto no hay plenos en el Congreso y el Senado; y eso haría muy difícil llevar a cabo la renovación antes de septiembre. Incluso aunque se diera un hipotético acuerdo.

Además, la última reunión fracasó porque el PP exigió que se frenara la tramitación de la proposición de ley que faculta al CGPJ a designar a dos magistrados del Constitucional. Esa reforma legal ya ha sido aprobada en Congreso y Senado, por lo que ahora ya es imposible detenerla. En todo caso, esa reforma quedaría en papel mojado si se renovara el Consejo, porque su efectividad se limita al supuesto de una institución fuera de mandato y no renovada.

En esa reunión, el responsable del PP, Esteban González Pons, entregó al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, un documento con 11 propuestas para la Justicia que, según los populares, no ha tenido respuesta. El PP rectificaba y renunciaba a modificar ahora el sistema de elección para que la mayoría sean elegidos por los propios jueces.

Obviamente, las dos partes se culpan mutuamente de la falta de acuerdo que mantiene bloqueado el CGPJ, sitúa el Tribunal Supremo al borde del colapso y deja al Tribunal Constitucional en el aire por las dudas sobre la designación de cuatro magistrados. Pero las dos partes dan por hecho que la otra no quiere cerrar este acuerdo y, por tanto, se resignan a terminar así la legislatura, salvo giro de alguno de los dos. O de los dos.

El sorprendente nombramiento de Delgado pasando de ministra de Justicia a la Fiscalía fue argumento utilizado en algún momento por el PP para justificar que no hubiera acuerdo sobre el CGPJ, que va ya para cuatro años en interinidad.

De hecho, el pasado día 11 de julio el PP remitió a Moncloa un documento con 11 puntos para lograr ese pacto y uno de ellos proponía que no puede ser designado fiscal general quien haya ocupado un cargo político en los cinco años anteriores. Ahora esta propuesta sólo tiene sentido para el futuro.

Y, Alberto Núñez Feijóo, en su reciente entrevista con EL ESPAÑOL, señaló que el nombramiento de Delgado es lo que “ha viciado” siempre la negociación. Fuentes del Gobierno aseguran que si ese fuera el obstáculo, habría quedado levantado este martes.

Ahora, fuentes del PP aseguran que recelan también del nombramiento del sustituto de Delgado, porque Álvaro García Ortiz era su mano derecha y porque participó en un acto del PSOE en Galicia.

El próximo fiscal general del Estado mantuvo una pugna con la Xunta de Galicia cuando la presidía Alberto Núñez Feijóo y él era fiscal de medioambiente, a cuenta de una investigación sobre incendios forestales.

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No obstante, el PP explica que ese nombramiento es ajeno a la negociación y piden respuesta del Gobierno a sus 11 propuestas incluidas en el documento que le hicieron llegar. Su tesis es que el Gobierno sólo quiere ya renovar el Tribunal Constitucional para que obtener una mayoría progresista. Ese cambio de mayoría es la que corresponde ahora si el Gobierno puede nombrar dos magistrados y el CGPJ otros dos.

Hay dudas legales de que el Gobierno pueda nombrar a los dos que le corresponden sin hacerlo al mismo tiempo que el CGPJ. Por eso modificaron la ley, para que el CGPJ haga los nombramientos antes del 13 de septiembre. El Gobierno considera que el Consejo no podrá eludir esa obligación antes de tal fecha.