EH Bildu, formación que se ha convertido en uno de los socios más leales del Gobierno, exigirá a Pedro Sánchez que la futura Ley de Secretos Oficiales aborde los GAL, los Grupos Antiterroristas de Liberación que, a partir del año 1983, combatieron el terrorismo de ETA con métodos al margen de la legalidad.
Según detallan fuentes del partido separatista a EL ESPAÑOL, Bildu solicitará al Ejecutivo que "busque justicia" en "múltiples episodios" que siguen aún "bajo el manto de una impunidad que aún hoy perdura".
Entre esos ámbitos, los abertzales incluyen a los GAL, cuya acta fundacional está fechada en julio de 1983. Tal y como avanzó este periódico, Bildu descartó apretar las tuercas en ese sentido al Gobierno durante la negociación de la Ley de Memoria Democrática, que dispone la conformación de un "comité técnico" que analice las "vulneraciones de derechos humanos" hasta, precisamente, ese año.
Bildu, sin embargo, cuando sí pretendía insistir en la desclasificación de información clasificada sobre los GAL —y así lo hará— es en el marco de la futura Ley de Secretos. Por el momento, el anteproyecto de ley contempla un periodo de 50 años para revelar datos reservados. Es decir, que permanezcan ocultos al público hasta 2033. Y es ampliable otros diez.
De ser así, "casos flagrantes de vulneraciones de derechos ocurridos en Euskal Herria seguirán sin ser aclarados, como los GAL", insisten desde EH Bildu.
Podemos, el socio minoritario del Gobierno, tampoco está conforme con ese plazo de medio siglo para desclasificar datos considerados sensibles y cuyo conocimiento público podría suponer un riesgo para la seguridad y defensa del Estado. De aprobarse ese intervalo, determinada información sobre el 23-F —el intento de golpe de Estado de 1981— no sería desvelada, como mínimo, hasta 2031.
Según insiste Bildu, cuyos votos fueron claves para la aprobación de la Ley de Memoria, "la parte socialista del Ejecutivo no cumple con la palabra dada por el Gobierno ni responde a las demandas que desde Euskal Herria han realizado durante décadas tanto la sociedad vasca como los partidos y asociaciones memorialistas en aras a conocer la verdad".
Mertxe Aizpurua, en el Congreso de los Diputados.
Por todo ello, la formación separatista pide al Gobierno que "rectifique" su postura y apuesta por "la transparencia, el reconocimiento y la verdad sobre todos los casos de vulneración de derechos y libertades que conciernan al Estado español y a sus aparatos desde el franquismo hasta el día de hoy".
"Un Estado que se dice democrático no puede mantener en el olvido, sin conocer ni resolver actuaciones delictivas por parte de sus aparatos, sean policiales, judiciales o políticos. No es aceptable que la reforma propuesta por el Gobierno no toque los principales elementos de una ley franquista [la norma vigente es del 1968] que mantendrá en secreto todo aquello que atacó los derechos y libertades de miles de vascos y vascas", insisten.
[El PSOE acepta que la Ley de Memoria incluya el catalán y el vasco como "víctimas" del franquismo]
Como avanzó EL ESPAÑOL, la Ley de Memoria Democrática apoyada por Bildu —y ya aprobada por la Cámara Baja— no investigará los crímenes de los GAL. Una de las enmiendas, pactadas entre abertzales y socialistas, contempla que un comité técnico analice "los supuestos de vulneración de derechos humanos" entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, cuando Felipe González ya llevaba un año al frente del Gobierno.
De este modo, los expertos que se designarán para tal labor extenderán el objeto de su estudio más allá de la muerte de Franco (1975).
Antes de la aprobación en el Congreso de esta norma, el partido abertzale confirmaba a este periódico que la Ley de Memoria no abordaría la guerra sucia contra ETA. Y avanzaban que donde pelearían este extremo sería en las negociaciones de la futura Ley de Secretos.
No obstante, antes de que finalizase 1983 fueron secuestrados, torturados y asesinados por los Grupos Antiterroristas de Liberación Lasa y Zabala. Y fue secuestrado también Segundo Marey. Y estas mismas fuerzas parapoliciales mataron a Mikel Goikoetxea, alias Txapela.
Tanto el PSOE como Bildu pactaron entonces que la labor de este comité técnico afectará tan sólo a los supuestos abusos policiales de los primeros años de la Transición.
Se trata de casos como los sucesos de Vitoria de 1976, que dejaron cinco manifestantes muertos tras enfrentarse a los agentes del orden. El ministro de la Gobernación era entonces Manuel Fraga, luego fundador de Alianza Popular. O los Sanfermines de 1978, cuando un joven murió al ser disparado por la Policía tras participar en una protesta en la Plaza de Toros a favor de la amnistía total de los presos. No obstante, en el marco de las negociaciones de la Ley de Secretos, Bildu exigirá desclasificar información reservada también sobre estos sucesos.
Bildu y los GAL
El acta fundacional de los GAL, entregada por el exlíder de los socialistas vizcaínos Ricardo García Damborenea al entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, está fechada a principios de julio de 1983. Dicho documento fue elaborado por el Cesid, el servicio de inteligencia militar, antecedente del actual CNI.
El primer atentado cometido por estos grupos parapoliciales ocurrió en octubre de ese mismo año, cuando secuestraron en Bayona (Francia) a dos jóvenes independentistas vascos próximos a ETA, José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. Ambos fueron asesinados tras sufrir brutales torturas y sus cuerpos se encontraron años después enterrados en cal viva.
Por el caso Laza y Zabala fueron condenados el guardia civil Enrique Rodríguez, el exgobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, el sargento Enrique Dorado y el cabo Felipe Bayo.
Otra de las primeras víctimas de la guerra sucia fue Segundo Marey, secuestrado también en 1983. Concretamente, en diciembre. En 1998, el Tribunal Supremo condenó a diez años de prisión por el caso Marey al exministro del Interior socialista José Barrionuevo, al exdirector de Seguridad Rafael Vera y al exgobernador civil de Vizcaya Julián Sancristóbal.
A pesar de asumir que la Ley de Memoria no analizase los GAL, Bildu sí celebró su acuerdo con el Ejecutivo central para ceder el Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de San Sebastián.
El edificio fue sede del Ministerio de Asuntos Exteriores durante las estancias veraniegas de Franco y la residencia del gobernador civil de Guipúzcoa. Allí fue donde se torturó en 1983 a Lasa y a Zabala.