Feijóo, dispuesto a pactar con Sánchez la Ley de Secretos para que no tenga que ceder ante sus socios

Alberto Núñez Feijóo ha explicado siempre que es partidario de pactar este tipo de iniciativas, para evitar que sea fruto de acuerdos de Pedro Sánchez con sus socios habituales. En este caso también, porque el PP nunca ha sido partidario de desclasificar secretos de la Transición y de los primeros años de la democracia.

Sin embargo, esta posición de los dos grandes partidos vuelve a chocar con la falta de puentes de negociación entre la Moncloa y el PP. De hecho, este lunes se ha reproducido el intercambio público de reproches entre socialistas y populares.

Ni el Gobierno ha contactado aún con el PP para explicarle sus intenciones con el proyecto de ley, ni desde Génova renuncian a utilizar la falta de apoyos de Pedro Sánchez en el Parlamento, para incidir en la idea de su debilidad en las Cortes.

Un ejemplo de esa falta de puentes es que más de un mes después de celebrarse en Madrid la cumbre de la OTAN, no ha habido ni un solo contacto entre Sánchez y Feijóo para informarle de sus resultados. Ni siquiera para pactar la votación en el Congreso del acuerdo para aumentar la presencia de buques de Estados Unidos en la base de Rota, aunque ese pacto entre PSOE y PP sea imprescindible.

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Fuentes del PP explican que, en principio, están de acuerdo con que el plazo de desclasificación llegue a los 50 años. Ni socialistas ni populares quieren que haya una desclasificación inmediata de documentación sobre el anterior jefe de Estado, sobre el 23 F, sobre la lucha antiterrorista o sobre la guerra sucia contra ETA de principios de los años 80.

Es decir, hay una coincidencia de los dos grandes partidos en preservar la Transición, al menos, hasta dentro de unos cuantos años que, según el anteproyecto del Gobierno, llegaría a 2030, como mínimo. 

El calendario

Los populares citan como precedente la Ley de Seguridad Nacional, tramitada en el Congreso, y que fue salvada por el PP en el Pleno, ante el rechazo del resto de partidos.

Según explican, la diferencia con este caso es que entonces sí hubo contactos durante meses entre Moncloa y Génova. No hubo acuerdos, pero sí contactos porque ambas partes entendían que es un asunto de Estado.

El anteproyecto de ley de secretos oficiales aún debe ser sometido a informes no vinculantes. Luego volverá en otoño al Consejo de Ministros e iniciará a principios de 2023 su tramitación parlamentaria.

Ese calendario puede ser negativo para que la ley salga adelante, puesto que en ese momento empezará la precampaña de las elecciones autonómicas y municipales y casi la de las generales.

En teoría hay tiempo suficiente para que se apruebe, pero fuentes del PP temen que sea imposible de nuevo su aprobación.