El Gobierno intenta hacer viable su plan de ahorro energético convocando 'in extremis' a las CCAA

La ministra para la Transición Ecológica ha convocado a las comunidades autónomas el martes para resolver las numerosas dudas surgidas en torno a la aplicación del plan del Gobierno. Lo ha hecho este viernes, horas después de asegurar que la norma "debe aplicarse con la flexibilidad que corresponda". 

Dado que el real decreto entrará en vigor de forma inminente, Teresa Ribera pretende dar respuestas a los técnicos autonómicos para hacer viables las disposiciones y de paso intenta tranquilizar a la opinión pública.

La realidad es que el plan de ahorro ha generado un aluvión de interrogantes entre los profesionales que deben aplicar las nuevas directrices, dudas que van desde cómo regular la temperatura a la gestión de la iluminación.

Pero el Gobierno también busca sacudirse las críticas por unas medidas que vienen guiadas por la Unión Europea, que obliga a reducir un 7% el consumo de energía. Y es que, a estas alturas, parece claro que ha habido precipitación y que ha fallado la comunicación en un tema complejo y muy sensible.

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Aunque Ribera tenía previsto desde hace días reunir a las autonomías para darles detalles del decreto y aclarar dudas, el hecho de hacerlo en pleno mes de agosto y en la víspera de que la norma entre en vigor, es algo que viene a darle la razón al PP, siquiera formalmente. Alberto Núñez Feijóo denunció desde el primer momento que ha faltado consensuar el texto con las comunidades.  

Entre quienes se oponen a las medidas está el PNV, aliado de Pedro Sánchez esta legislatura. Pero algunos alcaldes socialistas, como Milagros Tolón, han sido sospechosamente ambiguos. "Toledo seguirá luciendo la vista panorámica más bonita del mundo", ha tuiteado la alcaldesa con una estampa nocturna de la capital de Castilla-La Mancha totalmente iluminada.

Situación envenenada

Desde el Gobierno argumentan que, hace una semana, la propia Ribera informó de los planes de ahorro a los consejeros autonómicos en dos foros: la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y la Conferencia Sectorial de Energía, y que nadie puso objeciones ni planteó alternativas. También envió una comunicación a los ayuntamientos.

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Sin embargo, a medida que han ido surgiendo preguntas entre quienes han de aplicar la nueva normativa, la situación se ha ido envenenando políticamente. Los intentos de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica por aclarar este viernes que no se aplicará el mismo criterio a trabajadores que se mueven que a otros que hacen su labor de forma estática han colmado el vaso del desconcierto.

La sensación que empieza a calar en la calle es que se ha improvisado, que el decreto del Gobierno permite una gran discrecionalidad y que le falta mucha letra pequeña por escribir.

Políticamente, eso da un respiro a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña tuvo que dar marcha atrás y asumir que cumpliría con la ley un día después de salir en tromba contra una norma con cuyo espíritu podía alinearse una mayoría de ciudadanos.

Pero lo que es peor para el PSOE. El caso puede acabar entregando una nueva baza a Feijóo.