Pilar Alegría sube el listón: ahora usa las pensiones para acusar a Feijóo de 'insumisión constitucional'

Durante una visita a Torrelavega (Cantabria), Alegría ha acusado a Feijóo de colocarse en una posición de "insumisión constitucional" por lo apoyar públicamente la decisión del Gobierno de subir las pensiones de acuerdo con el IPC. 

Una acusación que se suma a la lanzada por la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, quien en una entrevista a EL ESPAÑOL señaló el pasado mes de julio que el PP se ha situado en una posición de rebeldía frente a la Constitución, por no pactar los nombres del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La hipérbole como forma de hacer política.

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La ministra Pilar Alegría exigió ayer domingo al líder del PP que aclare si apoya la decisión del Gobierno de ligar las pensiones al IPC (que en julio alcanzó el 10,8%).

Alegría argumentó que, según el artículo 50 de la Carta Magna, el Estado debe garantizar "mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad".

A su juicio, Feijóo se sitúa al margen de la Constitución si no apoya la subida anunciada por el Gobierno, que incrementará en 13.000 millones de euros el gasto estructural del Estado en 2023.

Tanto el Banco de España como la patronal CEOE se han mostrado partidarias, durante los últimos meses, de contener el incremento de las pensiones, para no alimentar más la espiral de inflación y para no poner en peligro la sostenibilidad futura del sistema.

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"No estamos en contra de esa subida", puntualiza la dirección del PP a preguntas de EL ESPAÑOL, "pero es difícil pronunciarnos sobre una cuestión de la que no hemos recibido ninguna información del Gobierno. Tampoco sabemos qué pide exactamente la UE al Gobierno español en materia de pensiones".

Por otro lado, las mismas fuentes de la dirección del PP consideran que el Gobierno, en su último año de legislatura, debe tener un plus de responsabilidad y ser especialmente riguroso en las decisiones que toma en materia económica, pues es probable que le corresponda pagar esos compromisos al próximo Ejecutivo que llegue tras las elecciones generales de 2023.

Fuentes del PP recuerdan que el Pacto de Toledo se creó precisamente, durante la presidencia de Aznar, para sacar del debate político una materia tan sensible como las pensiones. Y para que ningún partido tenga la tentación de utilizarlas electoralmente. Un acuerdo tácito que vuelve a romper el PSOE.

Preguntado sobre esta cuestión, Alberto Núñez Feijóo ha declarado este fin de semana en una entrevista a La Voz de Galicia que "hace falta un debate serio y sosegado para definir el mejor sistema, el más justo", que sirva para garantizar la sostenibilidad de las pensiones durante las próximas décadas.

Una "desmesura"

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada Agustín Ruiz Robledo considera una "desmesura" la acusación lanzada por la ministra Pilar Alegría.

"No es razonable que el Gobierno se atribuya el papel de intérprete de la Constitución", afirma Ruiz Robledo en declaraciones a EL ESPAÑOL. El catedrático considera desconcertante que el Gobierno al que el Tribunal Constitucional anuló dos estados de alarma, sostenga que el PP se sitúa fuera de la Constitución por no apoyar sus decisiones.

Si el Gobierno considera que alguien actúa de forma inconstitucional, que "recurran al TC", señala el catedrático de Derecho Constitucional, "pero estamos en el debate del terreno político y debería respetar las posiciones que adopte la posición, los sindicatos o los empresarios".

A su juicio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez empieza a identificar lo que hace como la única posición correcta, es algo muy poco democrático: "si la oposición no le apoya, entonces se sitúa al margen de la Constitución".

Cs advierte del riesgo

Algo que resulta paradójico, teniendo en cuenta los reveses que ha sufrido el actual Gobierno en cuatro sentencias del Tribunal Constitucional, durante la actual legislatura.

Se trata, además, recuerda Agustín Ruiz Robledo, del Gobierno que ha aprobado más decretos ley. "La Constitución dice que el procedimiento para aprobar las normas vinculantes es la ley, mientras reserva el real decreto-ley como un procedimiento excepcional", explica el catedrático, "si analizamos quién incumple más la Constitución, igual nos llevamos una sorpresa".

Ciudadanos (Cs) es el único partido que ha advertido públicamente que ligar las pensiones al IPC puede amenazar la sostenibilidad del sistema, teniendo en cuenta que hoy la inflación supera el 10%. 

Lo ha dicho públicamente su portavoz parlamentario y vicesecretario general, Edmundo Bal: "¿De dónde coño vamos a sacar ese dinero? No hay dinero para pagar esas pensiones", ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press: "Bruselas nos va a decir que de qué vamos. Es que es imposible".