El PP no hará campaña contra la ley del aborto porque sería "caer en la trampa del Gobierno"

"No vamos a caer en cortinas mediáticas", señalan fuentes oficiales del PP. Los de Feijóo consideran que la aprobación de la norma en estos momentos constituye una trampa del Gobierno para marcar la agenda política y forzar al primer partido de la oposición a enzarzarse en debates ajenos a la situación económica.

"Es conocida nuestra posición sobre algunos aspectos de la Ley", cuentan a EL ESPAÑOL estas fuentes. "No vamos a hacerle la campaña al Gobierno para desviar el foco hacia esta cuestión. Llevamos tres meses con una inflación superior al 10%".

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Alberto Núñez Feijóo ya ha anunciado que su prioridad en el nuevo curso político será ofrecer propuestas para aliviar la situación de las familias y facilitar el mantenimiento del empleo ante el deterioro de la situación económica, que atribuye no sólo a la guerra de Ucrania, sino también a la desacertada gestión del Gobierno.

Por su parte, Moncloa mantiene su calendario con iniciativas legislativas más enfocadas hacia la batalla ideológica (como la Ley de Memoria Democrática o la reforma de la Ley del Aborto), con las que intenta forzar al PP a situarse en posiciones próximas a Vox.

El PP de Mariano Rajoy sí apoyó activamente en septiembre de 2009 la manifestación convocada en Madrid por varias asociaciones provida (como el Foro Español de la Familia) contra la Ley del Aborto del Gobierno de Zapatero.

Además de establecer el sistema de plazos, la Ley de Zapatero también introdujo la posibilidad de que las menores pudieran abortar a partir de los 16 años, sin autorización de los padres. El Gobierno de Rajoy tan sólo derogó este último extremo, que ahora recupera la reforma impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Pendientes del TC

El equipo de Feijóo evita pronunciarse sobre si recurrirá ante el Tribunal Constitucional la nueva reforma aprobada este martes. Entre otras cosas porque, 12 años después, el Constitucional todavía no ha resuelto el recurso que el PP presentó en 2010 contra la Ley del Aborto de Zapatero, aunque podría hacerlo en los próximos meses.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, advirtió el lunes de que el Gobierno tiene una enorme "prisa" por hacerse con el control del Tribunal Constitucional con el fin de obtener un fallo favorable en los importantes recursos que debe resolver en los próximos meses: sobre la Ley del Aborto de 2010, sobre la Ley Celaá de Educación y sobre los indultos a los condenados por el 1-O.

El Alto Tribunal también debe resolver el recurso que el PP presentó contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada en marzo de 2021, que impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) efectuar nombramientos mientras tenga su mandato caducado.

Por último, todo indica que también acabará ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Supremo que condenó a seis años de cárcel al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán e impuso penas a otros 15 cargos socialistas por malversar 700 millones de euros en el caso de los ERE.

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"El Gobierno no tiene ningún interés en el CGPJ, su prioridad es hacerse con el control del Constitucional" para evitar un fallo desfavorable en estas sentencias, señalan fuentes de la dirección del PP.

Por ello, la última contrarreforma del Poder Judicial aprobada este verano en el Congreso establece el próximo 13 de septiembre como fecha límite para que el CGPJ designe a sus dos nuevos representantes en el Constitucional (le corresponde al Gobierno nombrar a los otros dos). Con estos nombramientos, el Ejecutivo confía en hacerse con una mayoría "progresista" en el Alto Tribunal.

Como ha informado EL ESPAÑOL, el Ministerio de Igualdad tramitó la actual reforma de la Ley del Aborto como "urgente" y "extraordinaria" para poder remitirla a las Cortes sin contar todavía con el informe del CGPJ (preceptivo, pero no vinculante).

El Ministerio que dirige Irene Montero intentó forzar al CGPJ a emitir su informe en un plazo "improrrogable" de 15 días, algo que ha resultado inviable debido a la carga de trabajo del órgano de gobierno de los jueces. No obstante, su dictamen no vinculante se podrá incorporar durante la tramitación parlamentaria.

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La reforma de la Ley del Aborto aprobada este martes por el Consejo de Ministros elimina los tres días de reflexión y establece un registro para el derecho de objeción de los médicos, aunque "garantiza" que las mujeres que deseen interrumpir el embarazo puedan hacerlo en el hospital público más cercano.

La norma determina que habrá educación sexual en todos los ciclos educativos para evitar embarazos no deseados, garantiza la gratuidad de la píldora del día después y promueve los métodos anticonceptivos masculinos.

Además, los centros educativos y las prisiones estarán obligados a facilitar productos de higiene femenina gratis. La Ley establece también la baja laboral por regla dolorosa (por horas o días), que financiará la Seguridad Social como incapacidad temporal especial. "Con esta Ley la regla dejará de ser un tabú", decía este martes al respecto la ministra Irene Montero.

Por último, la gestación subrogada será tipificada como explotación reproductiva y una forma de violencia reproductiva contra la mujer, por lo que se prohibirá su publicidad con sanciones. En España, sólo Ciudadanos (Cs) ha reclamado regular la gestación subrogada.