Desde que Pedro Sánchez dio su giro a la izquierda durante el Debate sobre el estado de la Nación las relaciones en el Gobierno se han pacificado. La sintonía y complicidad -a puerta cerrada- entre PSOE y Unidas Podemos se encuentra en uno de sus mejores momentos a pocas horas de presentar unos Presupuestos Generales del Estado que, nadie duda, llegarán a tiempo al Consejo de Ministros. A pesar de todo, en medio de la recta final de las negociaciones ha resurgido un viejo problema, recurrente, que se le atraganta a los socios de la coalición y que podría no ver la luz este martes.
Una de las condiciones de los morados para desbloquear las cuentas del Estado es la tramitación de la Ley de Vivienda, que permanece atascada en el Congreso de los Diputados debido al voto en contra de los socialistas. Su aprobación sigue pendiente y, dicen fuentes de la negociación, no hay avances palpables.
El problema, en este caso, no es tanto el texto de la ley como las enmiendas posteriores. Tras casi un año de desencuentros, cambios de opinión y volantazos de última hora se llegó a un borrador común, consensuado, para que pasase el aval parlamentario. Fue entones cuando Unidas Podemos presentó una batería de cambios., nada menos que 55.
El objetivo del grupo confederal, señalan a EL ESPAÑOL fuentes cercanas a la negociación, era y sigue siendo blindar ciertos apartados discrecionales y, además, promover un giro todavía más a la izquierda en su ley estrella, que "se quedó corta" hace un año. Todo bajo el paraguas de garantizar el apoyo del resto de fuerzas progresistas, como ERC y EH Bildu, y no tener que recurrir a la geometría variable.
Sobre el papel, esto se traduce en varias medidas especialmente polémicas: prohibir los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, el tope de los precios y que las viviendas de la Sareb pasen al parque público, aunque no sólo. A ello se ha sumado la disputa por los desahucios exprés, instigados por el PSOE vía enmienda.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (i), y la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados.
En el Ministerio de Hacienda tienen una visión bien distinta del asunto. Acusan a Unidas Podemos de haber "pervertido" la ley pactada, precisamente una que tanto esfuerzo llevó redactar. De hecho, tras meses de negociaciones acalarodas, las posturas no empezaron a acercarse hasta que Sánchez le encargó al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que interviniera personalmente del asunto.
Tres puntos conflictivos
Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales señalan tres puntos como los más conflictivos del texto, al menos para el PSOE. Todos ellos están respaldados por el bloque de la investidura y son, a su juicio, "de sentido común para un gobierno de izquierdas".
La primera medida que se atraganta en el lado socialista es la regulación de los precios del alquiler en las zonas de mercado tensionado para todos los propietarios. En román paladino, poner un tope al alquiler para todos los arrendadores de vivienda, grandes y pequeños, en todos los territorios donde haya aumentado el precio por la falta de oferta.
Desde el grupo confederal aseguran que topar el alquiler en las zonas tensionadas ayudaría también a regular los precios de las hipotecas.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López (i) y el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique (d).
En cuanto a prohibir por ley los lanzamientos de familias vulnerables sin que haya una vivienda alternativa donde puedan alojarse, la justificación morada es cristalina.
Una medida como esta "en el contexto de crisis actual", dicen desde el ministerio, lograría evitar escaladas como las ocurridas a partir de 2008. Según el Observatori DESC, España sufrió un total de 684.385 desahucios en los primeros diez años desde la gran Recesión.
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El tercer punto es modificar el régimen jurídico de la Sareb, el llamado banco malo encargado de vender inmuebles que fueron traspasados por las entidades que recibieron ayudas públicas. La reforma, en este caso, haría que gestione sus viviendas con convenios con las comunidades autónomas. De igual forma, lo que esto significaría sería que todas sus viviendas -alrededor de 15.000- pasarían a formar parte del parque público.
Presupuestos a tiempo
El martes pasado, a las puertas de la última semana sin presupuestos, hubo cumbre morada. Se reunieron en la misma mesa la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; la ministra Ione Belarra; el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez; y el director de gabinete de Díaz, Josep Vendrell. Ahí se confirmaron, dicen fuentes cercanas, las "líneas rojas" de la negociación. Una de ellas la Ley de Vivienda, la que más peligra para Unidas Podemos.
A pocas horas de cerrar las cuentas anuales nadie duda de que el Ejecutivo vaya a llegar a tiempo a presentarlas en el Consejo de Ministros. Lo único que es objeto de discrepancia sobre la mesa es el día del anuncio, ya que la reunión del martes coincide con el Plan de Contingencia Energética de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.
En un Gobierno con tendencia a separar las grandes informaciones y condurar sus éxitos, los socios no permitirán que dos anuncios de tal calado vean la luz el mismo día. Queda por ver cómo lo venden. Mediáticamente hablando.