Una hora de bronca en Bruselas: cómo PSOE y ERC buscaron evitar la visita de la UE a las aulas catalanas

"No, en la anterior reunión no se decidió eso, y no podemos designar una misión para el segundo semestre de 2023", dijo Cristina Maestre, del PSOE.

Ante la sorpresa de la presidenta, Dolors Montserrat (del PP), junto a la socialista se posicionaron las coordinadoras de La Izquierda y de los Verdes, es decir, de los grupos parlamentarios que acogen a Unidas Podemos y a Esquerra republicana, en este caso, Sira Rego (eurodiputada por Unidas Podemos y portavoz de IU) y la danesa Margrete Auken, aleccionada por sus compañeros independentistas.

Dolors Montserrat, en el Parlamento Europeo

Lo que vino después fue "una bronca durísima de más de una hora", según fuentes presentes en la reunión, en la que las coordinadoras de estas formaciones trataban de evitar que el Parlamento Europeo agendase una misión a Cataluña para "analizar la situación de indefensión de las familias en sus derechos por la persecución del español en las escuelas".

El empeño de estos grupos era posponer la decisión y que quedara para próximas reuniones. "Así, entendían ellos, les daría tiempo a elevar otras peticiones y buscar apoyos para ponerlas por delante de la que tiene que amparar los derechos fundamentales de los niños que en España no pueden estudiar en su lengua materna, y oficial en todo el Estado", explican las citadas fuentes.

Pero el coordinador del EPP logró evitarlo "después de mucha discusión y presiones", gracias a la mayoría de votos que formaron los populares con los liberales de Renew y la derecha radical del ECR, en cuyo grupo se sientan los representantes de Vox. 

Alegan los eurodiputados del PSOE que el Partido Popular y Ciudadanos están convirtiendo, "sobre todo en esta legislatura", el Parlamento Europeo "en una especie de cámara de tercera lectura española". Que cuando el partido de Alberto Núñez Feijóo no consigue armar mayorías en Madrid, se va a Bruselas "trayendo asuntos que no son de incumbencia de la Unión Europea, sino de política interna".

Desde el centro y la derecha españoles se responde con dos argumentos. El primero, que los derechos fundamentales son "el corazón de la UE". Y que en el caso de Cataluña, es el Govern independentista el que se salta las sentencias judiciales e incumple la obligación de impartir, al menos, el 25% de las clases en castellano.

El segundo argumento de PP, Cs y Vox es que "basta ver quiénes se negaban a la misión", apuntan fuentes populares. "Basta mirar el calendario y las alianzas políticas de Pedro Sánchez para entender que es para PSOE, Podemos y Esquerra para los que éste es un asunto peligroso en lo electoral".

Efectivamente, durante el primer semestre de 2023, el Parlamento Europeo convocará una sesión pública de expertos y afectados -con la probable presencia de los peticionarios- para informarse del asunto. Es decir, justo antes de las elecciones municipales y autonómicas.

Y en el segundo semestre del año que viene se celebrará la visita de la misión de eurodiputados a Cataluña para analizar la situación de persecución del español en la educación. O sea, justo antes de las elecciones generales.  

Minorías lingüísticas

Pero lo cierto es que el alemán Peter Jahr, coordinador del EPP en el comité, no sólo se mantuvo firme. Según eurodiputados presentes en la reunión, encajó las críticas con calma y explicó que la Comisión de Peticiones está "precisamente para atender las demandas de los ciudadanos". Y más en un caso como éste, pues trata sobre "derechos fundamentales de menores" y sus familias, que estarían siendo vulnerados por las autoridades.

Todo el argumento al que se agarraban el PSOE, ERC y Unidas Podemos se basaba en un embrollo burocrático. Según el trabajo habitual de la comisión, es cierto que hasta que no se cierran los cupos de un semestre no se suelen abrir los del siguiente.

Pero ya el pasado 8 de septiembre los populares europeos habían propuesto el envío de una misión de europarlamentarios para investigar "el incumplimiento del estado de derecho en Cataluña", según lo describe Maite Pagazaurtundua, representante de Ciudadanos. De hecho, el EPP y los liberales de Renew llegaron a la cita con el acuerdo cerrado.

Sin embargo, la coordinadora liberal, la estonia Yana Toom, trató de torpedear la decisión, exigiendo que antes se organizara una sesión de comparecencias. Lo que se llama en la jerga europea, un hearing. Se da la circunstancia de que Toom pertenece a la minoría rusófona del país báltico, y se le atribuyen sensibilidades cercanas a la defensa de las lenguas minoritarias.

Pero en este caso, mal entendidas, según la argumentación de sus propios compañeros de Cs: "A muchos eurodiputados les sorprende que el problema lingüístico en España no es que el catalán esté proscrito, sino al revés. Que es la lengua común, el castellano, la que es perseguida en Cataluña".

La eurodiputada Maite Pagazaurtundua, junto a los líderes de las asociaciones por el plurilingüismo, en Bruselas. E.E.

Varias de las organizaciones constitucionalistas y defensoras del bilingüismo en la educación en Cataluña visitaron el pasado 12 de octubre la Eurocámara en una jornada organizada por Pagaza, coincidiendo con el Día de la Fiesta Nacional. Junto a la lucha en Cataluña por el derecho a la educación también en español, organizaciones de Navarra, Comunidad Valenciana y Baleares explicaron también su caso.

"Resulta terrible que se quiera seguir ese mismo camino de eliminación del español en otras comunidades autónomas", advertía la eurodiputada en conversación con este diario.

Advertencia a Sánchez

Hay que recordar que ya en la anterior legislatura europea, la misma Comisión de Peticiones recordó por carta a la Generalitat, entonces presidida por Quim Torra, su obligación de garantizar un 25% de clases en castellano en los colegios financiados con dinero público, en cumplimiento de las sentencias judiciales. Y que el comisario de Justicia, Didier Reynders, se lo dijo a la cara al president de la Generalitat, Pere Aragonès, al recibirlo hace sólo una semana en Bruselas.

No sólo eso, el propio Reynders, en su última visita a España, hace un mes, amenazó elegante pero públicamente el Gobierno de Pedro Sánchez: "El cumplimiento de los fallos judiciales es una de las bases del Estado de derecho", advirtió. "Corresponde primero a las autoridades nacionales hacerlas cumplir, pero si la Comisión Europea constata su incapacidad, procederemos a incluirlo en el próximo informe de evaluación".

España lleva tres años siendo advertida muy seriamente por Bruselas por las injerencias políticas en el Poder Judicial, el bloqueo institucional y la dependencia de la Fiscalía del nombramiento del Gobierno.

El comisario recordó que Sánchez asumirá la presidencia de turno del Consejo en el segundo semestre de 2023, en las mismas fechas en que se publicará el Informe sobre el Estado de derecho en España... "y es mejor predicar con el ejemplo", avisó Reynders.

Se le acumulan los problemas a Moncloa, ya que en ese mismo segundo semestre viajará la misión de eurodiputados a Cataluña. Donde las escuelas incumplen el mandato judicial del 25% en castellano, porque el Govern de ERC hizo una ley ad hoc para tratar de ampararlas jurídicamente, y el Gobierno de España, apoyado por esa formación independentista, no impone la aplicación de la sentencia.