El Gobierno y ERC quieren que la reforma de los delitos de rebelión y de sedición sea acordada en la Mesa de diálogo con Cataluña antes de final de año y una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado, según fuentes de la Moncloa y de la formación independentista.
De hecho, ya ha habido contactos entre las dos partes para conocer las posiciones de inicio de cada uno y esperan seguir hablando de forma discreta hasta llegar a un acuerdo en la Mesa de diálogo.
La anterior reunión se produjo el pasado mes de julio en la Moncloa y se incluyó entre los acuerdos una referencia genérica a "la necesidad de poner fin a la judicialización de la vida política, partiendo del compromiso de conducir la actividad política e institucional de acuerdo al ordenamiento y los procedimientos democráticos, así como la eventual mejora de ambos mediante el diálogo y el consenso".
El Gobierno, a través de su portavoz Isabel Rodríguez, insistió este martes en la rueda de prensa del Consejo de Ministros en los argumentos reiterados hasta la saciedad por el Ejecutivo. Por ejemplo, que esa reforma no tiene nada que ver con la negociación de los Presupuestos.
Rodríguez recalcó que "no hay mayoría suficiente para aprobarlo en el Congreso", aunque sin explicar de qué forma el Gobierno ha constatado quiénes están o no de acuerdo con esa reforma. De hecho, todos los partidos que apoyaron la investidura estarían dispuestos a apoyar esta reforma legal, a falta de que se precise la fórmula concreta. Serían hasta 190 diputados, cunado la mayoría absoluta es de 176.
La portavoz aseguró también que se cumplirá el compromiso expresado por Pedro Sánchez en su discurso de investidura en enero de 2020. Sin embargo, en las intervenciones en el Pleno de investidura los días 5, 6 y 7 de enero de 2020 no hay referencia alguna de Sánchez a esa futura reforma.
El propio Sánchez dijo la pasada semana en rueda de prensa que el Gobierno "mantiene su compromiso de, si se produce una mayoría parlamentaria para reformar y homologar a Europa, pues cumplirá con uno de los compromisos de investidura, uno personal mío", aunque la realidad es que no lo dijo en aquel debate del Congreso.
Mucho más clara fue este martes la portavoz de la Generalitat de Cataluña, Patrícia Plaja, quien instó al Gobierno a avanzar en esta reforma, según informa Europa Press.
"El Gobierno sabe cuál es la mejor de las opciones", dijo Plaja, que explicó que no concretaba ni iba más allá para "poder garantizar el buen funcionamiento de los contactos directos".
De hecho, fuentes de ERC dicen estar molestas por las referencias públicas del Gobierno a esta reforma legal, a la que se comprometió Sánchez el pasado viernes.
El Ministerio de Justicia ya tiene un borrador cerrado que elaboró el anterior ministro, Juan Carlos Campo. Ese texto prevé varias opciones, desde la eliminación del delito de sedición a la más probable de establecer grados entre la sedición y la rebelión.
No obstante, no es seguro que pudiera ser aplicado de forma inmediata y favorable a Carles Puigdemont, si es que decide volver a España, entre otras cosas porque la sentencia del Tribunal Supremo establece condenas de sedición en concurso con malversación y no es fácil aplicarles una eventual reducción de penas.
La portavoz de la Generalitat hizo referencia a las recomendaciones internacionales de organismos como el Consejo de Europa y Naciones Unidas: "Son la mejor hoja de ruta a seguir".
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