Siempre queda peor de cara a la galería el primero que se levanta de una mesa de negociación. Ese es el runrún que ahora preocupa a los sectores moderados del Partido Popular desde que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, anunciara el jueves que suspende las conversaciones con el Gobierno para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un pacto que estaba a punto de cerrarse.
El PP decidió romper la baraja cuando la ministra María Jesús Montero, en pleno debate a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado, reiteró el compromiso de reformar el delito de sedición para contentar a sus socios de ERC. Esta postura contrastaba con la que trasladaba a los populares el ministro de Presidencia y enviado de Moncloa para las conversaciones, Félix Bolaños, quien aseguraba que la reforma era poco más que "ruido mediático".
A ojos de los conservadores, no se puede estar pactando cuestiones de Estado con un partido que, por otro lado, está pactando a su vez con aquellos que quieren debilitarlo. En cuanto Feijóo habló con Pedro Sánchez y este le confirmó sus intenciones, todo voló por los aires, parece que de forma irreparable.
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En las primeras palabras que pronuncio en público tras la ruptura de los contactos, Feijóo aseguró este viernes desde Vitoria que "los ciudadanos añoran acuerdos, y llegarán con este PP y con otro PSOE". Es decir, que los "pactos de Estado" son imposibles con el actual presidente Sánchez. Feijóo emplazó a una nueva etapa en la que el actual líder del Ejecutivo ya ni siquiera sea secretario general de su partido.
"Se quiere hacer una Justicia a la medida de los independentistas", aseguró Feijóo. Además, aseguró que en la larga conversación telefónica que mantuvo el jueves con Sánchez, el presidente del Gobierno rechazó la posición del PP y prefirió seguir apoyándose en la mayoría parlamentaria de sus socios actuales.
En el sector más moderado del Partido Popular, la ruptura de la negociación sobre el CGPJ ha causado inquietud. Aunque Feijóo habló con todos sus barones y estos le trasladaron su apoyo, la que se mostró más contundente fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien en una conversación por WhatsApp le dijo que era "una barbaridad" pactar el CGPJ en esas circunstancias.
Ayuso habría advertido a Feijóo del coste que puede tener para el PP trasladar una imagen de complicidad —al seguir adelante con unas negociaciones que entregarán al PSOE y sus socios el control del CGPJ y del Tribunal Constitucional—, ante las nuevas concesiones del Gobierno a los secesionistas.
Pero el hecho de que se hayan conocido estos detalles preocupa a sectores del Partido Popular que temen el coste que puede tener para la imagen de Feijóo haber cedido a las presiones de la baronesa madrileña.
Quien jamás se mostró de acuerdo con levantarse de la mesa era el vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP, Esteban González Pons. No sólo porque él era el interlocutor directo de Bolaños, sino también por su marcado perfil europeo. A su parecer, la Unión Europea no entenderá que no se haya llegado a un acuerdo, debilitando así la imagen de Feijóo en el extranjero.
Por su parte, el Gobierno ha descargado toda la responsabilidad sobre el PP, especialmente porque su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, había instado en una entrevista a deslindar las negociaciones del CGPJ y la reforma de sedición. Tirando del argumentario que llevan días esgrimiendo, los socialistas han acusado a los conservadores de no "arrimar el hombro" en las cuestiones de Estado.
El ministro Félix Bolaños también compareció este viernes y acusó a Feijóo de haber sido presionado por sectores derechizados de su partido y de haber cedido. "Le han doblado el pulso", dijo en Onda Cero, "elementos reaccionarios que están dentro y fuera" de su formación. "No tiene autonomía para gobernar su espacio político", comentó, a lo que añadió que ha comenzado su declive y que "resultará difícil recuperar la confianza", añadió el ministro de Presidencia.
La consecuencia directa de esta situación es que ahora ya no se podrá renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por lo menos, hasta 2024, tras las próximas elecciones generales. Todo indica que entonces se pondrá en marcha un nuevo proceso. Mientras, las consecuencias de la no renovación seguirán menoscabando las instituciones judiciales.
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