Dos visiones de la ruptura: Moncloa ve a Feijóo herido y el PP cree que la sedición desangrará a Sánchez

Explica así que el Gobierno va a evitar dar ahora pasos inmediatos sobre el CGPJ, como medidas legales para obligarle a elegir los magistrados del Constitucional que debía haber designado antes del 13 de septiembre o la más extrema que le exige Unidas Podemos para rebajar la mayoría necesaria para la renovación. "Tenemos todas las opciones sobre la mesa desde hace tiempo, pero esa nos la frenó ya Europa", explica.

Su tesis es que la decisión penalizará a Feijóo. No inmediatamente, pero sí diluirá su imagen de moderación y de hombre de Estado con la que llegó a la presidencia del PP en marzo. Es coherente con la estrategia de Moncloa en los últimos meses, basada en debilitar la imagen con la que Feijóo llegó a Génova.

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Traza un paralelismo con el Mariano Rajoy de 2004 a 2008 que estuvo supeditado a los sectores políticos y mediáticos que le empujaban a la radicalidad y cómo sólo le empezó a ir bien cuando se separó de esas influencias que le ahogaban.

Y de la misma forma que Moncloa se agitó tras las andaluzas con las encuestas que hundían al PSOE y daban claro ganador a Feijóo, ahora en Génova se huele el miedo por los primeros sondeos que han desinflado ligeramente ese ascenso del PP. Ese contexto explica casi cada movimiento de los dos líderes.

En el equipo del presidente del PP se explica que el acuerdo sobre el CGPJ no era una decisión ganadora, porque hubiera servido para centrar a Sánchez en un momento en el que uno de sus principales pasivos electorales —sobre todo, para las municipales y autonómicas— son sus pactos con ERC y con Bildu. Según esta tesis, el acuerdo le hubiera sacado de ese pozo.

Los propios barones del PSOE admiten en privado que les preocupan enormemente esos acuerdos y una hipotética tramitación de la reforma del delito de sedición, que puede prolongarse hasta la precampaña electoral, incluso aunque se buscara una tramitación rápida como proposición de ley. 

Cierra Sánchez una semana con ingredientes que definen casi toda su gestión: puede alardear de estabilidad con el trámite de sus terceros Presupuestos en plena efervescencia de los gobiernos en Europa y, al tiempo, se ve su punto débil de los pactos parlamentarios y se acumulan fricciones con sus socios de Gobierno. Por ejemplo, con Unidas Podemos le enfrenta la Ley Trans, el veto a Victoria Rosell para el CGPJ, la Ley de Vivienda o la Ley de Familia, entre otras. Pero resiste firme y sin apariencia de rendición.

Como carambola, la ruptura de las negociaciones sobre el CGPJ cierra la tensión con Unidas Podemos por el veto a Victoria Rosell y evitan el peligro de que sus diputados votaran en contra.

El PP ve sangre en la "radicalidad" del PSOE y en sus pactos y Moncloa ve una herida abierta en Feijóo al alejarse de la imagen de hombre de Estado moderado que podría diferenciarle de Vox.

Los populares mencionan lo que consideran "leyes divisivas" que impulsa Sánchez, incluida la reforma de la sedición. Y los socialistas se refieren a la imagen de supeditación a la radicalidad de Isabel Díaz Ayuso y el ejemplo de Andalucía, donde sólo la moderación de Juan Manuel Moreno le sirvió al PP para erigirse como propietario del voto útil y llegar a la mayoría absoluta. Subrayan cómo la presidenta madrileña hizo saber que la ruptura de la negociación estuvo precedida de un mensaje suyo a Feijóo marcándole el camino.

Para el PP, es una evidencia que Sánchez busca desesperadamente desde las elecciones andaluzas movilizar al adormecido electorado de izquierdas y, para eso, impulsa medidas como los impuestos "a los ricos".

En el entorno de Feijóo se explica también que las encuestas cualitativas que maneja el PP muestran que la mayoría de sus electores no quiere ese pacto y que, por tanto, no les penaliza la decisión.

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Por el momento, en poco más de cuatro años de mandato de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, sólo se han producido tres mínimos acuerdos del Ejecutivo con el PP y los tres cuando el presidente del principal partido de la oposición era Pablo Casado. 

Es uno de los peores balances de acuerdos entre los dos principales partidos de todas las legislaturas de la democracia constitucional, a pesar de que desde julio de 2018 se han vivido situaciones como una pandemia o una guerra que aconsejarían pactos de Estado entre ambos. Y será aún peor en la etapa de Alberto Núñez Feijóo al frente de la oposición que la de Pablo Casado, pese a que el primero pasa por ser más moderado y centrista que el segundo.

En febrero de 2021, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el entonces número dos del PP, Teodoro García Egea, pactaron que José Manuel Pérez Tornero fuera presidente de RTVE, después de años de bloqueo en la radiotelevisión pública. Este pacto ha sido roto ahora de facto con la dimisión de Pérez Tornero, forzada desde la Moncloa.

En octubre de 2021, Sánchez y Casado acordaron el nombre del Defensor del Pueblo (Ángel Gabilondo) y su adjunta (Teresa Jiménez Becerril); cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Inmaculada Montalbán y Juan Ramón Sáez Valcárcel) y la renovación del Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos.

Y hay un tercer pacto —o, al menos, colaboración mutua—, no reconocido públicamente, que se refiere a la participación o conocimiento de decisiones de la Casa Real referidas al Emérito y relacionadas con decisiones para aumentar la transparencia de la Monarquía. Para eso, había un canal de comunicación con interlocutores designados por Moncloa y Génova en tiempos de Pablo Casado.

Alberto Núñez Feijóo asumió de facto en febrero la dirección del PP y desde entonces ha sido imposible que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición firmen acuerdo alguno. Así es a pesar de que Feijóo, como presidente de la Xunta de Galicia era partidario de acuerdos, especialmente para renovar las instituciones, e hizo bandera de los pactos de Estado.

Empezó su mandato ofreciendo acuerdos a Sánchez en economía y siete meses después no se ha firmado ninguno y ha roto la negociación del último intento para renovar el CGPJ y el Constitucional, justo cuando ya estaba redactada hasta la última coma del pacto de Estado.

Todos los barones regionales del PP cerraron filas con él en esta decisión, en coherencia con un diseño de partido que salió del congreso de Sevilla de marzo y el nuevo Pacto del Betis entre Feijóo y Moreno.