Los 25 consejeros del BCE aprobaron unánimemente el informe del que Sánchez culpa a De Guindos

EL ESPAÑOL-Invertia ha podido conocer que el documento publicado, y firmado por la presidenta Christine Lagarde, no tuvo ningún comentario en contra durante el 'procedimiento escrito' por el que se tramitó en el seno de la institución. De hecho, según explican las fuentes consultadas, ni siquiera hubo debate en el Consejo de Gobierno. 

Esas mismas fuentes se muestran sorprendidas por la reacción del Gobierno de España sobre el informe. Recuerdan que opiniones de este tipo se aprueban a menudo, y que además no dice nada que no haya dicho en ocasiones anteriores sobre impuestos en otros países. Uno de los últimos ejemplos, el aprobado sobre un tributo similar en Lituania en el año 2019. 

También recuerdan que se trata de un informe solicitado por el Congreso de los Diputados español, y cuyo objetivo es el de "ayudar" al Parlamento, que "no tiene ninguna derivada" y que además no tiene carácter vinculante. 

"Sabemos quién es Guindos"

En la rueda de prensa posterior a la 33ª Cumbre Hispano-Portuguesa, junto al primer ministro luso, António Costa, el mandatario español recordaba con sarcasmo que a De Guindos "le conocemos bien en la política española". Y posteriormente, lo definía como "el ministro de Economía del Partido Popular que fue el responsable del rescate bancario, y que dijo que no costaría un euro a los españoles y antes era directivo de Lehman Brothers".

En un tono desabrido, el presidente español se llegó a mofar esa "ayuda" y de las últimas declaraciones de De Guindos, que expresó que forma parte de su trabajo "colaborar" con los gobiernos nacionales: "Agradezco sus ganas de ayudar", dijo Sánchez en Viana do Castelo (Portugal), "y tomamos nota, estudiaremos el informe, pero seguimos con la hoja de ruta de PSOE y Unidas Podemos. Crearemos este importante impuesto". 

El argumentario del jefe del Ejecutivo continuó con una frase que recordaba a la que pronunció en la rueda de prensa previa a las vacaciones de verano, en la que hacía repaso del curso. Entonces se jactó de que "si [Patricia] Botín y [Ignacio] Galán protestan es que vamos en la buena dirección".

En esta ocasión, apuntó con una sonrisa, que "a la luz de los beneficios que están disfrutando los bancos en esta crisis, está justificado que arrimen el hombro un poquito con lo que están sufriendo los españoles".

Un tono que era rebasado ampliamente por el socio minoritario de Sánchez en el Gobierno. Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, acusó al BCE de estar practicando "terrorismo monetario" con los tipos de interés.

Olvidando ambos conscientemente que el organismo supervisor sigue protegiendo la prima de riesgo española y ha comprado toda la deuda neta emitida por España desde la pandemia, Sánchez desacreditaba al BCE y Echenique lo culpaba de "provocar subidas salvajes en las hipotecas variables".

Sánchez, con sus palabras, dejaba entrever que Guindos era el responsable del informe. Sin embargo, su intervención se limita a dar su opinión, como lo hace el resto de los miembros del Consejo de Gobierno.

Sin embargo, quienes conocen bien la institución descartan esta posibilidad. ¿El motivo? La forma de trabajo del propio Banco Central. Este tipo de documentos los elaboran los miembros de los servicios jurídicos de la entidad y un 'pannel' compuesto por miembros de las distintas áreas: macroeconomía, macroprudencial, estabilidad financiera, supervisión, etc. 

Una vez que todos ellos han logrado un texto definitivo, es enviado al consejo ejecutivo (formado por seis miembros, con Lagarde a la cabeza) y al consejo de Gobierno, en donde están también presentes los 19 gobernadores de los bancos centrales de la Eurozona. 

El dictamen

El dictamen del BCE incluye una serie de consideraciones respecto al impuesto a la banca y pide que antes de poner en marcha cualquier tributo de este calibre se realice un "análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas" para "que se garantice que su aplicación no plantea riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de créditos".

Y es que el supervisor bancario de la zona euro lanza varias advertencias sobre los efectos negativos que este gravamen podría tener sobre la rentabilidad y la solvencia de la banca y, consecuentemente, sobre la concesión de crédito, que podría verse limitada.

El punto central de la crítica se refiere al hecho de que el tributo se impone sobre los ingresos y no sobre los beneficios. Con este diseño, el gravamen no se aplicará de forma proporcional a la rentabilidad de las entidades, de forma que puede darse el caso de que algún banco no se esté beneficiando de las subidas de los tipos de interés y tenga menos capacidad de absorber riesgos. Es decir, que acabe registrando bajas ganancias o, incluso, pérdidas y aun así tenga que hacer frente al pago de este tributo.

Otro punto clave del dictamen de la banca es que advierte de los riesgos operativos y de la incertidumbre que puede generar el hecho de que se prohíba a los bancos repercutir el coste del impuesto en los clientes. Un requisito que está incluido en la proposición de ley para la creación de este tributo, pero que choca con la normativa bancaria europea, que insta a los bancos a trasladar al precio de los créditos sus costes, incluidos los relacionados con la fiscalidad.

El Gobierno pretende que sea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la que vigile que la banca no suba los precios para trasladar al cliente el coste del impuesto, si bien el BCE directamente duda que esto sea posible.

"Habida cuenta de todas las circunstancias diferentes que pueden provocar un incremento de los precios en el contexto actual de subidas de los tipos de interés, inflación o deterioro de las primas de riesgo, parece difícil diferenciar si el gravamen temporal se trasladaría de forma efectiva a los clientes o no", señala, razón por la cual pide que se clarifique "qué mecanismos de verificación aplicará la CNMC para garantizar el cumplimiento de este requisito".

Preguntado expresamente por esto en la rueda de prensa, Sánchez se limitó a repetir que "tanto PSOE como Unidas Podemos, las dos formaciones que sostenemos este Gobierno, hemos dejado claro en la redacción de la norma que no se puede trasladar el impuesto a los ciudadanos". No dio detalles.

La decisión final sobre este impuesto la ha tomado el Consejo de Gobierno del BCE, un órgano del que son miembros la propia presidenta, Christine Lagarde; el vicepresidente, Luis de Guindos, y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. De hecho, el dictamen aparece firmado por la propia Lagarde.

Lo han hecho tras recibir las conclusiones de un panel de expertos que ha sido el encargado de analizar las implicaciones jurídicas y sobre la estabilidad financiera del diseño de este tributo.