La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado pedir a la Sala de Gobierno del Supremo un informe sobre el impacto que está teniendo en la conformación de las secciones y en el dictado de resoluciones la ley que impide al CGPJ cubrir las vacantes del alto tribunal.
El Consejo también va a solicitar a la Sala de Gobierno propuestas de medidas que se puedan tomar ante la complicada situación que viven las Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social, que son las que más plazas sin cubrir acumulan.
Rotas las negociaciones para la renovación de la institución y ante la perspectiva de continuar en prórroga de funciones durante los próximos meses, el Consejo General del Poder Judicial está muy alarmado por la repercusión de la Ley Orgánica 4/2021, que desde marzo del año pasado le impide ejercer varias de sus competencias constitucionales y, en particular, la de hacer nombramientos discrecionales.
[El Tribunal Supremo alerta de la situación "insostenible" que crea no poder cubrir las vacantes]
Esa merma de competencias fue promovida por el Gobierno como vía de presión para que el PP accediera a un acuerdo sobre la renovación del CGPJ. Pero la realidad es que los efectos de la Ley 4/2021 están siendo nefastos para el funcionamiento del Tribunal Supremo y, en definitiva, para el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial: el alto tribunal acumula ya 16 vacantes (el 20% de su plantilla) y está ralentizando el ritmo de sus resoluciones debido a la falta de magistrados.
Desde el CGPJ se subraya que esta situación se debe exclusivamente a la reforma de marzo de 2021 y no a que PSOE y PP no hayan llegado a un acuerdo para elegir a un nuevo Consejo.
Recuerdan, a este respecto, que, aunque las renovaciones del Consejo han sufrido retrasos en otras ocasiones (el CGPJ presidido por Francisco Hernando estuvo casi dos años en prórroga), los tribunales siempre han podido seguir funcionando con normalidad hasta ahora, cuando se ha decidido restringir las facultades del órgano de gobierno de los jueces.
Dejación del TC
Esa limitación está impugnada ante el Tribunal Constitucional desde hace un año y medio sin que el TC haya ni siquiera empezado a debatir el asunto, lo que genera malestar en el CGPJ.
La Comisión Permanente decidió el pasado jueves empezar a tomar medidas que eviten el colapso del Tribunal Supremo ante un panorama que, salvo que se reconsidere la Ley Orgánica 4/2021, sólo puede ir a peor porque las vacantes seguirán aumentando.
Aunque en un primer momento se pensó en la posibilidad de nombrar magistrados suplentes en el Tribunal Supremo, esta medida no acaba de convencer porque significaría que miembros de la carrera judicial sin la categoría de magistrado del Supremo se integrarían en las Salas y secciones del alto tribunal.
La medida que se considera más viable es reforzar los gabinetes técnicos de las Salas más necesitadas con letrados que serían magistrados experimentados de Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores. Su misión sería ayudar a preparar borradores de autos y sentencias.
La Comisión Permanente también acordó pedir al Servicio de Inspección un informe sobre las medidas de refuerzo acordadas para Audiencias y Juzgados colapsados que vencieron el pasado 31 de octubre, la mayoría de las cuales no van a ser prorrogadas por el Ministerio de Justicia, según adelantó el departamento de Pilar Llop en una reunión de la comisión mixta celebrada el 5 de octubre.
No es la primera vez que el Ministerio pone pegas a los refuerzos de órganos judiciales que, de forma estructural o coyuntural, soportan cargas de trabajo inasumibles. Ello se debe a una insuficiente planta judicial, lo que es responsabilidad del propio Ministerio.
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